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La moratoria de la deuda pública pronunciada por Adolfo Rodríguez Saá en diciembre de 2001 no provocó la crisis económica de 2001. El sistema monetario instaurado en 1991 por Domingo Cavallo llamado convertibilidad, que hacía del BCRA una caja de conversión, impedía cualquier política monetaria y entró en la cuenta regresiva en 1998. El engranaje que llevó a la crisis es conocido, pero conviene recordarlo. La progresiva disminución de la masa monetaria, atada a la disponibilidad de dólares, llevó a que las empresas, confrontadas a dicho ajuste, procedieran a despedir empleados y a bajar salarios, lo cual provocó una contracción de la masa salarial. La disminución de los ingresos fiscales produjo la mengua del gasto público, a lo que hay que agregar un traslado de ingresos de los sectores más pobres hacia los más ricos, que ahorran una parte importante de su ingreso y gastan poco del mismo. Estos tres aspectos provocaron una caída de la demanda global. A fines de 2001 el PBI era inferior en el 10 por ciento al de 1998.

El rechazo del FMI y de los fondos privados, en septiembre de 2001, a otorgar nuevos préstamos al Gobierno selló la suerte de la convertibilidad. Cuando el tándem De la Rúa-Cavallo ya no pudo mantener la ilusión de la paridad cambiaria, instauró el llamado corralito, que provocó la ruptura de la cadena de pagos. Esta medida paralizó la economía y condujo a la brutal aceleración de la crisis, con la caída adicional del PBI de 10 por ciento en 2002, vale decir que llevó la baja del PBI al 20 por ciento respecto de 1998.

A partir de allí el Estado argentino comenzó a funcionar “con lo nuestro”, retomando la excelente expresión de Aldo Ferrer, y ello –es importante recordarlo– hasta el día de hoy. Esto quiere decir que el Estado dejó de endeudarse en el exterior y ya no “pasaba la gorra” a los capitales especulativos internacionales. Pero esto no impidió que las empresas públicas, por ejemplo YPF, o privadas obtuvieran préstamos internacionales o cotizaran en las bolsas de valores extranjeras. Tampoco impidió que el Banco Mundial le otorgara nuevos préstamos o que el Club de París negociara con el Estado argentino. En la situación actual no pagarles a los fondos especulativos no provocará ningún default. No pagarles tampoco impedirá que el Estado argentino reciba y negocie préstamos con los organismos internacionales. Como el juez de Nueva York no tiene potestad internacional, el Estado argentino podrá asimismo recibir créditos o préstamos de otros países o entidades financieras en Londres o en París.

Recordemos por otra parte que en un primer momento, en el 2003, la política económica instrumentada por el Gobierno fue considerada por los neoliberales como una herejía. Pero esta manera de ver cambió rápidamente cuando el sistema financiero internacional se desmoronó, después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, y entramos en la Gran Recesión mundial que aún perdura. En ese momento la sorpresa de los expertócratas fue mayúscula, ya que la Argentina logró, gracias a una política económica adecuada, practicada por Néstor y Cristina Kirchner, inspirada en las ideas de Keynes, obtener un crecimiento económico asombroso, mientras que las recetas neoliberales eran abandonadas en la mayoría de los países industriales.

Keynes explicó al principio del último capítulo de la Teoría General que “los vicios más destacados del mundo en el que vivimos son que no sabemos asegurar el pleno empleo y que la distribución de la riqueza y el ingreso es arbitraria e injusta. La redistribución del ingreso que proporciona la posibilidad de aumentar el consumo contribuye de manera decisiva al crecimiento económico”. Y se puede agregar que la justicia social es una condición determinante para aumentar la eficacia económica. Ese es el nudo gordiano del problema y no la satisfacción de las exigencias infinitas de los más ricos. Las vicisitudes actuales y la ofensiva de los que ganaban plata durante la convertibilidad gracias a la pobreza creciente de los argentinos más humildes, se han quedado anclados en pasado. Luego del fiasco del neoliberalismo, urbi et orbi, los defensores de la doctrina neoliberal, como lo señaló Paul Krugman, muestran una animosidad particular hacia todas la medidas de políticas económicas públicas que puedan incrementar el empleo, a lo cual se agrega una aprensión más general a que las ideas y políticas keynesianas constituyan una legitimación de la intervención del Estado.

El fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa debe leerse en ese sentido. Si para los capitales especulativos se trata de ganar plata, como sea, para sus seguidores argentinos esto constituye un problema político y de alguna comisión oculta. Poner de rodillas al país les permitirá explicar a los argentinos que ello se debe a la impericia de los que gobiernan. Los que produjeron la deuda no pueden admitir su fracaso.

Pero esto pone a la vez de manifiesto el poder corruptor del dinero. En su reciente libro Le capitalisme au XXI siècle, Thomas Piketty advirtió que la concentración del ingreso y del patrimonio en el 1 por ciento de las personas que ganan más, amén de ser perjudicial para el crecimiento económico, terminaría provocando el deterioro del funcionamiento de las instituciones en las que se fundan nuestras democracias. Esta concentración de la riqueza da, a quienes la detentan, la posibilidad de corroer los principios democráticos y suscitar comportamientos indebidos por parte de aquellos que dirigen dichas instituciones. Este reciente fallo a favor de los capitales especulativos que poseen viejos bonos de la deuda soberana argentina pronunciado en Nueva York muestra que lo que predecía mi colega, lejos de ser una hipótesis excéntrica e improbable de un profesor universitario despistado, se transformó en una realidad presente y palpable.

Los expertos internacionales (y del propio FMI) han recibido el laudo con violentas críticas. Martin Wolf, el reconocido editorialista del Financial Times, señaló el extravío del juez y usó la palabra extorsión para calificar esta situación. Georges Ugeux, ex presidente internacional del New York Stock Exchange y profesor en la Columbia Law School, señaló que “moralmente darles más a los ‘fondos especulativos buitres’ que a los otros es inaceptable”, mientras que Nouriel Rubini, que no es un amigo del gobierno argentino, ha escrito, alarmado, que impedir, de facto, las reestructuraciones de las deudas soberanas tendrá un efecto desastroso tanto para los deudores como para los acreedores. Los primeros no podrán pagar y lo segundos no podrán cobrar.

La preocupación de los observadores internacionales contrasta con la postura de los lobbistas argentinos de los capitales especulativos que apoyan el fallo de un juez extranjero y sostienen que hay que pagar sin chistar, ya que de otra manera se caerá nuevamente en default, lo cual no es cierto

* Docteur ès Sciences Economiques.

Ex consejero regional d’Ie de France (por el Partido Socialista)

Autor del libro Le peronisme: de Peron à Kirchner, Ed. L’Harmattan, París, mayo de 2014.

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