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Por Jaime Saiegh * y Pablo Tonelli **

El Gobierno dispuso a partir de octubre de 2011 restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial de cambios. Dichas restricciones prohíben el atesoramiento en divisas e incluyen tanto la compra de billetes como la adquisición y transferencia de dólares al exterior. En los hechos se dispuso algo bastante distinto a un “cepo cambiario”. Técnicamente, se dispuso la “inconvertibilidad” parcial del peso, al prohibirse la venta de dólares al cambio oficial para atesoramiento, así como la conversión a divisas de la deuda pública nominada en moneda local. Los objetivos explícitos fueron: i) inducir una pesificación de la economía, intentando que el peso sea reserva de valor, y ii) reducir la fuga de capitales. Casi un año después ya puede evaluarse el cumplimiento de dichos objetivos.

Durante todo el período de la convertibilidad la fuga de capitales fue en promedio del 1,9 por ciento del Producto. En dólares de hoy serían unos 9025 millones de dólares anuales. En el período 2004 a 2011 la fuga aumentó a un promedio actualizado de 13.300 millones de dólares anuales. En los siete meses que van desde noviembre de 2011 hasta mayo pasado la cifra, anualizada, se redujo a un promedio de 6000 millones anuales. No obstante, si consideramos la prohibición de compra actual, cabría esperar que dicha cifra se redujera a la mitad. En principio, el Gobierno ha logrado su primer objetivo. La fuga de capitales para el año en curso se redujo significativamente, incluso por debajo de los valores del período de la convertibilidad. Si esto es así, unos 7000 millones de dólares en pesos que no se pudieron convertir en dólares y constituir fuga de capitales. ¿Dónde están esos 32.500 millones de pesos? Si se observa la evolución de los plazos fijos entre septiembre de 2011 y septiembre último, esas colocaciones han crecido más de 45 por ciento, cuando antes lo hacían a un ritmo de 20 por ciento. Es decir, los plazos fijos aumentaron 46.000 millones de pesos desde la decisión de disponer la inconvertibilidad del peso, dinero que en gran parte se hubiese destinado a comprar dólares.

Hasta ahora, dichas cifras señalan que parte de lo que antes se fugaba ahora queda en la forma de ahorro en pesos en el sistema bancario. Parte de ese aumento de plazos fijos sirvió para que también se incrementaran los préstamos al sector privado del sistema bancario. Estos aumentaron casi 40 por ciento en el último año, muy por encima del ritmo previo. Entonces también se estaría cumpliendo el segundo objetivo.

La palabra “cepo” alude a que se cortó la posibilidad de comprar, en este caso, dólares con pesos. No obstante, el concepto inconvertibilidad, en la teoría y en la práctica, es mucho más amplio. En efecto, en condiciones de libre mercado de divisas, no hay diferencia entre una deuda en pesos y otra en dólares. En particular porque el que cobra en pesos puede, inmediatamente, comprar dólares. Es decir, la deuda pública, en este contexto, no diferencia pesos y dólares. En última instancia, el Banco Central termina pagando todo en dólares.

El Gobierno, al disponer la inconvertibilidad del peso, no sólo tiende a eliminar la fuga de capitales y a pesificar los ahorros, sino que ha pesificado en los hechos el 28 por ciento de la deuda pública en manos de particulares. El Estado nacional, al 30 de junio de 2012, les debía a los “particulares” el equivalente al 13 por ciento del PIB, de los cuales el 28 por ciento era en pesos y el resto en dólares. En un contexto de “mercado libre”, la deuda sería totalmente en dólares, ya que los que hubiesen recibido pesos podrían comprar moneda estadounidense. Desde la inconvertibilidad señalada, la deuda en dólares en manos de particulares es de sólo 9,4 por ciento del PIB. Es decir, la aludida decisión del Gobierno redujo la deuda pública en dólares en 17.000 millones de dólares. Así el Estado nacional debe, en dólares, unos 45.000 millones. Cifra similar al monto de las reservas del Banco Central. Con una diferencia significativa. La deuda externa se cotiza a un promedio del 75 por ciento de su valor nominal. Es decir, en términos de mercado puro, el Estado nacional debería 33.750 millones de dólares, los cuales podrían ser pagados al contado por el Banco Central y sobraría dinero. Se entiende, desde esta perspectiva, por qué el Gobierno ha ratificado que la Argentina va a pagar la deuda externa, no sólo porque quiere sino, además, porque puede

* Economista Unlam y Universidad Arturo Jauretche.

** Economista Unlam.