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No es novedad que la provincia de Buenos Aires presenta un persistente déficit presupuestario desde 2006. Dicho déficit fue aliviado, en cierta medida, por refinanciaciones de deuda con el Estado nacional, como la de diciembre de 2011, que le permitió al gobierno provincial ahorrarse cerca de 3200 millones de pesos durante el 2012 y otros 3500 millones en 2013, como destaca el Análisis del Presupuesto 2012 publicado por Cifra, de la CTA. Los investigadores de la CTA destacan que la necesidad de sanear las cuentas públicas provinciales no debe resolverse con un recorte del gasto, sino con mejorar los ingresos públicos de un modo más progresivo y equitativo. En ese sentido, es necesario avanzar en una reforma fiscal en la que el revalúo de las tierras para el pago del impuesto inmobiliario rural con la aplicación de mayores alícuotas y la discusión de la actual coparticipación de impuestos con la Nación y del Fondo del Conurbano Bonaerense sean los ejes centrales. Asimismo, dotar de mayor progresividad al regresivo impuesto a los Ingresos Brutos, del cual depende más del 70 por ciento de los recursos tributarios de la provincia, es esencial si se pretende recaudar con justicia tributaria. La regresividad tributaria no es sólo de la provincia, sino que es una de las asignaturas pendientes más importantes del gobierno nacional.

Cuando se afirma que un Presupuesto Público es regresivo no tiene que ver sólo con que en su estructura tributaria los sectores de menores ingresos tributen más (mucho más) que los de altos ingresos, sino que también hay que analizar la composición, cantidad y calidad del gasto público. Se puede ser “injusto” recaudando, pero “justo” gastando. O no.

La Provincia de Buenos Aires, según datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio de Educación nacional, es la jurisdicción que posee la mayor participación del gasto en Educación, Ciencia y Tecnología sobre el gasto público provincial de todo el país. En 2011, dicho gasto representó 41,2 por ciento, mientras que el promedio nacional no llegó al 34,0 por ciento. Ahora bien, si se analiza la composición del gasto educativo se observa que, en el mismo año, un 95 por ciento fue destinado al pago de remuneraciones, siendo el gasto en infraestructura, bienes y servicios no personales sólo el 3,6. El gasto en remuneraciones está integrado básicamente por un 82,8 por ciento destinado a las escuelas estatales y un 13,3 por ciento que, a través de transferencias vía subsidios, recibieron los colegios privados.

La educación privada en la provincia representa un tercio de la oferta educativa total y en muchos casos complementa a la educación estatal, cumpliendo una necesaria e importante función social. Sin embargo, en otros no sólo no la complementa, sino que compite en forma desleal.

No es sencillo revertir treinta años de políticas educativas neoliberales. Si bien la Ley de Financiamiento Educativo ha podido llevar la inversión en educación a nivel nacional a más del 6 por ciento del PBI, la escasa participación de infraestructura en el presupuesto provincial demora la mejora esperada. Las transferencias a los colegios privados, más del triple de lo que la provincia invierte en infraestructura, llega en forma de subsidios que van del 40 al 100 por ciento de las remuneraciones docentes. La asignación del subsidio limita a las instituciones privadas al cobro de un máximo de cuota, de modo tal que dicha transferencia de recursos públicos no sea utilizada simplemente como una reducción de costos privados, sino que se utilice con una función social. Sin embargo, algunas instituciones “complementan” la enseñanza oficial con una oferta extracurricular obligatoria (más horas de informática, inglés, deportes, brindada por docentes, muchos de ellos precarizados) cobrando por esos “servicios” una cuota diferencial que, en muchos casos, equivale al máximo estipulado para la enseñanza programática, duplicando así el valor de lo que abonan las familias. De este modo, el Estado está financiando a algunas instituciones privadas que contribuyen a segmentar la oferta educativa, constituyendo circuitos diferenciados de escolarización.

El análisis, la revisión y la modificación de esta injusta y regresiva situación, que debe hacerse caso por caso, considerando múltiples factores, podría representar anualmente una mejora muy significativa en diversos ámbitos del presupuesto educativo

* Docente UNLZ, FCS.