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Recurriendo permanentemente al endeudamiento externo, los gobiernos liberales y antiestatistas fueron en los hechos algunos de los más decisivamente intervencionistas. La deuda neoliberal fue el mayor intervencionismo estatal a favor de unos pocos muy poderosos y en contra de la inmensa mayoría de la población.

El conflicto con los fondos buitre reabrió el debate sobre la deuda externa. Más allá del desenlace que tenga este capítulo de la traumática historia del endeudamiento externo, interesa observar un aspecto de la cuestión que puede servir para rever miradas e interpretaciones sobre la intervención del Estado en la economía desde 1976 hasta la crisis de 2001.

Como sabemos, el drama de la deuda externa comenzó con el plan económico de la última dictadura cívico-militar, que recibió una carga de unos 7000 millones de dólares en 1976, y entregó el poder a Raúl Alfonsín en diciembre del ‘83 dejando una ya inmanejable herencia de unos 45.000 millones de dólares de deuda externa total. Durante el mandato radical, la deuda pública creció hasta alcanzar los 60.000 millones de dólares en 1989, en un país permanentemente al borde de la cesación de pagos y un deterioro creciente de las condiciones socioeconómicas de su población. La década menemista significó el período de mayor nivel de endeudamiento externo del sector público, alcanzando los 122.000 millones de dólares en 1999.

Lo que interesa resaltar es el hecho de que la mayor parte de ese pesadísimo endeudamiento fue tomado por dos gobiernos –el militar y el de Menem–, que adhirieron fielmente a los postulados del neoliberalismo, una de cuyas máximas ha sido –y sigue siendo– la crítica y la lucha contra el llamado intervencionismo estatal. De hecho, una de las frases célebres que ha dejado para la historia la dictadura cívico-militar afirmaba que debía “achicarse el Estado para agrandar la nación”. Y a poco de asumir, el ministro civil del poder militar, José Alfredo Martínez de Hoz, sostenía que “se abre un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica, para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”. Cabal definición de pertenencia al dogma liberal y antiestatista que, sin embargo, no impidió que ese gobierno protegido contra el virus del intervencionismo decidiera estatizar la deuda privada de los grandes grupos económicos. Para ese liberalismo tan particular, cargarle al Estado millones de dólares de deudas particulares parecía no ser un estatismo agobiante para el resto de la sociedad, que debería pagar desde entonces lo que unos pocos habían usufructuado.

El gobierno de Menem llevaría este ideal liberal al plano de una religión. Decenas de empresas privatizadas, liberalización del comercio exterior, desregulación de las relaciones capital-trabajo. Un retiro masivo del Estado en áreas que había ocupado durante décadas y al mismo tiempo, otra vez, un Estado muy activo en la toma de deuda externa. Entre 1994 y 1999, cuando la fiesta privatista y su ingreso de divisas había casi concluido, la deuda pública total pasó de 74.600 a 121.876 millones de dólares.

Así el uso del lenguaje político y mediático de las últimas décadas fue instalando una acepción del concepto de intervencionismo según el cual el Estado intervine cuando realiza una expropiación, controla el tipo de cambio, impone impuestos, maneja empresas propias, regula precios, o adopta políticas sociales. Pero jamás suele entenderse que el Estado interviene en la economía cuando decide pedir millones de dólares en préstamos que deberán devolver, con sus intereses y consecuencias, las generaciones futuras. Según la interpretación dominante, nacionalizar una empresa o imponer impuestos al comercio exterior son claros ejemplos de intervencionismo estatal. Pero emitir títulos de deuda o tomar préstamos de un organismo multilateral parecieran ser medidas adoptadas por alguna necesidad, desprovistas de toda ideología o intereses particulares por detrás de ellas.

Sin embargo, toda intervención estatal descansa, en definitiva, en una decisión del poder político. Intervenir no es más que decidir; adoptar políticas, impulsar leyes, a sabiendas de quiénes serán afectados y quiénes favorecidos por tal decisión. Si el Estado expropia una empresa, toma una decisión con ganadores y perdedores. Cuando el Estado decide endeudarse ocurre exactamente lo mismo. En ambos casos, el Estado interviene en la economía con múltiples efectos.

Bajo la concepción anterior, el perfil ideológico de la dictadura cívico-militar y el gobierno de Menem adoptan otro matiz. Ambos se distinguieron a lo largo de sus mandatos por la permanente decisión política de recurrir al financiamiento externo, lo cual supuso un constante intervencionismo estatal orientado a la captación de divisas vía endeudamiento.

En uno y otro caso, el Estado intervino en la economía tras la decisión del gobierno de turno de llevar adelante una política económica que sólo podía sostenerse en base a la toma recurrente de deuda externa, favoreciendo a determinados grupos de poder y perjudicando a otros sectores de la sociedad. Así los gobiernos que tradicionalmente han sido considerados liberales y antiestatistas fueron, en los hechos, más decisivamente intervencionistas.

Fue un intervencionismo determinante, ya que durante largos años la decisión de endeudar al país favoreció a poderosos grupos locales y multinacionales que dispusieron así de las divisas necesarias para fugar sus ganancias internas, mientras una franja de la clase medía disponía de ellas para viajes al exterior o comprar artículos importados. Frente a ello, el endeudamiento obligó a disponer una creciente parte del presupuesto al pago de intereses acumulados, haciendo que la parte de los recursos destinada a salud, educación, jubilaciones, transporte o energía se redujera sin pausa. El intervencionismo estatal durante el neoliberalismo expresó una clara decisión política que suponía endeudar al país para sostener una política económica que profundizaba las desigualdades y aumentaba los privilegios.

En definitiva, endeudar al Estado en unos 150.000 millones de dólares, llevándolo hasta la insolvencia e imponiéndole inmensas limitaciones en su capacidad de impulsar el desarrollo para el conjunto de la población, puede considerarse el mayor y más determinante caso de intervencionismo estatal en nuestra historia. Decisiones tomadas 40 o 20 años atrás siguen impactando en la vida cotidiana de cada ciudadano, cuando se destinan cientos de millones de dólares para devolver préstamos pasados en vez de orientar dichos recursos a mejorar un ramal ferroviario, construir una ruta o levantar un hospital en una zona carenciada.

La deuda neoliberal fue el mayor intervencionismo estatal a favor de unos pocos muy poderosos y en contra de la inmensa mayoría de la población. Ojalá el capítulo con los buitres sirva para aprender estas lecciones y empezar a llamar a las cosas por su nombre

* Licenciado en Ciencia Política (UBA).