Luego de dos meses de “estado de excepción” por las elecciones y la licencia presidencial, el Gobierno retomó la iniciativa y con varios cambios en el equipo. Ese sendero también afecta al Banco Central, donde Juan Carlos Fábrega reemplazó a Mercedes Marcó del Pont, la primera presidenta heterodoxa en varias décadas. Fábrega se encontrará con una situación muy diferente de la que recibió su antecesora.

Las discusiones sobre el rol del Banco Central son de las más encarnizadas de la teoría económica. Las posiciones son más claras que en los demás debates. El neoliberalismo insiste en la necesidad de sustentar cualquier política en la estabilidad de precios, función exclusiva asignada al Banco Central, pues la inflación tiene, en última instancia, causas monetarias. Y para ello, el BC debe encapsularse radicalmente para evitar que el Estado lo aparte de tan proba misión. Las visiones heterodoxas admiten variantes, pero fundamentalmente comparten la idea de que la fortaleza de la moneda no deriva de su escasez, sino de la consistencia de su aparato productivo. De modo tal que la estabilidad de precios solamente puede ser alcanzada en simultáneo con la expansión de la producción y del empleo. Surge para el Central, entonces, una necesidad de perseguir y balancear objetivos múltiples. Y, como organismo del Estado, debe actuar coordinadamente con –y no en contra de– la política económica general.

Las dos visiones se confrontaron en Argentina en las últimas décadas. Un largo período de predominio neoliberal, que arrancó en la reforma financiera de 1977 y tuvo su edad dorada en la convertibilidad, fue confinando al BCRA a un rol cada vez más irrelevante. Precisamente con la convertibilidad, el tipo de cambio fijo y la determinación de la masa monetaria por las reservas de divisas le quitaron al Banco Central sus dos instrumentos principales: la política monetaria y la política cambiaria. Ya la reforma financiera de Martínez de Hoz lo había despojado de su capacidad para fijar las tasas de interés de referencia, con las que hasta entonces se había tratado de promover la industria. El BC fue quedando confinado sólo a controlar a la banca comercial, tarea que cumplió de manera deficiente, como lo muestran las numerosas quiebras de entidades financieras privadas, muchas veces de manera fraudulenta y escandalosa.

Desde 2003 se recuperaron algunos instrumentos, de manera precaria y sin un cambio de rumbo conceptual decidido. Esto recién ocurrió cuando, en el marco de la crisis internacional, las necesidades inmediatas obligaron a tomar algunas decisiones drásticas a las que el por entonces presidente del Central se opuso y fue reemplazado por Marcó del Pont. Recién allí se advirtió un explícito cambio de rumbo, abandonando la idea de exclusiva garantía de la estabilidad –garantía poco confiable, pues en el largo interregno neoliberal estallaron varias hiperinflaciones y feroces crisis financieras, como en 1981, 1989 y 2001– y procurando incorporar al Banco en la política de crecimiento.

La reforma de la Carta Orgánica estableció explícitamente los objetivos simultáneos de estabilidad, crecimiento y empleo, permitiendo avanzar en terrenos hasta entonces vedados. El Banco Central recuperó estructuralmente los instrumentos para el manejo de la política cambiaria y monetaria, y empezó a jugar con la idea de inducir el destino de los recursos financieros, regulando que una porción de los depósitos debían prestarse a actividades productivas. También ganó terreno la posibilidad de utilizar parte de las reservas para tal fin, en lugar de juntar telarañas en una bóveda. Y la labor de contralor del sistema cobró una nueva dimensión con una agresiva política de defensa del consumidor, precisamente en un sector en el que los oferentes aplicaban condiciones especialmente vidriosas. La bancarización masiva dejó de verse como un negocio para los bancos y comenzó a entenderse como un derecho de la población. Inclusive, para sustentar a largo plazo la nueva concepción, se replantearon los programas educativos que el Banco Central tiene desde hace una década.

En la campaña electoral se habló de la necesidad de pasar a una década de desarrollo. Es de celebrar que las nuevas medidas apunten en esa dirección. Y para ello, el Banco Central, llamado a jugar un rol superlativo, deberá profundizar los ejes trazados en los últimos tiempos, estimulando la financiación de la producción, sosteniendo una política cambiaria consistente y ampliando el camino de inclusión social. Y, por supuesto, complementar dichos ejes con una drástica modificación de la Ley de Entidades Financieras, un resabio de los años de plomo que aún encorseta el despliegue del país.

* Economista Idehesi-UBA-Conicet.