El neoliberalismo provocó una regresiva reestructuración del mercado de trabajo a escala mundial. El incremento del desempleo y de la precarización laboral es un fenómeno al que no escapan las naciones más desarrolladas. La tasa promedio de desempleo de la Zona Euro ya alcanza al 12,1 por ciento.

Grecia tiene el “privilegio” de encabezar ese ranking con el 27,6 por ciento, escoltado por España (26,3 por ciento) y Portugal (16,4 por ciento). Las políticas de austeridad impulsadas por la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea) agudizaron el problema.

A pesar de eso, el FMI promueve un nuevo ajuste en la España de Mariano Rajoy. Los técnicos fondomonetaristas recomiendan la celebración de un pacto social tripartito (gobierno, trabajadores y empresarios) cuyo eje central pasaría por una reducción del 10 por ciento en los sueldos nominales. Esa rebaja debería ir acompañada con una reducción en las contribuciones a la seguridad social y, en un futuro, un incremento del Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo con esa visión, la “devaluación interna” generaría las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía y del empleo.

El documento dado a conocer por el Fondo defiende la reforma laboral española –aprobada en 2012–, pero agrega que “los sueldos no bajaron lo suficiente ni lo suficientemente rápido”. El informe señala que “se necesita mejorar aún más la dinámica del mercado de trabajo para reducir en forma suficiente el desempleo, entre otras cosas aumentando la flexibilidad interna, reduciendo la dualidad del mercado laboral y mejorando las políticas laborales activas”.

Está claro que esas recomendaciones conducen a un callejón sin salida. ¿A qué hace referencia el FMI cuando apela a las mejoras en las políticas laborales activas?

Las políticas activas de empleo (PAE) incluyen a todas aquellas medidas que incentivan la rápida reinserción en el mercado laboral de los trabajadores desocupados. La investigadora de Ceil-Conicet Brenda Brown sostiene que “uno de los principales objetivos de este tipo de políticas se vincula con la reducción de los índices de desempleo que comenzó a tener carácter masivo, particularmente luego de la crisis mundial de comienzos de la década del ‘70. Sin embargo, esta necesidad por hacer que los desocupados ingresen nuevamente al mercado de trabajo ha generado que durante ese período y hasta fines de siglo, el foco se haya puesto en aumentar la cantidad de empleos creados a partir de estas políticas perdiendo de vista la calidad de éstos. En este sentido, la disminución del desempleo a través de la aplicación de políticas activas se hizo a costas de incrementar la cantidad de trabajadores de bajos salarios, es de decir de trabajadores pobres y de puestos de trabajo menos calificados y más precarios”.

Suiza fue pionera en la implementación de este tipo de políticas a mediados del siglo XX. La mayoría de los países industrializados, sobre todo a partir de la década del noventa, continuaron ese camino inaugurado por la nación helvética.

Las PAE incluyen medidas muy variadas como, por ejemplo, la capacitación y formación profesional del desempleado, el subsidio público al empleo, las agencias de colocación o los incentivos a la generación de microemprendimientos.

El impacto de esas políticas en el volumen de empleo es materia controversial. Algunos estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que el empleo subsidiado genera un “efecto sustitución” porque las empresas contratan trabajadores que, en ausencia del incentivo fiscal, igualmente se emplearían. Además, la OIT detecta que –en muchas ocasiones– la supresión del subsidio trae aparejada la pérdida del puesto de trabajo.

Por su parte, los microemprendimientos “fueron fuertemente criticados en primera medida porque depositan en parte la responsabilidad de su propia inclusión en estos trabajadores, que normalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad sin una buena contención, planificación y acompañamiento y es muy probable que muchas de las iniciativas que se tengan en materia de empleo terminen en fracaso”, sostiene Brown.

“A la luz de las características que presentan los trabajadores que pueden postularse como beneficiarios de este tipo de medidas, es difícil pensar que una inserción de este tipo en el mercado laboral puede dar un resultado distinto que el de trabajadores altamente precarizados. Es por esto que cabe preguntarse si la creación de empleos de calidad es uno de los objetivos de estos programas o si lo que se busca en realidad es aunque sea mínimamente garantizar la supervivencia de los trabajadores”, concluye la investigadora de Ceil-Conicet.

El debate acerca de la efectividad de las PAE no debería disociarse del contexto en que las mismas se aplican. Lo cierto es que poco puede esperarse de esos programas en el marco de una política de ajuste como la impulsada por la troika

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