Mejorar los ingresos reales de los sectores más vulnerables debe ser un objetivo irrenunciable de una política progresista. Probablemente, los habitantes urbanos que usamos para cocinar, calefaccionar y bañarnos el gas natural en red no percibimos la incidencia que en términos de costo y calidad de vida tiene la falta de este combustible. Quizás por ese motivo no aparece –más que marginalmente– en la agenda política y económica. Sin embargo, el gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas y cilindros es utilizado en aproximadamente 4,5 millones de hogares del país, por lo cual se estima que casi 17 millones de habitantes –en su casi totalidad compuestos por estratos de menores ingresos– dependen de él para atender sus necesidades.
La garrafa de 10 kilos valía antes de la devaluación un promedio de 10 pesos, ubicándose ahora entre 22 y 25, con un aumento aproximado del 140 por ciento. La rebaja del precio anunciada a principios del corriente mes por las principales empresas del sector, no constituye una modificación relevante que altere esta situación.
La producción de GLP en nuestro país es de casi 3 millones de toneladas anuales, repartiéndose la misma en partes prácticamente iguales entre la exportación y el mercado interno; en este último, casi el 70 por ciento es consumo residencial u hogareño. Importa señalar que el GLP (específicamente gas propano) constituye un producto básico y su precio internacional está influido por el precio del petróleo crudo. En consecuencia, el precio interno del gas en garrafa tiende a seguir las variaciones del precio internacional del GLP y del tipo de cambio. Por otra parte, la producción local de GLP se encuentra altamente concentrada y con un actor dominante, en un mercado poco transparente.
Recientemente hemos presentado un proyecto de ley integrado por tres medidas. En primer lugar, incrementar al 20 por ciento el actual derecho de exportación de GLP de 5 por ciento. Al reducir así el precio efectivamente percibido por las exportaciones, ello debe reflejarse en una baja del precio interno del gas envasado. En segundo término, se propone la disminución al 10,5 por ciento de la alícuota del impuesto al valor agregado aplicado a las ventas de GLP, con la finalidad de contribuir a la baja del precio final del gas en garrafa y cilindro. La consecuente reducción de los ingresos fiscales tendería a ser compensada por el aumento de los mismos a raíz del propuesto incremento del derecho de exportación. Finalmente, se propone que el Poder Ejecutivo –a través de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia– fije y difunda públicamente, precios de referencia del GLP para los consumidores finales
Más allá del alcance de esas medidas, resultará necesario emprender un avance legislativo para tener un régimen regulatorio para este mercado.