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Hace unas semanas, una organización financiada por el fondo NML-Elliott, del buitre norteamericano Paul Singer, publicó una solicitada en varios diarios de nuestro país. En ella plantea una serie de “mitos” en torno del fallo Griesa y la posición del gobierno nacional, indicando que es Argentina la que con su posición intransigente se dirige al default, y no un pequeño grupo de acreedores con la complicidad de un juez norteamericano los que la empujan. También señalan que la extensión del fallo a otros holdouts no afectaría en forma significativa las reservas, tanto por el monto como por la posibilidad de realizar los pagos en bonos. Luego presenta una serie de beneficios que obtendría el país si les pagara, relacionados con la baja de las tasas de emisión de deuda que aliviaría las cuentas del Estado, tanto nacional como provincial, de las empresas locales, así como la inflación y las restricciones cambiarias.

Un aspecto que no menciona la solicitada es la particular interpretación de la cláusula pari passu (“igual trato”) del juez norteamericano, que impide la continuidad de los pagos al 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron una fuerte quita y cobrar en cuotas, si no se les paga a los buitres el ciento por ciento nominal más intereses y punitorios que llegan a multiplicar por 15 el valor de mercado de los bonos que compraron.

Tampoco menciona la existencia de la cláusula RUFO (“derechos sobre futuras ofertas”) en los bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010, que impide a la Argentina acatar el injusto fallo Griesa, ya que una posterior libre interpretación de la misma por algún juez norteamericano podría desatar demandas judiciales exigiendo un pago equivalente al recibido por los buitres por parte de los bonistas que entraron a los canjes.

De la combinación del bloqueo de Griesa al pago de los bonistas que entraron a los canjes, junto a la cláusula RUFO que impide pagarles a los buitres so pena de abrir demandas judiciales que afecten los logros en materia de desendeudamiento, es que se empuja al default “técnico”. Esa cesación de pagos sui generis, lograda a costa de los deudores y acreedores legítimos, es buscada por una minoría de especuladores con la complicidad de Griesa, para cobrar los seguros contra default que habrían adquirido antes del fallo.

Tampoco es cierto que el pago no comprometa la estabilidad cambiaria, aún si se aceptara que la cifra a pagar (extendida al total de los holdouts) fuera 7500 millones de dólares en lugar de 15.000 millones, tal como afirma la solicitada. Esa suma equivale a un cuarto de las reservas internacionales, que en el actual contexto de plena presión cambiaria es suficiente para poner la economía nacional al borde del abismo.

Por otro lado, el pago en bonos que aceptarían los buitres sería a un valor actual de mercado equivalente a esos 15.000 o 7500 millones de dólares, según las diferentes estimaciones. A la actual tasa de descuento sobre los bonos argentinos (8,5 por ciento aproximadamente), implicaría emitir deuda a 10 años entre 34.000 y 7000 millones de dólares. Vale señalar que la buena voluntad buitre de cobrar en bonos se debe a que la probable baja de tasas que produciría el pago les generaría una ganancia adicional a la otorgada por el fallo, al incrementar el valor actual de mercado de esos bonos. Lejos de las promesas de bienestar económico de la solicitada buitre, la economía argentina sumaría a los mencionados bonos, los que debería emitir para atender las demandas activadas por la cláusula RUFO, incrementando la deuda a niveles que comprometerían el futuro de varias generaciones.

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