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El riesgo país es, técnicamente, la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de la deuda pública externa de un país y la tasa que pagan los bonos de la deuda pública de los Estados Unidos. Se toma como punto de referencia los títulos norteamericanos por ser el país cuya moneda nacional es, a su vez, una moneda internacional. Por esa razón, la potencia del Norte puede pagar sus obligaciones con los acreedores externos emitiendo su propia moneda, por lo que no hay riesgo de una cesación de pagos. Por el contrario, Argentina emite pesos que no son aceptados internacionalmente, razón por la cual puede verse obligada a declarar la cesación de pagos de su deuda externa si no obtiene los dólares necesarios para su cancelación.

La fama entre los argentinos de ese indicador de riesgo financiero es una herencia de los años noventa. Como señala el investigador Ricardo Aronskind en su libro Riesgo País, durante los finales de la convertibilidad ese índice “les indicaba a los argentinos el desbarracamiento de su economía, la mirada que el mundo tenía de ellos, reafirmaba la recurrente incapacidad nacional para salir de la derrota, la impotencia para romper el círculo de la decadencia eterna. El dato, frío, objetivo, marcaba el veredicto del mundo serio sobre un pueblo poco confiable, que no se sabía autogobernar, que cometía errores y no podía salir de ellos”. Es que ante el déficit comercial, las elevadas utilidades que remitían las empresas extranjeras, los intereses acumulados por las abultadas deudas externas, más la presión extra de una imparable fuga de capitales, el endeudamiento del Estado se presentaba como la última chance de conseguir dólares frescos con que mantener el “1 a 1”. El riesgo país, al señalar el costo de ese endeudamiento, se transformaba, a la vez, en un indicador de las posibilidades de evitar una crisis económica, política y social como la que finalmente sucedió.

Desde el fin de la convertibilidad, la economía argentina ha dejado de financiar sus cuentas externas mediante el endeudamiento. Una fuerte dinámica exportadora permitió sostener el crecimiento económico sin colocar deuda pública en los mercados internacionales. Ese hecho económico objetivo convirtió al índice de riesgo país en un indicador irrelevante, que sólo nos marca lo caro que nos saldría colocar deuda en las actuales condiciones. Su invocación reprobadora por parte de los economistas del establishment y su intento de popularización por algún showman del mundo periodístico carece de la base objetiva que tenía en los tiempos de la convertibilidad, por lo que está destinada al fracaso.

Sin embargo, nos debe servir de precaución para evitar retornar a un esquema donde los dólares que requiere el andar económico se obtengan de créditos externos. No se trata sólo de un problema financiero sobre el costo de esa deuda y los retornos de sus posibles usos. Se trata de un problema político de disputa de poder. Las regulaciones del mercado de cambios para frenar una brusca devaluación del peso, las trabas a las importaciones para defender la producción nacional, la nueva Carta Orgánica del Central que incrementa los márgenes de la política monetaria, la expropiación de Repsol para revertir el déficit energético, la nacionalización de las AFJP para terminar con el desfalco a los jubilados, son algunas de las medidas que no habrían contado con el visto bueno de las calificadoras de riesgo.

Cuando el financiamiento de la economía depende del crédito externo, el diseño de las políticas públicas debe pasar por el filtro de la aprobación de los acreedores, so pena de un incremento del riesgo país. Esa dependencia económica se traduce en pérdida de soberanía política, cuya consecuencia, sabemos, es la injusticia social

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