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Una de las utopías sociales de mayor influencia en la historia moderna es la de los mercados competitivos y libres, que sustentó la aplicación de políticas económicas liberales en diversos momentos y lugares. Esta ideología que nace de la confusión entre individuo y corporación en los orígenes filosóficos de la Revolución Francesa constituye aún hoy la base del adoctrinamiento de los economistas en las principales universidades del mundo y mantiene una gran influencia en la dirigencia empresarial y política global. En Argentina, fue la que justificó las políticas de apertura importadora, desregulación financiera y achicamiento del Estado de la última dictadura militar y el menemismo, y la que aún predomina en partidos de derecha, gran parte de las asociaciones patronales, así como en el discurso económico que difunden los medios masivos de comunicación.

La idea de libre competencia parte de omitir la existencia de grandes corporaciones empresariales y plantear un mundo donde predominan pequeños productores que intercambian sus productos en un mercado parecido a esas ferias de artesanos que podemos visitar el fin de semana en muchas plazas del país. Esta idílica versión del capitalismo asume que los pequeños empresarios en busca de ganancias compiten produciendo en la forma más eficiente y ofertando al menor precio aquello que el consumidor les demanda. Cualquier intervención externa, como la de un secretario de Comercio que intente frenar un aumento de precios, es ineficiente y termina generando una menor producción y faltantes del producto regulado en las góndolas. El supuesto de que las empresas son chicas y numerosas descarta que acuerden para fijar producción y precios, le digan al consumidor cuáles son sus gustos mediante la publicidad o traduzcan su poder económico en poder político mediante el lobby en el Estado o su dominio de los principales multimedios.

El economista estadounidense John Kenneth Galbraith explicaba que el predominio de una teoría tan inverosímil en el pensamiento económico mundial sólo se explica por la funcionalidad para el poder corporativo de una teoría que niega la existencia misma de ese poder. “¿Son los precios demasiado elevados? La corporación es ajena a todo reproche: los precios los fija el mercado. ¿Las ganancias son indecorosas? También ellas son determinadas por el mercado. ¿Los productos son deficientes en seguridad, diseño, utilidad? No hacen sino reflejar la voluntad del consumidor soberano”, ejemplificaba el encargado de la oficina de control de precios de los Estados Unidos durante la segunda gran guerra. En Argentina, Perón adoctrinaba a sus seguidores con un mensaje similar: “La economía libre y el libre comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos y de los ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste”.

Pese a esas advertencias, en las últimas décadas ha prevalecido una agenda liberal mundial que empoderó a las corporaciones permitiéndoles organizar su producción en una escala global para debilitar la capacidad de regulación estatal. Surgió así una nueva división internacional del trabajo, donde Latinoamérica entra como un proveedor exclusivo de materias primas, cuya expansión o detención económica depende del devenir de los ciclos especulativos de la economía mundial. Desafiar ese destino que nos depara el mercado para construir un país y región con una producción diversa que incluya a las mayorías requiere de una acertada intervención del Estado en el proceso económico.

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