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El sistema de salud argentino se compone de tres subsistemas: el público (hospitales, centros de salud), la seguridad social (obras sociales nacionales y provinciales, PAMI) y el privado (prepagas, mutuales).

En los noventa, la aplicación de políticas neoliberales coadyuvó a la fragmentación sistémica. Por un lado, la descentralización sanitaria provocó un deterioro del servicio público y una profundización de las asimetrías regionales.

“La descentralización de los servicios de salud no sólo careció de las transferencias de los recursos vinculados desde el gobierno nacional a las jurisdicciones provinciales, sino que tampoco se previeron mecanismos que permitieran compensar las diferencias regionales existentes en la materia. En efecto, estas circunstancias determinaron que el sector estatal tuviera indicadores de oferta de prestaciones muy dispares, según la jurisdicción de la que se tratase, y que ésta estuviera sobredeterminada por las condiciones financieras de cada gobierno provincial”, señalan Agustina Briner y Carolina Aloia en Sistemas de salud en Argentina: evidencias recientes de su fragmentación y vigencia de asimetrías.

Por el otro, la evolución negativa del mercado laboral (caída del salario real, aumento del desempleo, incremento del empleo no registrado) impactó negativamente en las finanzas de las obras sociales. A su vez, la desregulación sectorial provocó una mayor concentración operativa. Los trabajadores con mejor poder adquisitivo migraron hacia las prepagas o, en su defecto, a las obras sociales más importantes. Esa desregulación “incorporó en el sector de la seguridad social a las principales empresas privadas de medicina prepaga, que pasaron a ofrecer sus servicios de manera indirecta, mediante contratos celebrados con las obras sociales que tercerizan sus servicios de salud. Por lo tanto, las prepagas entraron a competir de manera indirecta en el mercado de la seguridad social, que a simple vista continuó ‘cerrado’”, explican Agustina Briner y Carolina Aloia.

El resultado de ese proceso fue la consolidación de fuertes asimetrías en las prestaciones sanitarias. En 2010, los ingresos por afiliados de las prepagas alcanzaron los 356 pesos mensuales. “Esta cifra representa 213 pesos más por afiliado, por mes, en promedio, que lo que perciben las obras sociales que prestan servicios en forma directa. Las prestadoras privadas reciben 132 pesos adicionales por afiliado (138 por ciento más en promedio) que lo que percibe el Inssjp-PAMI, prestando servicios por encima del PMO para un segmento de población con mayor prevalencia de enfermedades crónicas y alto costo, por la franja etaria de sus afiliados”, apuntan Briner y Aloia. Esos números revelan por qué el 15 por ciento de la población, afiliado a compañías privadas de salud, accede a niveles de cobertura muy superiores a los brindados por los otros subsistemas. Las obras sociales (36 por ciento), el PAMI (10,4 por ciento) y la atención pública estatal (38,6 por ciento), cubren al resto del universo poblacional.

En la actualidad, la Argentina tiene uno de los gastos en salud más altos de América latina (8,1 por ciento del PIB) y la población asegurada se incrementó, en el período 2001-2010, del 51,9 al 62,9 por ciento.

Esos importantes avances no revirtieron, aunque sí paliaron, la inequidad en el acceso a los servicios de salud. “Mejorar la equidad y cobertura del sistema no necesariamente implica un mayor gasto agregado que el actual, en tanto se podría avanzar con una redistribución de los recursos que actualmente financian a cada uno de los subsistemas. Esto quizá requiere de un replanteo de los mecanismos de financiamiento del sistema en su conjunto, en forma análoga a lo que se implementó recientemente con el régimen previsional, en pos de avanzar hacia un esquema de reparto redistributivo y solidario”, concluyen las autoras

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