La resolución de la crisis de 2001 significó el triunfo de la alianza devaluacionista en detrimento de la fracción del capital extranjero promotor de la dolarización. Esta alianza fue impulsada por la fracción de capital (los grupos locales) que ya no ejercía el predominio económico, ya que había sido desplazada por el capital extranjero a través de las privatizaciones desde mediados de los noventa. Sin embargo, conservaba la hegemonía política, fundamentalmente encarnada en la figura de Eduardo Duhalde en carácter de presidente provisional.

Asimismo, aquellos que impulsaron la devaluación en el año 2002 lograron consensuar con amplios sectores un discurso de protección de la industria nacional y de protección del campo. Entre los principales actores de la alianza devaluacionista se encontraba el empresariado productivo (vinculado a la UIA y el Grupo de los 8), el FMI, entidades agropecuarias (CRA), la Cámara Argentina de la Construcción, entidades sindicales (CGT moyanista) y representantes de la cúpula de la Iglesia. Este amplio frente devaluacionista sentenció el fin de la convertibilidad y el resultado significó:

- la megadevaluación, la cesación de pagos y la pesificación asimétrica;

- la desdolarización y desindexación de los servicios públicos afectando a las fracciones del capital “derrotado” que controlaban las empresas de privatizadas casi en exclusividad desde 1995;

- una serie de demandas en el Ciadi enmarcadas en la firma de los TIB durante los ’90 (Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras);

- el impacto negativo en los sectores populares a través de la fuerte caída del salario real;

- el impresionante incremento de las rentabilidades de la cúpula empresarial mediante la reducción de los costos salariales y la inserción del “shock de competitividad” vía devaluación.

Esto se ha traducido en la victoria de los grupos económicos locales frente al capital extranjero que controlaba las empresas de servicios públicos y ante los acreedores externos perjudicados por el default.

Si bien el sostenimiento del “modelo dólar alto” por parte del kirchnerismo, la renegociación de la deuda externa en 2005 y el pago al FMI han ubicado al gobierno nacional en un aparente único camino con los grupos locales promotores de una devaluación, no hay dudas de que “la alianza devaluacionista es la portadora del transformismo argentino” (Basualdo, 2011). Es decir, la expresión política que apunta a restaurar la subordinación histórica del poder político a las decisiones del poder económico concentrado. La diferencia sustancial reside en el debate sobre la distribución del ingreso. Si bien la reinstalación de las convenciones colectivas de trabajo y del Salario Mínimo, Vital y Móvil constituyen recomposiciones fundamentales de los derechos laborales que insertan la discusión sobre la distribución del ingreso, el camino se bifurca particularmente hacia el 2008 a partir del conflicto con la oligarquía pampeana por la resolución 125, que significó abrir la discusión sobre las rentabilidades extraordinarias, derivadas no sólo de las condiciones del suelo sino a partir de los beneficios que el nuevo régimen cambiario reportaba a la exportación.

La fuerte resistencia de estos sectores a la posibilidad de distribuir parte de sus excedentes sectoriales da cuenta de la feroz disputa existente por recuperar la hegemonía política, perdida bajo el kirchnerismo, y definir un nuevo patrón de acumulación de capital que reconozca a esas fracciones como su núcleo central.

En definitiva, si en una primera etapa se podía afirmar que el kirchnerismo se enfrentó con el capital extranjero y los organismos de crédito a través de la renegociación de la deuda y pago al FMI (conflicto que se sostiene hasta la actualidad con los fondos buitre), hacia el 2008 y con el avance sobre las rentabilidades de los grupos económicos locales vinculados al agro, el gobierno nacional pasa a enfrentar, casi en bloque, a las fracciones de clase dominante que sustentaron la valorización financiera.

Por estos días reaparece con fuerza en la escena pública la cuestión de la devaluación bajo los argumentos de compensar las distorsiones inflacionarias, dinamizar las exportaciones, proteger la demanda local y fortalecer el mercado interno. La opción devaluatoria, bandera inclaudicable del sector agroexportador, hoy parece reunir nuevamente a un amplio abanico de actores políticos y económicos. Congrega, en principio, a sus inmediatos beneficiarios: la oligarquía pampeana eminentemente exportadora, la cúpula industrial orientada al mercado externo y el sector financiero que especula (compra dólares) en vistas a hacer la diferencia con un dólar más alto. Son sectores que, lejos de encontrarse afectados durante la postconvertibilidad, han obtenido altas rentabilidades.

Preocupa una serie de hechos que pretenden instalar nuevamente la opción por la devaluación. Durante el primer gobierno de CFK se registraron seis corridas bancarias que buscaron mermar el nivel de reservas del Banco Central y debilitar la política económica. En 30 de los 48 meses de su mandato se registraron fuertes ventas de dólares del Banco Central para enfrentar las corridas y sólo en tres meses de ese período el saldo fue negativo en la cuenta formación de activos externos del sector privado, o sea, que no hubo fuga. También se repitieron, fundamentalmente desde principios de este año, las amenazas de parte de sectores del agro de paralizar la comercialización de granos, impidiendo el ingreso de divisas al país. Buzzi sostuvo: “No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía”.

Por otro lado, la especulación con la suba del dólar ilegal o blue oficia de presión constante para que el dólar oficial “se adecue” a su verdadero valor. Como reedición de la práctica del transformismo, se expresa con claridad el deseo de subsumir el poder político a los intereses económicos, a partir de la tentación de devaluar como mecanismo para insertar “competitividad” en las fracciones exportadoras y de mayor rentabilidad en el nuevo esquema macroeconómico. Esto confronta con la decisión del Gobierno de discutir de ahora en más las rentabilidades sectoriales y de garantizar la competitividad por otras vías, evitando una brusca devaluación que impacte en el bolsillo de los trabajadores.

Los sectores devaluacionistas, con similares características a la propuesta del 2001, nuevamente soslayan la discusión por la distribución del ingreso y el costo de la devaluación para los trabajadores. Esa fue la variante que introdujo el kirchnerismo, si bien montado sobre un tipo de dólar alto, pero proponiendo plasmar un proyecto de expansión económica alineado con las experiencias populares del país y la región que tuvieron lugar durante el siglo XX. Esto ha implicado, de alguna manera, disciplinar a las fracciones de clase dominante y restaurar la primacía de lo político sobre lo económico

* Maestría en Economía Política Flacso.