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¿Es justo que el Estado tome ingresos y riquezas de los que más tienen para dárselos a los que menos poseen? ¿Por qué se debe contribuir al bienestar de los demás si lo obtenido y acumulado es fruto del esfuerzo y el trabajo propio? ¿Por qué debemos sostener con nuestros ingresos la salud y la educación pública que no utilizamos?

Hasta el siglo XVII, el poder político y su consecuente relación de dominación social se justificaba en la naturaleza, en razones religiosas o en la combinación de ambas. Divinidad y naturaleza presentaban un frente infranqueable, armonioso y estable que legitimaba y sostenía relaciones sociales tan desiguales como la esclavitud o los vínculos de vasallaje.

Los cambios surgidos a partir del advenimiento de la modernidad, con especial hincapié en el lento pero continuo proceso de secularización, la consolidación del capitalismo y de los Estados Nación y sus respectivos actores sociales, consumidores y ciudadanos, hicieron necesaria la búsqueda de nuevas justificaciones y fundamentos del poder político.

Los valores liberales de la competencia, la libertad y el individualismo, bases de las relaciones sociales capitalistas, encontraron su fundamento teórico en el contractualismo de John Locke. Para el efectivo y pacífico ejercicio de los derechos naturales de libertad y propiedad, entre otros, era necesaria la existencia de una autoridad que los protegiera. De este modo, los ciudadanos ceden sus derechos a un soberano o a un grupo, confiando en que precisamente les garanticen el ejercicio de ellos. No es de extrañar entonces que Locke escribiese hace más de trescientos años que era la naturaleza la que daba los límites a la propiedad privada y que ésta era, en definitiva, fruto de la laboriosidad y el trabajo humano, siendo la invención del dinero la oportunidad de conservar y aumentar dichas posesiones legítimamente obtenidas. Todos somos iguales contratantes de este nuevo pacto social, el Estado nos garantiza a todos el derecho de, a través de nuestro esfuerzo y trabajo personal, producir y acumular bienes.

¡Cómo hemos de soportar entonces que el mismo Estado nos saque coactivamente parte de nuestra riqueza para dársela a los que, teniendo los mismos derechos y posibilidades que nosotros, por vagancia, ineptitud o impericia, no han logrado acumularlas con su trabajo!

La igualdad liberal es presupuesto de partida y no de llegada. La desigualdad que existe en el final es la consecuencia lógica y legítima de la “vara meritocrática” con la que deben valorarse los actos humanos. Pero... ¿y si no fuese así? ¿Si la calamitosa desigualdad actual fuese condicionante de las posibilidades futuras de acumular riqueza o hundirse en la más desesperanzada pobreza? ¿Si esa libertad que pregonan los liberales fuese sólo una ficción? ¿Si no da lo mismo nacer entre rosas que entre espinas?

La mayor parte de nuestros “éxitos personales” no son fruto de nuestro esfuerzo e inteligencia sino, decía el filósofo John Rawls, de la lotería natural. Aquel azar originario que hace que quien escribe esta nota lo haga cómodamente sentado frente a su computadora, mientras otros, no muy lejos, vivan una vida de bestias de carga. Rawls propone un pacto social distinto del liberal, que presupone esta desigualdad de origen. Los hombres y las mujeres deberían decidir libremente cuál debe ser la acción del Estado, pero inmersos en un velo de la ignorancia que no les permita saber de antemano cuáles serán los cartones ganadores ni los perdedores. En estas circunstancias, ¿no acordarían todos racionalmente la necesidad de una acción retributiva y reparadora del Estado que permita la felicidad colectiva antes que la abundancia obscena de unos pocos? ¿No sería lógico y racional que todos cedan de antemano posibilidades de riquezas futuras en pos de asegurarse una vida digna y feliz? Sin embargo, las propias condiciones materiales de desigualdad no producen esta necesaria incertidumbre inicial sino que, por el contrario, generan cuasi certezas tantos para unos como, tristemente, para los otros. De este modo, los ganadores de hoy deciden libremente no ceder un ápice.

Las políticas redistributivas del Estado no son una opción, sino una imperiosa necesidad si los seres humanos pretendemos no sólo decirnos, sino también tratarnos como iguales.

* Docente UNLZ-FCS,

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