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La informalidad laboral alcanza al 34,5 por ciento del universo relevado por el Indec. A pesar de los avances en el mercado laboral, la cantidad de trabajadores en “negro” continúa siendo elevada. Los teóricos neoliberales sostienen que la informalidad laboral es causada por una excesiva regulación estatal. De acuerdo con esa visión, los altos costos asociados a la formalización de los trabajadores “obligarían” a los empresarios a contratarlos “en negro”. Los datos de la década del noventa contradicen esas afirmaciones. El repliegue estatal y la aplicación de políticas flexibilizadoras provocaron un aumento del desempleo y de los asalariados no registrados. De octubre de 1990 a mayo de 2001, la tasa de informalidad creció del 25,2 al 38,1 por ciento. El máximo valor histórico de la serie, 49 por ciento, se alcanzó en el tercer trimestre de 2003.

La implementación de políticas opuestas a la lógica neoliberal posibilitó, en cambio, una disminución sustancial del trabajo no registrado. Más allá de esos progresos, igual un vasto conjunto de empleados continúa revistando en la informalidad. Ese universo de trabajadores exhibe características muy heterogéneas. En algunos casos, perciben remuneraciones y/o gozan de condiciones de trabajo equivalentes a los trabajadores formales, a pesar de no acceder a algunos beneficios propios de la registración laboral (obra social, aportes jubilatorios, indemnización por despido). En el otro extremo se ubican aquellos trabajadores cuyos salarios se ubican por debajo de las remuneraciones de convenio y/o que realizan sus actividades bajo condiciones abusivas.

El mayor porcentaje de trabajadores “en negro” se concentra en las mujeres, las personas menores de 24 años y mayores de 60 y en los que cuentan con menores credenciales educativas. En este último caso, el porcentaje de informalidad laboral varía desde el 65 (personas con estudios primarios incompletos) al 14 por ciento (trabajadores con título terciario o universitario completo).

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que la mayor proporción de asalariados no registrados (aproximadamente el 60 por ciento) se localiza en las unidades productivas que emplean hasta 5 personas. Las empresas más grandes suelen utilizar otros mecanismos, por ejemplo la tercerización de las tareas, para minimizar su costo laboral.

En el empleo doméstico, la informalidad supera el 80 por ciento.

En síntesis, los datos revelan que el universo de “trabajadores no registrados” es heterogéneo, lo cual obliga al diseño de estrategias diferenciadas. La intensificación de las inspecciones laborales se revela como una medida necesaria, aunque insuficiente, para avanzar sobre el núcleo duro de la informalidad. Uno de los componentes principales de ese universo son pequeños establecimientos cuya viabilidad económica descansa sobre la evasión de las cargas previsionales. En esos casos, “se requiere del sostenimiento del esquema macroeconómico que priorice el crecimiento de la actividad económica en general, y de los sectores de mayor dinamismo tecnológico y productivo, en particular. En nuestro país, este esquema se ha configurado desde el año 2003 basado en un tipo de cambio competitivo y estable y en la expansión del consumo interno y la demanda agregada, que traccionaron la producción nacional y la inversión productiva... Ello implica, en esencia, trabajar en una agenda de desarrollo que suponga la mayor densidad del entramado productivo nacional y la creación y fortalecimiento de complementariedades, incrementando la generación de puestos de trabajo formales. Por otra parte, también abre la posibilidad de intervenir con políticas focalizadas sobre estas cadenas de valor en las que exista una mayor incidencia de trabajo no registrado a partir de estrategias microeconómicas del tipo de desarrollo de proveedores locales”, sostienen los economistas del Departamento de Trabajo - SID Baires Ariel Lieutier, Sergio Woyecheszen y Gustavo Ludmer en Empleo no registrado: de la distinción conceptual a la diferenciación de políticas

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