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Se cumplieron diez años desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003. Estas fechas son propicias para evaluar lo sucedido durante ese período. Algunos economistas ortodoxos han señalado que se trata de una década perdida, sosteniendo que se ha desaprovechado la oportunidad histórica dada principalmente por los buenos precios de las materias primas que exporta nuestro país. Estas interpretaciones niegan que estamos frente a unos de los períodos más salientes, en términos de performance general, de la historia económica argentina. Imputan los avances a favorables condiciones mundiales y niegan los logros de las políticas económicas que pusieron en marcha un nuevo modelo productivo con inclusión social que puso fin a la valorización financiera. Es indudable que durante estos diez años el kirchnerismo logró redefinir el rol del Estado, promoviendo la intervención estatal como garante de la justicia social y el desarrollo económico.

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo su punto de partida luego de la fenomenal crisis que vivió la Argentina durante 2001-2002. Ya fue señalado muchas veces pero resulta sorprendente en la mirada retrospectiva que Kirchner haya llegado a la presidencia con más desocupados que votos. Los números son contundentes para expresar la situación económica y social que vivía la Argentina en ese momento. El desempleo ascendía al 25 por ciento y los índices de pobreza eran del 54 por ciento y de indigencia del 27,7 por ciento. A partir de 2003, la economía se recuperó con fuerza luego de acumular una caída del 20 por ciento del PBI entre 1998 y 2002. En esta hora de evaluaciones y balances el punto de partida no debe ser olvidado.

A partir de subordinar la economía a la política, se puso en marcha un modelo de reindustrialización con inclusión social y distribución del ingreso. El modelo económico se sustentó y aún lo hace en postulados tan simples como contundentes: promoción de la producción, crecimiento del consumo público y privado y la creación de empleos para obtener legitimidad política y social.

La decisión política fue y sigue siendo garantizar la inclusión social a través de la promoción del consumo y el empleo. Un rol clave tuvieron las políticas de infraestructura pública, el fortalecimiento del movimiento obrero organizado, la reapertura de la puja distributiva, la ampliación de la cobertura previsional y las mejoras en las condiciones materiales de los sectores populares. El consumo se convirtió en el motor del crecimiento. En 2003 el salario mínimo era de 200 pesos, un año más tarde subió a 450 llegando a 2875 pesos en 2013. El salario pasó a convertirse en una pieza fundamental del modelo a partir de ser la fuente de demanda que tracciona la producción y el mercado interno. El cual fue fortalecido también por las políticas de subsidios al transporte y el congelamiento tarifario que perduró durante buena parte de la década.

El trabajo se convirtió en la política social más importante. El empleo creció de manera muy pronunciada provocando una fuerte reducción del desempleo y el subempleo, lo cual implicó una disminución abrupta de la pobreza y la indigencia. Esto se combinó con la recuperación de las paritarias ausentes prácticamente durante los noventa. Esto en el marco de una política de reconstrucción industrial. Durante estos diez años no sólo el sector productivo volvió a ser el centro de la economía argentina, sino que además el sector manufacturero fue una de las actividades económicas que más crecieron. De esta forma, con el kirchnerismo se terminó con el modelo de valorización financiera iniciado con la dictadura militar de 1976, donde el sector especulativo-financiero era el eje ordenador de la economía argentina.

Una de las propuestas más transformadoras que vino a promover el kirchnerismo fue la recuperación de la centralidad del rol del Estado en la vida económica del país. Este es un punto trascendental porque se había construido un sentido común en donde toda participación del Estado era considerada negativa y debía ser rechazada. El Estado pasó a tomar a su cargo empresas que habían sido vaciadas y que no contaban con la mínima inversión. Los casos más paradigmáticos fueron Aerolíneas Argentinas e YPF. Si bien muchas de las inversiones que se hicieron en esta etapa tienen un período de maduración para poder alcanzar sus metas, existe un sector ortodoxo que sistemáticamente critica estas intervenciones sosteniendo que el Estado hace un gasto ineficiente en estas empresas. La recuperación de las AFJP fue un hito, dado que fue una insignia del neoliberalismo, que señalaba que lo privado era garantía de eficiencia alejada de las arbitrariedades de la política. La demostración de esta farsa se hizo esperar algunos años. Cuando el Estado en 2008 se tuvo que hacer cargo disolviendo el régimen de jubilación privada y restableciendo el sistema de reparto. Consolidando el sistema de seguridad social con mayor cobertura de América latina a partir de alcanzar a 2,5 millones de personas en edad jubilatoria y promoviendo el haber mínimo que subió 1254 por ciento entre 2003 y 2012. Y se completó con la ley de movilidad jubilatoria que determinó aumentos semestrales muy significativos desde su aplicación.

Las transformaciones en las políticas sociales también fueron radicales. Durante la década del noventa, en un contexto de desempleo y pobreza se llevaron adelante políticas asistencialistas y focalizadas. A partir de 2003 se ponen en marcha políticas integrales de inclusión, promoción y protección de derechos con un nivel de cobertura desconocido durante muchas décadas. La Asignación Universal por Hijo alcanza actualmente a 3,3 millones de niños, niñas y adolescentes. La misma permitió ampliar la matrícula escolar, mejorar el sistema de control sanitario y fortalecer la economía familiar de muchísimos hogares.

La redefinición del papel del Estado tuvo su impacto en el aumento del gasto público que pasó de un 25 por ciento hasta un 36 por ciento del PBI en 2012. Todo esto a partir de una política de inversión que permitió la construcción de más de 1000 escuelas, 480.000 viviendas y la puesta en marcha de programas como el Pro.Cre.Ar o el Conectar Igualdad. La inversión en educación pasó del 3,6 al 6,5 por ciento en 2012.

El aumento de la inversión social convivió durante una etapa muy prolongada con un fuerte superávit fiscal, rompiendo las bases centrales del discurso ortodoxo. Es decir, el equilibrio fiscal en la etapa kirchnerista no se logró a partir de un ajuste fiscal, sino que por el contrario, la clave fue el aumento constante de la recaudación tributaria, lo cual permitía incrementar el gasto público al mismo tiempo que sostener un superávit en las cuentas públicas. Se avanzó, a su vez, en una tendencia hacia la mayor progresividad del sistema tributario. El aumento de las retenciones a las exportaciones permitió que se redujera la participación del IVA en la recaudación total. Llevando a un sistema tributario en donde los sectores con mayor capacidad contributiva son los que más aportan. Todo esto mejoró la autonomía del Estado. Muy fortalecida a partir de la puesta en marcha del proceso de acumulación de reservas y de la política de desendeudamiento. El canje de deuda permitió una reducción del 65 por ciento en el monto con una reestructuración de plazos e intereses. Así, se liberaron recursos y la deuda dejó de ocupar el centro de la agenda económica. De igual manera, el pago al FMI liberó a la Argentina de las recetas ortodoxas del Fondo y mejoró así los márgenes de independencia económica para la construcción del nuevo modelo de desarrollo.

La política macroeconómica de esta etapa favoreció la inversión productiva en detrimento de la financiera permitiendo generar un proceso de crecimiento de la producción y el empleo. El PBI industrial más que se duplicó durante esta etapa y el PBI per cápita creció 264 por ciento entre 2003 y 2010. Durante la posconvertibilidad la inversión cumplió un papel preponderante. Las tasas en relación con el PBI estuvieron por encima del 24 por ciento durante la mayor parte de la etapa. El crecimiento sostenido de la producción industrial permitió que se recuperaran actividades en la mayor parte de los sectores industriales a partir de la solvencia de la macroeconomía, el papel de la inversión y el dinamismo del mercado interno. Las políticas de incentivo permitieron incrementar la producción interna sustituyendo importaciones, incorporando valor agregado y desarrollo tecnológico.

Luego de diez años de gobiernos kirchneristas, la economía argentina tiene mayores niveles de autonomía y solidez. Con mejoras en todos los indicadores económicos y sociales. Esto no significa que no existan desafíos importantes. Actualmente existen presiones para que el Gobierno eluda el problema de la restricción externa a través del endeudamiento externo y la devaluación. Pese a estas presiones, las respuestas que viene dando el Gobierno son políticas heterodoxas como el sistema de control de compra de dólares, las limitaciones a las importaciones con planes de compensación con exportaciones y la recuperación de la petrolera nacional YPF. Las mismas apuntan a alejar la restricción externa con la meta de mantener el superávit comercial y así defender la producción y el empleo. En definitiva, el Gobierno viene luchando por la conformación de una estructura productiva diversificada que consolide una mejora en la distribución del ingreso y en la calidad de vida de todos los argentinos.

* Maestría en Economía Política, Flacso.

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