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Los grandes movimientos populares del siglo XX tuvieron un fuerte componente clasista. Eva Perón hacía referencia a que para el peronismo existía “una sola clase de hombres, los que trabajan”. Esa doctrina justificaba las políticas sociales y redistributivas que ampliaban los derechos del pueblo y reducían los privilegios de una oligarquía considerada parasitaria. El neoliberalismo también apela a dividir la sociedad entre quienes trabajan y quienes viven del trabajo ajeno.

El primer grupo comprende a los que reciben ingresos a través del mercado, y los vividores son quienes apelan a la ayuda estatal. Esta visión, que justifica la división de la sociedad entre incluidos y excluidos, considera a los 2,5 millones de jubilados con aportes incompletos, los 3,5 millones de hijos de trabajadores informales que perciben asignaciones y cientos de miles de trabajadores de distintos planes sociales, como vagos mantenidos gracias a los impuestos que pagan quienes trabajan en el sector privado.

Vale aclarar que el sector privado no está compuesto sólo por trabajadores. Están los dueños de la tierra, que perciben mensualmente sus rentas. Existen también los propietarios de comercios y viviendas que cobran mensualmente un alquiler y diversos titulares de bonos, acciones, plazos fijos que hacen “trabajar al dinero”. De esta manera, cuando un jubilado con aportes incompletos compra un kilo de pan, no sólo financia al Estado a través del Impuesto al Valor Agregado, sino que también aporta para mantener al propietario del local comercial, el financista que dio crédito para el sostenimiento de la actividad y el propietario del campo donde se sembró, entre otros que viven del trabajo ajeno en la cadena del trigo-pan.

Por el contrario, muchos de los que reciben aportes del Estado son trabajadores. Las cooperativas del Argentina Trabaja realizan obras de saneamiento cloacal, construcción de viviendas, mejoras edilicias en clubes barriales y centros de salud, pavimentación, limpieza de plazas, de ríos y arroyos, entre otras tantas labores que tienen como remuneración menos que un salario mínimo. Incluso quienes perciben un ingreso de la seguridad social sin trabajar lejos están de ser una carga para los demás. Los casi 4 puntos del Producto destinados al pago a jubilados con aportes incompletos y a beneficiarios de la asignación universal son gastados en alimento y ropa en los comercios de los barrios y pueblos más humildes del país. Sin ese gasto, bajarían las ventas comerciales, disminuirían los fletes que trasladan la mercadería y se reduciría la producción en las fábricas. De esa manera, aumentaría el desempleo hasta alcanzar a muchos de quienes hoy se quejan de la ampliación de las jubilaciones y asignaciones.

Las políticas sociales son un complemento a la creación de empleo en el sector formal. Es que a causa del avance tecnológico y las condiciones de competencia internacional que dificultan repartir las horas de trabajo, el fuerte crecimiento económico de los últimos años no fue suficiente para incluir a todos los argentinos por la vía del mercado. Ante esta situación, el Estado asume la tarea de garantizarle un ingreso mínimo a quienes de otra manera quedarían excluidos. Eso dificulta contratar mano de obra en negro y a bajo precio para el servicio doméstico, la producción textil, la construcción o el trabajo golondrina en el campo. Por eso les molesta y hablan del “plan descansar”

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