A mediados de diciembre de 2013, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, suscribieron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto en el análisis de información y, eventualmente, aportar constancias documentales a las causas que por violaciones masivas a los derechos humanos tramitan ante los tribunales del país. A partir del hallazgo el 31 de octubre del mismo año de un archivo pleno de documentación y registros elaborados durante la última dictadura cívico-militar con más de mil seiscientas actas encontradas, se planteó un trabajo conjunto entre ambos organismos estatales para analizar de manera coordinada la dimensión económica de dicho archivo. La experiencia realizada durante casi dos años por el equipo de investigación de la Oficina de Derechos Humanos de la CNV se integró al equipo de investigación del Ministerio de Defensa con el fin de aportar una mirada especializada sobre estos temas.

Ahora bien, bajo este contexto de relevamiento de actas y documentos donde emergen escritos de los diversos organismos burocráticos (proyectos de ley con discusiones y asesoramiento de actores partícipes taquigrafiados de la CAL, junto a resoluciones y acciones de varios ministerios) que permitieron ejercer el poder de facto de esa dictadura genocida, surgen algunos ejes que requieren especial atención, no sólo por la fuerza de verdad histórica y actos probatorios en algunos casos de delitos de lesa humanidad, sino por el impacto y consecuencias que dichos accionares vuelcan en el hoy, a raíz de la construcción de y el reforzamiento de círculos y elites de poder que siguen operando y haciendo a la realidad contemporánea de nuestro país. De este modo, respecto de una serie de unidades documentales y registros de la CAL encontrados y ligados a la reglamentación de la Ley de Inversiones Extranjeras, cabe hacerse estas preguntas y exigen volver a pensar los efectos en la estructuración de un orden dominante que adquirió fuerza de cristalización en la historia reciente.

¿Por qué es tan importante entonces volver a la etapa de la última dictadura cívico-militar y hablar de la Ley de Inversiones Extranjeras? Puesto que esa ley de 1976, junto con otras como la de Entidades Financieras de 1977, sumadas a las múltiples modificaciones de las leyes de Aduanas y otros instrumentos de política económica, introdujeron cambios que se convirtieron en nodales para delinear otro patrón de acumulación en Argentina, centrado ya no en la producción industrial orientada al mercado interno con una economía distributiva y una sociedad en tensión pero inclusiva, sino un paradigma de economía aperturista, de corte neoliberal, asentada en la llamada “valorización financiera”. Es decir, un nuevo modelo productivo exportador financiero ligado a la circulación de excedente de flujos financieros internacionales con el desarrollo de una sociedad de trabajadores disciplinados y “aterrorizados” por el Estado dictatorial que llevó a una profunda “reorganización nacional”, dejando una economía en crisis hiperinflacionaria, con pérdida del ingreso para la gran mayoría de la ciudadanía y un endeudamiento externo nunca antes vivido.

Se inauguró en Argentina un modelo social económico, cultural y político distinto que se refrendaría en la década noventista menemista con una fatal crisis de fin de siglo XX. La Ley de Inversiones Extranjeras fue una de las puertas de entrada a ese paradigma que aún sigue vigente y que continúa desatando impactos en la política económica de la actualidad. Muchos de los grandes grupos económicos que hoy conocemos iniciaron su cambio de concentración y centralización de capital en aquellos años del terror. La anterior ley de residencia de capitales extranjeros de 1973 incluía una serie de resguardos frente a capitales meramente especulativos, con orientación a la producción e incentivo del desarrollo de factores productivos nacionales, con promoción de la utilización de mano de obra nacional, desarrollo científico-tecnológico local, entre otros principios.

La ley impulsada por Martínez de Hoz llevaría a una apertura económica con menores resguardos, con equiparación de ventajas para capitales extranjeros en idénticas condiciones a las nacionales, habilitando el uso y consumo de créditos generales en el país (en vez de promocionar y proteger desarrollos desiguales en sus orígenes y desenvolvimientos), facilitando la “repatriación” a sus casas matrices de las utilidades obtenidas, pagando mínimos impuestos en nuestro país, potenciando la especulación y giro de ganancias con escaso control, todo en pos de abrir al país a los tiempos del “mundo desarrollado” para atraer dichos capitales y “modernizar” una economía concebida por estos actores civiles y militares como cerrada y necesitada de transformaciones profundas. El Proceso de Reorganización Nacional lo hizo, y luego el menemismo seguirá completando dicha tarea con las reformas del Estado, privatizaciones, Tratados Bilaterales de Inversión.

Un mundo de negocios para pocos y disciplina en los reclamos por la puja distributiva para el resto, con un escenario de desindustrialización selectiva y “ventajas comparativas” para el sector primario. Esos grupos económicos transnacionales y otros nacionales, diversificados e integrados, siguen pujando hoy por una redistribución regresiva de la riqueza, pulseando por un tipo de cambio acorde con sus intereses, con propuestas de medidas de “enfriamiento” de la economía ligada a un nuevo proceso de endeudamiento externo que traerá aparejado condicionalidades para encorsetar y frenar demandas de la mayoría de los trabajadores.

Aquella Ley de Inversiones Extranjeras de 1976 fue un síntoma de las luchas y readecuación del capital dominante de la época y la luz de esos oscuros astros aún sigue llegando a nuestras tierras en estos días. Reconstruir verdades, clarificar la memoria colectiva y generar una justicia que habilite una sociedad con desarrollo inclusivo y pluralidad debe ser un horizonte a seguir trabajando entre todos.

* Oficina de Derechos Humanos de la CNV.