Si bien la disponibilidad de agua organizó y dimensionó el asentamiento poblacional en el territorio y los desarrollos agrarios, tanto por su exceso como por su déficit, el riego nunca fue un asunto estratégico. Salvo a comienzos del siglo pasado, cuando el gobierno nacional dictó la Ley Nacional de Irrigación, que impulsó la construcción de infraestructura hidráulica en varios puntos de nuestra geografía y el trazado de nuevos canales en áreas de riego, no existieron otros intentos de ampliar la superficie regada de manera sistemática y planificada. El agua siempre ocupó un lugar secundario en el juego de intereses políticos que se disputaron la asignación de recursos naturales para la agricultura, relegada por la tierra, más abundante y de fácil acceso. Ello no quiere decir que no hubo quienes entendieron el rol de este recurso en la agricultura y la importancia de apropiárselo primero, antes de que los otros se dieran cuenta de que estaba allí.

Sin embargo, después de muchos años, se vuelve a hablar del riego en la agricultura y de la necesidad de incrementar la superficie cultivada con el aporte artificial de agua. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, anunció que un equipo técnico de su cartera trabaja en la formulación de un Plan Nacional de Riego para duplicar la superficie regada. El anuncio fue bienvenido, en particular en las provincias donde la agricultura de regadío es fundamental para sus economías y donde la construcción de grandes obras hidráulicas para acumular y regular el recurso fue el camino seguido desde el inicio de los tiempos. Pero el agua no es un recurso infinito y un día se acaba y su oferta se vuelve inelástica. Cuando ello ocurre la atención se vuelve sobre la demanda, lo que implica cuestionar la obsoleta mitología hídrica que predomina en las provincias con agricultura de regadío, es decir, en todas aquellas en las cuales sin agua no es posible hacer cultivos comerciales. Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Rioja y parte de Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, entre otras. Lo fundamental del cuestionamiento es cambiar el foco del problema del agua desde lo sectorial, o sea, desde lo agrícola, hacia lo territorial. Cuestionar la tradicional política extractiva del recurso diseñando una política transversal que tenga en cuenta las necesidades de todos los sectores productivos que necesitan agua y, por supuesto, de la población.

El cambio de enfoque es totalmente compatible con una estrategia nacional de ampliación de las áreas de riego, ya que para aumentar la superficie regada primero hay que regular la demanda de agua para la agricultura y mejorar la eficiencia del riego y, en segundo lugar, reasignar el recurso disponible a tierras con derecho de riego que no están en producción u otorgando nuevas concesiones.

El agua es un recurso natural cuyo dominio originario, según la Constitución Nacional, corresponde a las provincias, situación que dio lugar a una diversidad de normas que codifican el acceso, apropiación y uso para riego en las distintas jurisdicciones. El diseño de una política nacional se enfrenta así con la pluralidad de organismos provinciales que administran el agua, los que siguen teniendo un foco en la infraestructura y en la hidráulica, obviando la gestión de la demanda y el surgimiento de normativas hídricas que incentiven el ahorro y la eficiencia en el uso del agua.

Sin embargo, el gobierno nacional puede coordinar acciones transversales a lo largo de todo el país que generen incentivos para instrumentar una política de riego nacional. El objetivo debería ser una gestión hídrica integral de los recursos superficiales, subterráneos y residuales para satisfacer las necesidades de agua minimizando costos e impacto ambiental. Gran parte de la estrategia actual de riego se basa en el aprovechamiento de los acuíferos superficiales sin tener en cuenta el uso conjunto del agua, combinada con la proveniente del subsuelo. El aprovechamiento de aguas residuales, ya sea las provenientes del tratamiento de líquidos cloacales como del drenaje de riegos agrícolas, podría incrementar las garantías de suministro a partir de su gestión unificada, contribuyendo a disminuir la presión que la agricultura de regadío ejerce sobre los recursos naturales que están aguas abajo. Para esto, se debería pensar en sustituir la extracción privada del agua subterránea por una estrategia sostenible de uso público-privado orientada a la gestión integral del recurso. La realidad indica que hoy se conoce poco y nada sobre la extracción de agua subterránea, ya que no se sabe qué volumen se bombea.

* Ingeniero agrónomo. Director INTA San Juan.