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Uno de los latiguillos de la oposición es que la política oficial se basa en “hacer caja”. De acuerdo con el relato opositor, los derechos de exportación a la soja, la nacionalización del sistema de jubilación o la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no fueron más que medidas improvisadas con la finalidad de despojar al sector privado de sus legítimos recursos para financiar con ellos políticas clientelares y campañas electorales. De esta manera, los K avanzarían en su objetivo supremo: la perpetuación en el poder.

El mito de la caja parte de asumir injustificadamente que los recursos financieros que el Estado ha obtenido desde el 2003 a la fecha son un despojo al sector privado. Desde esa perspectiva, la renta extraordinaria del complejo agroexportador debe ser propiedad exclusiva de los propietarios de la tierra, las comercializadoras, los productores y sus proveedores de semillas, herbicidas y fertilizantes, por más que haya sido la consecuencia de un alza del precio internacional de la soja ajena al comportamiento de alguno de ellos. De la misma manera, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe ser administrado por las extintas AFJP, sin importar que haya sido el resultado acumulado de los aportes y contribuciones que el Estado dejó de percibir (mientras continuaba pagando las jubilaciones), como consecuencia de la reforma de 1994. Tampoco el Banco Central tiene derecho a crear y direccionar el crédito, tarea que debería ser obra exclusiva de la banca privada local y extranjera.

Por esa razón, los críticos de las políticas oficiales financiadas con “la caja” no utilizan la misma vara para analizar el uso de esos recursos por parte del sector privado. Así, a quienes se indignan por la ampliación de la planta de empleados públicos o los planes sociales financiados con las retenciones, no les preocupa si la renta sojera es utilizada por un terrateniente para viajar al exterior, por la comercializadora para especular con divisas, por el productor para renovar su 4x4 o por la proveedora de fertilizantes para ampliar sus negocios en el exterior. Tampoco condenaban la utilización de “la plata de los jubilados” por las administradoras privadas cuando compraban acciones de empresas privadas o títulos públicos, hecho que se convirtió en un avance estatista y un endeudamiento público insustentable cuando esas mismas acciones y títulos fueron traspasados a la Anses. A quienes alzan su voz de alarma por las consecuencias inflacionarias del gasto público financiado con créditos del Banco Central no se los escucha objetar de igual manera la expansión del consumo financiado por el crédito de los bancos comerciales, como si el gasto impactara sobre la demanda o no, según si es realizado por el Estado o el sector privado.

Es que detrás del mito de la caja no sólo están quienes se ven privados de parte de la renta sojera, de la administración de los fondos del sistema de jubilaciones o los que ven reducido el margen de sus negocios financieros por la regulación del Central. También se encuentran quienes desde una visión profundamente antidemocrática se oponen a que el Estado tenga capacidad financiera para llevar adelante las políticas públicas que se corresponden con un determinado proyecto de país validado en las urnas. Ellos saben que un Estado sin recursos, obligado a mendigar el crédito en los mercados internacionales, es la mayor garantía para que no prosperen proyectos políticos en beneficio de las mayorías. Saben que un Estado sin “caja” es la mejor forma para que ciertas minorías perpetúen su poder económico

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