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La nueva ley de abastecimiento económico, que forma parte del paquete de leyes en defensa del consumidor que presentó el oficialismo para su tratamiento en el Congreso Nacional, ha sido rechazada por el establishment en forma unánime. Así lo expresaron en un comunicado los titulares de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. En el mismo indican que ese proyecto de ley no genera “confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico” y que terminará “fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos”.

Que una ley destinada a garantizar el normal abastecimiento del mercado sin abusos en el establecimiento de los precios sea acusada de generar desabastecimiento y subas de precios parece un contrasentido. Sin embargo, no falta la teoría económica que lo respalde, al indicar que el Estado, en su intento de fijar un precio máximo, interfiriendo en las señales de mercado, termina provocando una retracción de la oferta de bienes que deriva en el desabastecimiento y una posterior suba de precios. Lo que pasan por alto esos popes empresariales es que dichas teorías sostienen que ése es el caso de los mercados competitivos donde las empresas producen lo máximo que pueden vendiendo a un precio que alcanza a cubrir los costos y una ganancia mínima empresarial. En esa situación, la imposición de un precio menor al de mercado no permite que las empresas cubran sus costos mínimos y provoca que terminen abandonando el mercado.

El caso es distinto, aun para la teoría ortodoxa, cuando se trata de mercados mono u oligopólicos, donde las grandes empresas regulan las cantidades vendidas para generar alzas de precios que les brinden ganancias extraordinarias. En esa situación, la imposición de un precio máximo que permita cubrir los costos de producción junto a una ganancia normal impide la obtención de rentas extraordinarias especulando con alzas de precios provocadas por la restricción artificial de la producción. De esa manera, se genera un marco institucional que estimula a las empresas a competir por calidad produciendo de acuerdo con sus capacidades productivas. Sin embargo, estas abstracciones sobre el funcionamiento del mercado muchas veces pasan por alto las disputas de poder que atraviesan el acontecer económico. Es así como los grandes conglomerados empresarios pueden provocar el desabastecimiento, no porque las regulaciones les impidan un normal funcionamiento económico, sino simplemente como una forma de presión política para eliminar las regulaciones que disminuyen sus rentas extraordinarias. La experiencia de las retenciones móviles que, si bien mantenían una rentabilidad elevada al sector, sufrió el embate patronal hasta lograr su derogación, es aleccionadora al respecto. El stockeo de granos para forzar una devaluación que genere rentas extraordinarias es otro ejemplo de cómo la supuesta baja de la producción exportable generada por un supuesto retraso cambiario es en realidad la manifestación del poder de extorsión de ciertos grupos económicos

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