En la ciudad de Buenos Aires la evolución de la situación habitacional en el período intercensal (2001-2010) registra señales de empeoramiento. Aumentaron las personas que viven en las villas y asentamientos precarios, se incrementaron aquellas que alquilan piezas en inquilinatos, pensiones u hoteles y también se ha registrado un alza en el número de familias hacinadas aunque residan en viviendas que no son deficitarias. Según el Censo 2010, casi un 6 por ciento de la población de la ciudad vive en villas, NHT (núcleos habitacionales transitorios) o asentamientos precarios, lo que implica un aumento del 52 por ciento respecto del año 2001. Por otra parte, hay 45.906 familias que residen en piezas de inquilinatos, hoteles o pensiones, localizándose en mayor medida en las comunas 1, 3, 4 y 7. Esto indica un aumento del 16 por ciento respecto del 2001, que registró la presencia de 39.434 familias que vivían bajo esa modalidad.

Asimismo, hay una importante cantidad de grupos que probablemente necesitarían cambiar de vivienda, no por el carácter deficitario de la misma, sino por el nivel de hacinamiento. Los datos del Censo permiten saber que del total de familias que viven en “Departamentos”, el 7 por ciento (58.035 hogares) viven hacinados y de los que viven en casas, un 9 por ciento (23.937 hogares) se encuentra en idéntica situación.

Esta circunstancia se refleja en la fuerte conflictividad social que se registra en torno de la cuestión de la vivienda, expresada en la toma del Parque Indoamericano, los monoblocks del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), las 30 familias desalojadas del Hotel Sur en el barrio de Constitución, la reciente ocupación del Ex Padelai en el barrio de San Telmo, entre otras.

Las críticas más frecuentes que se realizan a la política habitacional del macrismo se refieren al continuo desfinanciamiento del IVC y a los grados alarmantes de subejecución presupuestaria. Sin embargo, en esta nota nos interesa señalar que es necesario inscribir tal política y los rasgos de la gestión en el marco de un enfoque más general en torno de la ciudad y del desarrollo urbano, que sustenta las políticas del macrismo, tanto las urbanas como las habitacionales.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó el Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060, un instrumento de diagnóstico y orientaciones para alcanzar “la ciudad deseada”. A partir del mismo, nos interesa puntualizar una serie de aspectos especialmente problemáticos en relación con la ampliación de derechos urbanos y sociales dentro de la ciudad de Buenos Aires.

Una cuestión general que atraviesa la concepción del Modelo Territorial es la preponderancia que asume la dimensión física de la ciudad por sobre la social. Esto no es menor, porque a partir de los indicadores utilizados, se evalúa la situación actual y se orientan las intervenciones futuras. Así, se llega a afirmaciones autocelebratorias como éstas: “Hay un escenario de partida prácticamente óptimo evidenciando que la CABA no posee problemas serios de hábitat e infraestructuras”. De esa manera, a partir del criterio de construcción de los indicadores, se invisibilizan problemáticas clave como la del acceso a la vivienda y al suelo urbano.

En sintonía con lo anterior, la sobrevaloración de lo físico por sobre lo social desemboca en una celebración del boom constructivo como indicador de desarrollo. Se menciona el crecimiento de la construcción, pero nada se dice respecto de los destinatarios de tales construcciones. En ningún momento se menciona la creciente distancia entre las necesidades habitacionales y la orientación de los permisos, destinados hacia vivienda de alto standard. Tampoco se señala que paralelamente al celebrado boom constructivo ha crecido la población con problemas habitacionales, cuestiones que en este suplemento han sido abordadas por Baer y González Badián, entre otros.

A su vez, el Modelo Territorial retoma una preocupación propia de tradiciones progresistas y populares, como ser la necesidad de achicar la brecha entre el norte y el sur de la ciudad. En tal sentido, la política urbana sugerida apunta a valorizar económicamente la Zona Sur como modo de reducir la brecha con la Zona Norte. Sin embargo, esas políticas de apreciación dejan de lado un aspecto crucial. Sin medidas paliativas (como ser, políticas de vivienda, créditos hipotecarios, control de alquileres, uso de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas, etc.) los aumentos del precio del suelo traen aparejados fenómenos de desplazamiento de población de menores recursos.

Así, cabe interpretar indicadores como el de “equitatividad en el valor del suelo”. Según el Modelo Territorial, tal indicador permite comprender la diferencia territorial existente entre el norte y el sur de la CABA y se lo considera ilustrativo del grado de desigualdad en la valorización social de las diferentes zonas de Buenos Aires. Del modo en que está construido ese indicador, si el valor del suelo crece en las zonas “deprimidas”, estamos ante una situación de mayor equitatividad. Esto deja de lado lo que acontece con las posibles “víctimas” de ese aumento del valor, es decir, la población de menores recursos imposibilitada de afrontar aumentos de alquileres o gentrificaciones comerciales. El desplazamiento de parte de esa población no sería algo accidental o aleatorio. Existe abundante bibliografía y experiencias de gestión que indican que, para evitarlo, el Estado debe actuar antes de que se dispare la valorización del suelo ya que, posteriormente, las actuaciones se vuelven más complejas en términos políticos y económicos.

En síntesis, lo que podría pensarse como una política habitacional insuficiente es en realidad parte de una visión más general sustentada en una idea excluyente de ciudad que entiende que hay desarrollo urbano si hay expansión inmobiliaria y se registran procesos de valorización del suelo, quedando opacados los efectos sociales y urbanos de tal valorización.

* Lic. en Sociología, investigadora del Laboratorio de Políticas Públicas y del Area de Estudios Urbanos del Gino Germani.

** Doctor en Ciencias Sociales, investigador del Laboratorio de Políticas Públicas y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.