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Todo el tiempo escuchamos hablar de la “pérdida de competitividad” de la Argentina en los medios de comunicación y a economistas reclamando la puesta en marcha de políticas que “resuelvan” este problema. Cuando se discute la forma en que una economía puede mejorar sus niveles de competitividad, se ponen en juego diferentes concepciones que no siempre explicitan de manera clara los actores a los que benefician y sus consecuencias económicas y sociales. Un enfoque ortodoxo sostiene que la Argentina viene perdiendo niveles de competitividad y la solución es la devaluación de la moneda, que permite reducir los costos en dólares, principalmente los salarios, y así ganar competitividad. En contraposición, los enfoques heterodoxos promueven un Estado con un rol importante como orientador de los procesos económicos mediante políticas integrales que buscan el crecimiento económico con mejora en la calidad de vida de la población. Muchas veces, las discusiones que están por detrás son: ¿Tenemos una industria competitiva? ¿La devaluación de la moneda resuelve todos los problemas? ¿Qué tipo de modelo de desarrollo queremos promover?

Una forma convencional de entender la competitividad está dada por la capacidad de una economía de fabricar productos y servicios con mejor calidad a un menor precio en comparación con otras economías. Esta comparación se puede realizar bajo diferentes formatos de análisis, tanto entre empresas, regiones o mismo entre países.

Cuando desde una concepción ortodoxa realizan un análisis sobre la competitividad, lo hacen desde una perspectiva que centra su enfoque en la reducción de los costos laborales, la mejora en el “clima de negocios” y la devaluación del tipo de cambio; omitiendo el impacto negativo que genera la devaluación en la distribución del ingreso, afectando los ingresos de los asalariados, los jubilados y todos aquellos sectores que tienen ingresos fijos, además de los comerciantes y pequeñas y medianas empresas que venden sus productos en el mercado interno. Los beneficiados son los sectores exportadores, especulativos y de mayor poder de mercado, que a partir de un “dólar caro” multiplican su facturación y sus ganancias en pesos. En definitiva, se oculta que para el enfoque neoliberal el salario constituye solamente un costo, y por lo tanto cualquier ecuación que permita su reducción redundará en una mejora de la economía.

Las concepciones neoliberales promueven un destino productivo ligado a las ventajas comparativas estáticas basadas en la dotación factorial que presenta la economía argentina. Desde esta perspectiva se promueve la especialización en producciones agroindustriales transitando hacia un proceso de reprimarización de la estructura productiva que impacta de manera negativa sobre la generación de empleo y los encadenamientos productivos.

En contraposición, al abordar la competitividad, el enfoque heterodoxo pone en juego: la participación de un Estado promotor del crecimiento económico con mejoras en la calidad de vida, el rol de los salarios como dinamizadores de la producción y del mercado interno y la rentabilidad empresaria, junto a la incorporación de ciencia y tecnología para generar un sistema productivo con mayor valor agregado.

Esta perspectiva critica el abordaje de la mejora de la competitividad únicamente centrado en la devaluación de la moneda debido a las consecuencias económicas y sociales que trae aparejado, sosteniendo que la competitividad del tipo de cambio es una condición necesaria pero no suficiente para llevar a cabo una política de de-sarrollo nacional.

Este enfoque estructural relaciona la competitividad con los cambios técnicos u organizacionales que otorgan ventajas competitivas dinámicas a una economía. Así la competitividad deriva del conjunto de innovaciones y conductas tecnológicas de los agentes que se desenvuelven dentro un sistema nacional. Hay un fuerte vínculo entre competitividad, incorporación del progreso técnico, dinamismo industrial y aumento de la productividad. Si adicionamos el enfoque sistémico debemos incorporar la capacidad estatal de conducción de la economía.

En el mediano y largo plazo, la competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales, incluido su mercado interno, y elevar de manera simultánea el nivel de vida de su población a través del incremento de la productividad por la vía de la incorporación de progreso técnico. Las ganancias de competitividad genuina y sustentable sólo son posibles con intervención estatal que promueva un reparto equitativo de la renta nacional y la conformación de un sistema industrial integrado.

Esta concepción se puso en práctica en nuestro país a partir de 2003, cuando se implementó un modelo de crecimiento económico con inclusión social, el cual inauguró un ciclo de crecimiento virtuoso a partir de una política macroeconómica sustentable favorable a la inversión productiva en detrimento de la financiera, que permitió generar un proceso de crecimiento de la producción y el empleo. El PBI industrial más que se duplicó durante esta etapa. La ampliación y modernización de la industria impulsó, entre 2003 y 2011, un incremento de la productividad laboral del 46 por ciento, lo que implicó una mejora concreta en la competitividad de la economía argentina. Además, el PBI per cápita creció 264 por ciento entre 2003 y 2010. La tasa de desempleo pasó de 20,4 por ciento en 2003 a 6,9 por ciento en 2012. La inversión (IBIF) pasó del 14,3 por ciento en 2003 al 24,9 por ciento en 2011 y la inversión en educación pasó del 3,6 por ciento en 2003 a 6,5 por ciento en 2011.

Esto se llevó a cabo desde un enfoque de política económica que puso en crisis las bases materiales y conceptuales del modelo neoliberal. Abordando la problemática de manera sistémica, el gobierno nacional ha llevado adelante una política económica durante la post-convertibilidad que permitió una fuerte mejora de la competitividad. En este esquema, el salario pasó a convertirse en una pieza fundamental del modelo a partir de ser la fuente de la demanda que tracciona la producción y el mercado interno. Buscando la conformación de una estructura productiva diversificada que promueva una mejora en la distribución del ingreso y una mayor calificación en la fuerza de trabajo.

Por lo tanto, la discusión sobre la competitividad esconde un posicionamiento ante aspectos centrales de la vida económica. Una vez que se develan esos aspectos es posible evaluar la competitividad de la economía argentina. En ese marco, se hace central la pregunta sobre la competitividad de la industria nacional. Muchos señalan que ha dejado de ser competitiva. Para abordar esta cuestión el trabajo de la Fundación Pro Tejer de 2012 brinda importantes insumos para analizar los niveles de competitividad. Allí se analiza la composición de un producto textil de amplio uso como el jean.

Según ese informe, un jean de marca premium de 600 pesos presenta la siguiente estructura de formación del precio: sólo un 14,4 por ciento, es decir 87 pesos, corresponden al costo de fabricación (que incluye telas, avíos, corte, costura, lavado, bordados, revisión, empaque y costos de fletes y seguros), el resto del precio se divide entre los gastos de desarrollo de la marca y los costos comerciales y financieros más los impuestos, que representan el 27 por ciento del precio final. Así, el 58,5 por ciento o 351 pesos son gastos que poco tienen que ver con la producción específicamente.

Esto nos hace preguntarnos si la industria es ineficiente o los gastos comerciales y financieros son excesivos. En los gastos comerciales están incluidos los costos de alquiler, expensas, costo llave, costos inmobiliarios y aportes de publicidad que son muy elevados por el boom inmobiliario que trajo el crecimiento de la economía y del mercado interno en la post-convertibilidad sumado a la falta de oferta de nuevos locales comerciales.

De esta manera, se carga la falta de competitividad completamente en la industria sin mirar qué pasa con los precios comerciales o financieros. Así se pasa por alto el análisis sobre la excesiva rentabilidad de estos sectores.

Para hablar de la competitividad de los productos industriales de nuestro país debemos empezar por separar los costos industriales de los gastos comerciales y financieros. Se debe promover desde el Estado la aplicación de instrumentos como la regulación de las tarifas de los servicios públicos, la Súper Card o el congelamiento de precios, cuyo objetivo es mantener el poder adquisitivo del salario.

Conocer la composición de los precios debería ser un paso obvio para quienes diariamente hablan de la competitividad de la Argentina. Esto implicaría dar un debate alejado de intereses devaluacionistas que sólo buscan la rentabilidad inmediata a partir de una competitividad ficticia basada en el tipo de cambio.

* Maestría en Economía Política de Flacso.

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