El agua es un bien social, económico y cultural y no una simple mercancía. Es responsabilidad de los Estados velar por que todas las personas tengan su acceso garantizado, más allá de que cuenten o no con la capacidad de pago, así lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, al cual Argentina adhirió.

Tras la experiencia fallida de las privatizaciones de las empresas proveedoras del servicio de agua se incrementaron de forma notable las inversiones en el sector, fundamentalmente, con financiamiento del Estado nacional. Si bien en 2010 el 83,9 por ciento de los hogares contaba con acceso al servicio de agua por redes, cobertura superior a la registrada en otros países de la región, la situación al interior de las jurisdicciones es sumamente desigual.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la cobertura alcanza al 75,1 por ciento de los hogares, pero en su interior coexisten municipios como Vicente López y San Isidro con una cobertura cercana al ciento por ciento y otros como Malvinas Argentinas y José C. Paz que alcanzan al 10,8 y 17,3 por ciento de los hogares, respectivamente. Los sectores no abastecidos son considerados en los marcos regulatorios de los servicios como “usuarios potenciales” y según su lugar de residencia quedan bajo el área de concesión de Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA), Aguas Bonaerenses, empresas municipales y cooperativas locales.

La falta de extensión de los servicios de agua, organizados institucionalmente y regulados por el Estado provincial, obliga a los hogares, relativamente más pobres, a solucionar el acceso, mayormente, a través de perforaciones individuales conectadas a distintos equipos de bombeo. Dichas perforaciones son realizadas por pequeñas empresas que actúan sin ningún control por parte del Estado y que operan en el territorio en nichos vacantes que emergieron en el contexto de la urbanización en manos del mercado desde las primeras décadas del siglo pasado.

La adquisición y el mantenimiento de las instalaciones implican un gasto notable que asumen los hogares, que se agrega al costo de las instalaciones internas, los tanques de almacenamiento, el consumo periódico de electricidad y los análisis bacteriológicos y químicos del agua. A modo de ilustración, en el Partido de José C. Paz, el costo de una perforación con un equipo de bombeo básico –durante 2010 y 2011– superaba ampliamente los 2500 pesos, mientras que las perforaciones con equipos sumergibles alcanzaban los 6000 pesos.

Las empresas perforistas constituyen el último tramo de un eslabón en el que se cruzan distintas fases de producción, procesamiento y distribución de distintos bienes: cañerías, filtros y mallas, entre otros. Al actuar en un contexto sin fiscalización estatal y ser tomadoras de precios en lo que hace a los equipos de bombeo existen incentivos para que reduzcan la calidad del resto de los insumos, como forma de ampliar sus ganancias. Lo que impacta posteriormente en la calidad de agua que extraen los hogares y la vida útil de las instalaciones.

Por lo que, más allá del esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a las instalaciones que les permiten obtener agua, el creciente deterioro de los acuíferos, sumado a la ausencia de control y capacitación sobre las formas adecuadas de protección de las instalaciones y del mantenimiento de los tanques de almacenamiento no contribuyen a garantizar el acceso seguro.

Considerando que la universalización del servicio es una tarea que, incluso con la profundización de las tareas en el sector, tardará varios años, se torna relevante considerar la implementación, de manera urgente, de políticas públicas que atiendan a la población excluida del servicio. Dichas políticas, de corto o mediano plazo, tienen que incluir, al menos, la provisión mediante formas sustitutas de agua potable a los hogares con dificultades en el acceso y cuyos miembros pertenecen a los grupos de riesgo (niños, embarazadas, adultos mayores); la educación (sea formal o informal) en lo que hace a las prácticas adecuadas de construcción de las instalaciones sanitarias, así como su mantenimiento y los procesos correctos de potabilización del agua; la realización de análisis químicos y bacteriológicos gratuitos del agua por parte de los laboratorios municipales o de otros laboratorios, por ejemplo universitarios; y la regulación y fiscalización de la actividad que efectúan las empresas perforistas.

Dichas pautas mínimas podrían disminuir los riesgos sanitarios a los que se hallan expuestos los “usuarios potenciales” del servicio de agua y contribuirían a la protección de los acuíferos en tanto reservorios de agua dulce para las próximas generaciones

* Magister en Ciencias Sociales, becaria del Conicet, sede de trabajo Universidad Nacional de General Sarmiento.

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