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La principal herramienta del negocio de los fondos buitre es accionar en juzgados. Las sucesivas presentaciones judiciales para obtener fallos que les confieran derechos sobre países en crisis y les reditúen elevadas ganancias tienen lugar gracias a la falta de un mecanismo internacional que arbitre en los problemas de insolvencia soberana. En 2001 –plena crisis argentina– la entonces economista jefe del Fondo Monetario, Anne Krueger, introdujo una propuesta para establecer nuevas reglas en la materia. El lobby financiero hizo que se dejara de lado, bajo la justificación de que se trata de un problema de índole privada entre deudores y acreedores. En el canje argentino, los bonos defolteados, además, tampoco contaban con cláusulas de acción colectiva, lo que –dado un 92,4 por ciento de adhesión– dejaría sin margen de maniobra a estos fondos especulativos.

La mayoría de los bonos de países de la región se adaptaron al esquema legal de Nueva York, el cual plantea que el emisor debe obtener el consentimiento de todos y cada uno de los acreedores para reestructurar su deuda original. Esto es, en la práctica, imposible, porque cada bonista espera obtener mejores condiciones, lo que lleva a la necesidad de encontrar alternativas para evitar que fracase la reestructuración. “Por un lado, están quienes consideran oportuno introducir un régimen de quiebras que administre la reestructuración soberana. Por el otro, quienes destacan la conveniencia de que el problema se solucione en el mercado con una cláusula que estimule la aceptación al canje”, dice Leonardo Stanley, investigador del Cedes.

El canje argentino tuvo el de-safío de homogeneizar 150 títulos públicos nominados en seis monedas diferentes y bajo ocho jurisdicciones. Por su parte, numerosos tratados bilaterales firmados por el país en los noventa listaban a los bonos dentro de la categoría inversiones. Pese a ello, la reestructuración logró una importante quita de capital junto con la extensión en los vencimientos. El nivel de adhesión llegó en 2005 a 76,1 por ciento y en 2010 alcanza a casi 93 por ciento. A diferencia de las reestructuraciones que llevaron adelante otros países en aquel momento, el gobierno argentino no emitió bonos con cláusula de acción colectiva y sancionó una ley que impide cualquier tipo reapertura del canje, salvo que se realice a través de su tratamiento en el Congreso.

La Cláusula de Acción Colectiva permite a los bonistas llamar a asamblea y nombrar a un representante que negocie con los deudores. Pero, a su vez, las resoluciones que surjan de esa asamblea y sean respaldadas por la mayoría, actualmente establecida en 75 por ciento, serán de cumplimiento obligatorio para todos los tenedores. “De tal manera, las decisiones pueden ser impuestas por un número mayoritario, como se prevé en el caso de bonos emitidos con jurisdicción en Londres. En presencia de esta cláusula, el problema de los holdouts se minimiza, porque les resta poder a los que se mantienen fuera del canje”, señala Stanley. El inconveniente de este enfoque radica en la necesidad de introducir múltiples cláusulas cuando en la estructura de la deuda coexisten diferentes tipos de bonos, como en el ejemplo argentino.

La instancia superadora vendría con Krueger, quien propuso la creación de un Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana, que sólo se aplicaría para casos de crisis por insolvencia. Estados Unidos –bajo el lobby de la comunidad financiera– rechazó el mecanismo para dejarlo librado al mercado. También hubo países emergentes contrarios a la idea de un árbitro que responda a intereses de países desarrollados. Krueger había sugerido cómo árbitro al FMI. No obstante, el rechazo se basa en que para el establishment el default requiere de un escarmiento. “Los fondos buitre existen porque no hay un mecanismo de quiebra, pero además la comunidad financiera los mantiene como látigo para reprender a países que ingresaron en cesación de pagos”, señaló a Cash el ex secretario de Comercio Internacional y embajador en Estados Unidos Alfredo Chiaradía. “El interés de Wall Street se centra en disminuir la capacidad negociadora de los deudores”, agrega Stanley

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