Hace unas semanas se conoció la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Nueva York del fallo Griesa, que establece la obligación de pagar el ciento por ciento más intereses punitorios a los fondos buitre que compraron los títulos de deuda argentina en cesación de pagos al 20 por ciento de su valor nominal. El texto de confirmación del fallo desestima de mala manera la posición de la defensa, hasta el punto de calificar que “la Argentina es un caso único como deudor recalcitrante”. En sintonía con el pronunciamiento de la Justicia de Nueva York se expresó el economista del PRO Carlos Melconian, quien se negó a hablar de buitres señalando que podía haber prestamistas de buena fe, mientras que llamó “garcas” a los argentinos, comparándolos con un amigo que recibía esa adjetivación al no devolver la plata que le prestaron.

Respecto del fallo Griesa, es bastante evidente que se trata de una sentencia a la medida de los buitres, lo que indica que no sólo la Justicia argentina es presa de los intereses de las corporaciones económicas. Hasta la premura del fallo y su confirmación dan para sospechar si se considera que la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que da a los bonistas que aceptaron el canje el derecho de beneficiarse con cualquier otra oferta mejor, vence en diciembre de 2014. Esa cláusula asegura que Argentina no cumplirá hasta esa fecha con el fallo Griesa en caso de ser confirmado, ya que podría activar demandas similares aún por parte del 93 por ciento de los bonistas que ya ingresaron al canje tirando abajo toda la quita pactada en los canjes 2005 y 2010. Así, el no cumplimiento del fallo permite a los buitres cobrar hoy los seguros contra default (que se sospecha adquirieron antes del fallo), mientras esperan a que en 2015, sin la cláusula RUFO y con un gobierno con voluntad de reinsertarnos en los mercados, les pague el ciento por ciento avalado por Griesa.

También es falso que Argentina sea un deudor “recalcitrante” que “garca” a los ahorristas de buena fe que le prestaron plata. El país fue sometido a un muy fuerte endeudamiento bajo la última dictadura militar (es decir, sin el consenso de su población) en el marco de la complicidad de ese gobierno con los bancos y financistas extranjeros. Esa misma deuda impagable condicionó al gobierno de Alfonsín hasta empujarlo al abismo de una hiperinflación que abrió la puerta al Plan Brady, donde, además de pactar la entrega a los acreedores de las empresas del Estado, se cambiaron los bancos acreedores por una multitud de bonistas dispersos por el mundo. Fue esa multitud de pequeños ahorristas la que terminó absorbiendo los costos de la cesación de pagos de 2001 y la quita de las reestructuraciones de 2005 y 2010.

La Argentina fue en realidad un “pagador serial” que debió enfrentar vencimientos de intereses y de capital que superaron varias veces los montos originalmente recibidos, con un costo en términos de aperturas, ajustes, privatizaciones y flexibilizaciones impuestos por los acreedores a través del condicionamiento del FMI mayor a los pagos realizados. Por ello, de existir una estafa a ahorristas de buena fe que poseían títulos de la deuda argentina, fue realizada por los mismos bancos que estafaron a la Argentina y que se desprendieron de los bonos de su deuda vendiéndolos a pequeños ahorristas a los que les trasladaron el riesgo de insolvencia

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