Chile, mostrado muchas veces como país modelo por la ortodoxia neoliberal, es uno de los más desiguales del mundo. Según un estudio de los economistas Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez, de la Universidad de Chile, es el más desigual. Dice ese trabajo: “Aun en base a una estimación conservadora del ingreso de los súper ricos, su participación en el ingreso personal total es extraordinariamente alta, llegando a más de 30 por ciento para el 1 por ciento más rico, 17 por ciento para el 0,1 por ciento más rico y más de 10 por ciento para el 0,01 por ciento más rico, en promedio, durante el período 2004/10. En términos internacionales, éstas son las más altas participaciones que se conocen”.

Ese 1 por ciento de los más ricos, entre quienes está el presidente saliente Sebastián Piñera, con una fortuna de 2400 millones de dólares, recibe 2,5 veces más ingresos en proporción con el ingreso total chileno que el promedio de lo que recibe el 1 por ciento de los más ricos en países desarrollados con este tipo de estadísticas. Y según la Fundación Sol, el 5 por ciento más rico de los chilenos gana 257 veces más que el 5 por ciento más pobre.

En el contexto de una economía que desde 2010 creció a una media de 5 por ciento anual y ahora bajó a 4/4,5, todavía con el precio del cobre sosteniendo mucho de la expansión, volverá a ser gobierno seguramente Michelle Bachelet, a quien sólo le queda esperar el ballottage del 15 de diciembre. Como había hecho en su anterior gestión en La Moneda, vuelve a prometer que debe enfrentarse el flagelo de la desigualdad para hacer de Chile un país moderno.

Dos de los ejes, no los únicos, sobre los que habría que trabajar para que se reduzca la brecha social son el tributario y el laboral. El ministro de Hacienda sería Alberto Arenas, cercano al senador del Partido Socialista (el de Bachelet, socialdemócrata moderado) Camilo Escalona. Arenas dirigió el Presupuesto en el anterior gobierno bacheletista, fue consultor del BID y se doctoró en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos.

Bachelet no logró mayorías legislativas completas como para impulsar el gran cambio que espera la mayoría de chilenos, la reforma de la Constitución que heredó de la dictadura pinochetista y cierra con cepos, llaves y candados cualquier posibilidad de cambio de raíz en cuanto al manejo de la economía, el Estado y sus instituciones. Pero sí ya tiene suficiente control legislativo como para avanzar en los dos ejes mencionados, aunque quizá deba esperarse algo más de la reforma impositiva que de la laboral.

La propuesta de Nueva Mayoría, la alianza ganadora, que abarca a la ex Concertación Democrática y ahora a partidos de izquierda como el Comunista, es subir de 20 a 25 por ciento el impuesto a las empresas, bajar el IVA del 19 a 15 por ciento, un cambio de la administración y cobro de impuestos y alguna suba específica en algún tributo, como el de combustibles El ajuste a la renta empresaria hasta el 25 por ciento sería gradual hasta 2018, mientras se disminuiría el impuesto a las personas, de 40 a 35 por ciento, con lo que la recaudación fiscal llegaría al equivalente a 8200 millones de dólares para financiar los gastos en educación (otra reforma pendientes, con fuerte presión del movimiento estudiantil hacia un sistema no lucrativo) y revertir el déficit estructural.

La aceptación del empresariado chileno a ese “sacrificio” parece haber sido no tocar el esquema laboral, de los más retrógradas del continente. El actual Código del Trabajo lo impuso la dictadura pinochetista, en 1979, con la letra de José Piñera, ministro del régimen y hermano del actual mandatario, aunque mucho más de derecha que él. En Santiago, los medios comentan que los empresarios están dispuestos a poner más dinero: si hasta el ultraliberal Instituto Igualdad toleró una charla de la economista Andrea Repetto –quien trabajó en los cambios impositivos para Nueva Mayoría– diciendo que una mayor contribución de quienes más tienen es una señal hacia un desarrollo más inclusivo. Pero de allí a que estén dispuestos a dar más derechos a los trabajadores hay tanta distancia como de Arica a Punta Arenas.

Una nota del portal El Mostrador citó fuentes sindicales y de la Nueva Mayoría diciendo que es un hecho que la reforma tributaria ha ido ganando terreno por sobre la laboral, y que el jefe de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, no mostró mayor sobresalto: “El tema laboral, tal como está planteado, no nos pone nerviosos”. La banca JP Morgan le dio el visto bueno al plan económico de Bachelet y dijo que contenía “muchas ideas pro mercado”.

En Chile los sindicatos nunca fueron fuertes, como en Argentina, a diferencia de los partidos políticos, con extenso arraigo territorial y el principal agente de mediación con el Estado, antes de la dictadura y luego de su final. Por eso y pese a luchas heroicas en estos años, como la de los mineros, el cuadro laboral chileno se caracteriza por extensas jornadas de trabajo, bajos salarios, escasa o nula cobertura social, alto incumplimiento de normas laborales (con abusos pasmosos, sobre todo en comercios) y baja afiliación.

Bachelet habla poco de cambios en el mundo del trabajo, muchísimo menos de lo que dijo sobre tributos, educación o la necesidad de reformar la Constitución pinochetista. En este punto, la gran pregunta es cómo, ya que al no haber logrado mayorías necesarias en el Congreso deberá negociar con la derecha, que rechaza la posibilidad de una Asamblea Constituyente.

Dirigentes del próximo gobierno reconocen que no habrá tiempo de encarar cambios laborales de fondo en esta gestión, cuya energía se consumirá sobre todo –en materia económica y social– en lo tributario y en los cambios constitucionales.

La respuesta que los sectores dominantes, no sólo en Chile, tienen a la pregunta de cómo ir cerrando la obscena brecha de desigualdad es más y mejor educación. Aunque ese factor es clave, la forma en que lo dicen (y no lo hacen) es de una letanía similar a la de los religiosos que prometen una vida mejor en el cielo si en la vida terrenal se quedan todos tranquilos. La candidata de la derecha, la misma derecha que llevó al extremo del lucro la cuestión educativa, privando al menos a dos generaciones de chilenos de una mejor educación, Evelyn Matthei, dijo que los chilenos querían “seguridad” (el leitmotiv de la derecha latinoamericana de este tiempo) para poder ir a estudiar. Tanta hipocresía sólo se cambia, entre otros factores, con una reforma tributaria y con más derechos para los trabajadores. Mientras los ultrarricos se pavonean, la mitad de los chilenos gana el equivalente a entre 250 y 500 dólares por mes.