Los nuevos marcos regulatorios para las aseguradoras y el mercado de capitales no constituyen hechos aislados, sino que, más bien, integran un conjunto de medidas recientes con fines comunes. Entre éstas, vale citar, por ejemplo, a las negociaciones con las firmas extranjeras en vistas a alcanzar una mayor reinversión de utilidades y, por ende, disminuir los crecientes giros al exterior. Lo propio cabe para las empresas en cuyo paquete accionario tiene participación el Estado. Aun con objetivos más amplios, estas medidas también tienen relación con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (y la obligatoriedad para las entidades financieras de destinar un porcentaje de sus depósitos a la inversión productiva) y la nueva política en el sector de hidrocarburos y su intención de reimpulsar la inversión a través del control estatal de YPF y la regulación sectorial.

Todas ellas tienen como denominador común una activa intervención estatal orientada a canalizar el excedente generado en el medio doméstico y redireccionarlo hacia proyectos de inversión productiva. Es decir, desviar a los poseedores de capital de la colocación de sus beneficios en el circuito financiero y/o, fundamentalmente, hacia la fuga de capitales al exterior.

Ello es sumamente importante puesto que potencialmente estaría alterando –en parte– la lógica dominante de acumulación durante el régimen económico de la posconvertibilidad, notablemente intensificada al calor del estallido de la crisis mundial. Esto es: en un escenario de acelerado crecimiento económico, altas tasas de ganancia en la esfera productiva, tasas de interés real bajas o negativas y términos del intercambio favorables, las grandes corporaciones –en cuyo seno predominan los inversores extranjeros– han manifestado un patrón de comportamiento pasible de ser calificado como de “reticencia inversora”. O, en otras palabras, han internalizado ganancias extraordinarias que han sido escasamente volcadas a la formación de capital.

A pesar de haber incrementado su peso en el valor de producción (de allí, el aumento en la concentración económica: la gravitación de las 500 más grandes pasó del 23 al 32 por ciento entre 2001 y 2010) y en los beneficios totales (en cuyo caso ascendió, respectivamente, del 11 al 21 por ciento), su aporte a la inversión bruta nacional ha mostrado un sistemático descenso relativo. A tal punto que, siempre de acuerdo con información de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del Indec, las 500 firmas de mayor tamaño pasaron de explicar el 23 por ciento al 17 por ciento de la inversión bruta del país entre la convertibilidad y la posconvertibilidad, con una tendencia decreciente en este último período. La elite empresaria no sólo ha ganado mucho e invertido poco, sino que lo ha hecho en niveles contrapuestos al “resto de la economía”. Es decir, que el “esfuerzo inversor” no tuvo a las grandes empresas –que se apropian de las mayores ganancias– entre sus actores más activos. Al contrario, los principales agentes difusores de la inversión fueron las empresas pequeñas, medianas y mediano-grandes, a las que se suma la inversión pública y, con mayor énfasis desde la reestatización de YPF, el papel del Estado en su carácter productivo.

En este escenario se inscribe la creciente injerencia estatal en pos de canalizar el excedente interno a la formación de capital. Más aún cuando la “reticencia inversora” de las grandes corporaciones ha generado una plétora de capital que en una proporción significativa ha sido girada al exterior. Tal es así, que la formación de activos externos del sector privado no financiero (indicador aproximado de la fuga de capitales) alcanzó un promedio anual de 13.658 millones de dólares en el sexenio 2006-2011, y la distribución de dividendos entre los socios de las firmas extranjeras registró un promedio anual de 5798 millones de dólares, más del 60 por ciento de las utilidades totales de las transnacionales entre 2006 y 2011.

Evidentemente, el poder económico local estuvo lejos de adoptar un comportamiento típicamente schumpeteriano. En cambio, se han ocupado de maximizar su tasa de ganancia a través, primero, de la reducción del costo laboral por efecto de la megadevaluación de 2002 y la utilización de la capacidad instalada. Y, luego, atento a las estructuras del mercado en que operan y las barreras al ingreso asociadas a ellas, a través de la fijación oligopólica de precios.

De allí que cobre particular relevancia la intervención y coordinación estatal para encarar un adecuado redireccionamiento sectorial de los proyectos de inversión. Los cuales deberían apuntar a promover las actividades con ventajas comparativas dinámicas (no dependientes de los recursos naturales), en el marco de una más activa planificación industrial que contemple las alianzas sociales que la sustenten. De este modo, las políticas anunciadas se complementarían con la necesaria reestructuración progresiva del perfil de especialización industrial

* Investigador del Area de Economía y Tecnología de Flacso y de CifraCTA.