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Durante los últimos años, las patronales agropecuarias han alertado permanentemente sobre la crisis que vive el campo, señalando como principal culpable a los derechos de exportación, conocidos como retenciones. Más recientemente, se suma a los reclamos terminar con la obligación de liquidar divisas al tipo de cambio oficial. Según el relato opositor, la intervención estatal estaría ahogando a uno de los sectores más competitivos de la economía.

En primer lugar, vale preguntarse si existe una crisis en el campo argentino. Algunos indicadores del sector señalan lo contrario. En relación con el precio que recibe un productor de soja, los datos muestran que en el primer trimestre de 2001, el precio internacional rondaba los 190 dólares por tonelada, que al cambio de la convertibilidad y con retenciones del 5 por ciento daban al productor unos 181 pesos. En la actualidad, la soja cotiza a 540 dólares, que descontando las retenciones del 35 por ciento y al cambio oficial de 5 pesos por dólar, da un valor de 1755 pesos por tonelada. Ello implica un incremento de 870 por ciento en el precio que recibe el productor por tonelada producida, entre comienzos del 2001 hasta el presente. En el mismo lapso, los precios al consumidor aumentaron –según índices provinciales– entre 490 y 530 por ciento, es decir, muy por debajo del incremento de los precios percibidos por el productor sojero.

Otros indicadores confirman el auge de rentabilidad que vive el sector. En el mismo lapso, el valor de la hectárea en la zona núcleo pasó de 4000 a 16.000 dólares y las hectáreas sembradas con soja pasaron de 11,6 a 19,7 millones. Sin embargo, no todos ganan lo mismo en el negocio de la soja. Mientras que, según cálculos de Di Giovambattista, Hang y Laborada, un productor que es propietario en Santa Fe recibe una rentabilidad bruta del 148 por ciento, su margen de rentabilidad se reduce al 53 por ciento si no es propietario y debe arrendar el campo. Si bien ese margen no está nada mal, si se lo quiere mejorar, la política que corresponde es la de regulación de los arriendos. Paradójicamente, la Federación Agraria, que se autoproclama representante de los pequeños y medianos productores, se opuso, en 2009, a la sanción de una ley de arrendamientos que se estaba tratando en el Congreso.

La eliminación de las retenciones a la soja, o su liquidación a un dólar superior al oficial, generaría una crisis en el otro campo. Aquel que no produce soja, pero que tiene pactado los arriendos y otros insumos en quintales de esa oleaginosa. Es el caso de la mayor parte de los tamberos y de gran parte de los productores ganaderos, que verían incrementar sus costos y no tardarían en reclamar un aumento en el precio de sus productos, so pena de pasarse a soja. El alza del precio de distintos alimentos que tienen sus costos atados a la oleaginosa terminaría generando reclamos salariales, presionando sobre los costos empresarios, exacerbando la inflación y la presión sobre la cotización del dólar.

Si se quiere preservar el poder de compra del salario, la competitividad industrial y evitar una crisis del campo que no vive de la soja, pero produce alimentos que se consumen en el país, el camino a recorrer es el inverso al que solicitan las organizaciones patronales agrarias. Debe reducirse la rentabilidad de la soja y fomentar una agricultura diversa que abarate los alimentos. Ya en 1815, el economista inglés David Ricardo sostenía que “el interés del terrateniente siempre es opuesto al de todas las demás clases de la sociedad. Su situación no es nunca tan próspera como cuando los alimentos están escasos y caros, mientras que para todas las demás gentes es un gran beneficio tener alimentos baratos”

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