Las últimas inundaciones producidas en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata han puesto en cuestión un modo de gestionar y gobernar ciudades en la Argentina. Las trágicas consecuencias del temporal, donde se combinan factores diversos –especulación inmobiliaria, falta de inversiones claves en infraestructura, mayor intensidad de precipitaciones, ausencia de planificación urbana y de un sistema eficaz de mantenimiento y contingencia–, dan cuenta de la necesidad de replantear las formas de intervención pública en la materia. Hacer frente a problemas de gran envergadura y complejidad, en este caso vinculado a desastres naturales aunque también extensivo a otras áreas sensibles (seguridad, situación socioeconómica, contaminación ambiental, residuos y transporte), aparece como uno de los retos fundamentales que tienen los centros urbanos y áreas metropolitanas en la actualidad.

La Argentina, al igual que otros países de la región, está a la vanguardia del fenómeno mundial de concentración poblacional en ciudades. Según datos del último censo de población, 9 de cada 10 habitantes argentinos vive en ciudades (92 por ciento), más que en países desarrollados densamente poblados como Francia (85) o Estados Unidos (82) y equivalente a naciones vecinas como Uruguay (92) y Venezuela (93 por ciento). En América latina, según el Informe ONU-Estado de la Población Mundial 2011, el 79 por ciento promedio de la población habita en ciudades, y se calcula que en 2050 lo hará en su conjunto el 90 por ciento. Ello muestra una tendencia general expresada en importantes migraciones hacia los núcleos urbanos grandes y medianos. En nuestro país, este proceso se manifiesta con claridad en las áreas metropolitanas tradicionalmente receptoras y en ciudades medianas con crecimiento fuerte en los últimos años.

Las ciudades se convierten así en portadoras de distintos cambios y contradicciones, producto de los procesos de transformación en curso. Por un lado, estos territorios constituyen ámbitos significativos para el crecimiento económico y la gobernabilidad. Por otro, fenómenos tales como la pobreza urbana, la segregación socioespacial y desequilibrios de distinta naturaleza adquieren mayor intensidad en este tipo de espacios. Según destacan algunos autores, en el debate sobre políticas urbanas es posible identificar distintas tendencias de cambio e innovación. En primer lugar, frente a las políticas de carácter homogéneo y generalista en el tratamiento de los problemas urbanos se resalta la importancia puesta en reconocer las especificidades de los territorios de modo de adaptar las agendas y las formas de intervención a las particularidades de cada lugar. Al mismo tiempo, se enfatiza en la voluntad de propiciar procesos de transformación sobre la base de un enfoque estratégico que combine diagnóstico, prospectiva y actuaciones desde una lógica de tipo transversal e intersectorial. Se pone el acento también en el despliegue de redes e interacciones entre los múltiples actores –gubernamentales y sociales– involucrados en el territorio. Estos aspectos resaltan así una nueva concepción de política urbana centrada en fortalecer los elementos de proximidad y de participación de los actores implicados.

La situación existente en gran parte de las ciudades argentinas muestra en general gobiernos con escasas acciones innovadoras. Para ello confluyen debilidades administrativas e institucionales de larga data, problemas de coordinación intergubernamental, liderazgos políticos poco trasformadores e inconvenientes en el plano de la articulación con los actores sociales y la canalización de sus demandas. El análisis de estos factores, igualmente, varía según la historia y particularidades de cada urbe.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eje neurálgico de las principales actividades del país y comienzo del área metropolitana argentina más densamente poblada, se distingue por presentar autonomía política, recursos vastos y ser sede de los principales poderes del Estado. La Plata, por su parte, como continuidad de la anterior aglomeración y capital provincial, presenta las características de una ciudad importante a nivel administrativo, poblacional e institucional. En ambos casos y más allá de sus diferencias, exhiben gestiones de gobierno con logros limitados tanto en el tratamiento de problemas estructurales de esas ciudades como en mejoras sustanciales para el común de la ciudadanía. Una impronta política restrictiva en términos de regulación y control (con fuerte primacía del negocio inmobiliario), un nivel de asistencia deficiente a los damnificados y limitaciones claras en la contención de la crisis (incluida la ausencia de sus principales autoridades), fueron así las postales distintivas de la inundación en esos distritos.

Pensar en nuevas formas de intervención pública en las ciudades se torna, entonces, prioritario. Ello plantea al menos dos ejes básicos a considerar. Un primer eje supone mejorar en el interior de cada ciudad los abordajes en el tratamiento de problemas complejos e instrumentar en un plano político e institucional modalidades mínimas de cooperación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Un segundo eje, pensando en esquemas más descentralizados y democráticos, remite a la importancia de sumar a los actores sociales del territorio en algunas de las decisiones y acciones a ser instrumentadas. De este modo, nuevos esquemas de política y gestión urbana se vuelven necesarios a fin de atender las dificultades presentes y generar estrategias más articuladas y consolidadas.

* Investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Conicet. Autor del libro El debate sobre nuevos estilos de gobierno en ciudades argentinas, Ciccus-UNGS.