Domingo, 29 de junio de 2014 | Hoy
LA NUEVA LEY SOBRE TRABAJO INFORMAL Y LA FISCALIZACIóN DEL ESTADO
La norma aprobada por el Congreso nacional toma en consideración el trabajo en negro desde sus diferentes fuentes. El registro de infractores a la legislación laboral es muy importante como patrón ético de la sociedad.
Por Miguel A. Zanabria *
Los temores a una desaceleración persistente del crecimiento llevan casi naturalmente a preguntarse cuáles serían las consecuencias sobre las capas de la población más expuestas. Desde esa perspectiva, es necesario reflexionar acerca del trabajo informal y, subsidiariamente, sobre la reciente ley sobre trabajo informal. Para esto, es imprescindible tomar conciencia de lo complejo de la problemática, ya que el trabajo informal es consecuencia de un entrecruzamiento de lógicas diversas.
Será necesario, entonces, descartar la idea simplista de que, si no hubiera intervención del Estado o de los sindicatos, todo el mundo trabajaría en blanco. Para un análisis serio, es necesario partir de la problemática general propia de un país periférico: los fenómenos económicos se inscriben en las estructuras sociales y productivas que son propias.
Para facilitar el análisis, se podría identificar tres grandes fuentes de trabajo informal:
1. La estructura económica heterogénea hace que las empresas de baja productividad tengan tendencia a compensar su retraso con evasión fiscal. En ese sentido, es ilógico pensar que una empresa en negro pueda tener trabajadores en blanco. Así se puede explicar por qué el trabajo informal, si bien se redujo en forma muy importante durante la última década, en los últimos años fue disminuyendo la velocidad de la reducción. La respuesta es la misma que para el caso de la restricción externa, el importante crecimiento llevó a la manifestación de la estructura económica, lo que pone límites, en este caso, a la reducción del trabajo en negro. La política debe ser de largo plazo, destinada a resolver los problemas estructurales y, en ese sentido, sólo una política industrial coherente con un modelo de país aceptado socialmente podría dar respuesta. Accesoriamente, el combate de la evasión fiscal por parte de la AFIP y de los organismos impositivos provinciales podría indirectamente ayudar a la formalización de sus empleados.
2. Las prácticas culturales. La “cultura del trabajo”, tan arraigada en nuestra sociedad, obliga al jefe de familia (sea hombre o mujer) a tomar como una responsabilidad personal el futuro de su familia, llevándolo a la aceptación del trabajo en negro. Debido a esto es necesario que sea reemplazada por una “cultura del trabajo formal”, que a la vez que haga inaceptable socialmente el trabajo en negro, haga aceptable la idea de que es mejor que una familia viva sostenida por el Estado (representando la sociedad) hasta que consiga trabajo formal, a que se trabaje en negro, por considerarse inhumano.
3. La coyuntura económica. Lejos de teorías irrealistas hay que aceptar que la acumulación de capital genera constantemente ganadores y perdedores. En ese sentido, el trabajo informal cumple una función de “buffer” que permite mantener la tasa de ganancia de los capitalistas ante coyunturas adversas. Como las fluctuaciones económicas son inevitables en el capitalismo, es necesario que esa función sea satisfecha de otra forma, por ejemplo, desde lo monetario, con líneas de préstamos que permitan financiar la masa salarial de las empresas a la espera de tiempos mejores.
La ley recientemente aprobada por el Congreso nacional es un paso extremadamente importante, ya que deja entrever que se toma en consideración el trabajo en negro desde sus diferentes fuentes.
El fortalecimiento de la acción fiscalizadora del Estado nacional es claramente un paso adelante, debido a las debilidades que muestran los gobiernos provinciales en el asunto. En la misma línea, la constitución de comités de seguimiento en los que participen la Anses, la AFIP, el Ministerio de Economía, además de, naturalmente, el Ministerio de Trabajo, será sumamente significativo si da lugar al diseño de programas complementarios en cada uno de esos organismos. Por su parte, la reducción de las contribuciones patronales es un reconocimiento del problema estructural, pero desde una perspectiva de mediano plazo. Así, los legisladores consideraron que no se puede esperar que una política industrial brinde sus frutos, porque eso llevaría un tiempo inaceptable éticamente. Es en ese sentido que la constitución de un registro de infractores a la legislación laboral es muy importante para que sirva de patrón ético e incentive a la sociedad a considerar el trabajo en negro inaceptable desde cualquier punto de vista.
Es claro que la nueva ley es un nuevo paso que, sin embargo, no podrá lograr por sí sola terminar con esta forma de trabajo. Se necesitará de una articulación con otras políticas, como la industrial, la monetaria, la educativa y de un Estado cada vez más presente en garantizar un nuevo derecho: el del acceso al trabajo formal para todos los habitantes
* Economista. CIEPyC (UNLP) y UNQ.
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-Es necesario descartar la idea simplista de que, si no hubiera intervención del Estado o de los sindicatos, todo el mundo trabajaría en blanco.
-La estructura económica heterogénea hace que las empresas de baja productividad tengan tendencia a compensar su retraso con evasión fiscal.
-Fomentar una “cultura del trabajo formal” que haga inaceptable socialmente el trabajo en negro.
-El fortalecimiento de la acción fiscalizadora del Estado nacional es claramente un paso adelante.
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