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Hace unas semanas, una fundación vinculada con uno de los mayores grupos editoriales del mundo con expansión en otros rubros de la comunicación y el entretenimiento, publicó su Indice de Transformación de Bertelsmann (BTI, por sus siglas en inglés). El índice ordena a los países del mundo en función de su cercanía o lejanía con el objetivo de alcanzar el grado de “democracias constituidas bajo el imperio de la ley y de la economía de mercado basada en principios de justicia social”. De acuerdo con el ranking BTI de 2014 difundido por algunos medios locales opositores, “las perspectivas de la Argentina de alcanzar un desarrollo sostenible político y económico siguen siendo poco prometedoras” debido, entre otras cosas, a “inestabilidad política, la inflación, la falta de acceso al financiamiento, las restricciones a la importación, la corrupción y la ineficiencia de la burocracia gubernamental”.

Las restricciones cambiarias, la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, la no independencia del Banco Central, también engruesan las críticas de un informe que utiliza artículos de los principales diarios opositores como fuentes de información. En materia social, pese a señalar a la amplia cobertura de la Asignación Universal y de la política jubilatoria como las que permitieron reducir la pobreza y la pobreza extrema en “dos tercios desde el 2001”, termina concluyendo que “la protección social en Argentina no suma a un sistema coherente, pero es más bien una colección de las intervenciones individuales y programas aislados”. Es así como ubican a la Argentina en los puestos más bajos de la región, sólo superando a Venezuela, Bolivia o Paraguay.

La confección del índice se realiza a partir de una serie de objetivos sociales considerados deseables que van desde la participación civil en política o la disminución de la pobreza y la desigualdad, mezclados con metas económicas liberales como la apertura comercial y las privatizaciones. Sin embargo, más polémica aún es la forma de considerar la cercanía de un determinado país a la realización de dichos objetivos. Lejos de la búsqueda de indicadores cuantitativos que permitan una medición relativamente objetiva y comparable entre países, el BTI se basa para su elaboración en la opinión de un grupo de “expertos”.

Para el caso de Argentina, la “experta” que participa de la elaboración del índice es Liliana de Riz, una profesional opositora al Gobierno que califica a la ley de medios como un ataque a Clarín, la búsqueda de democratización de la Justicia como un intento del Ejecutivo para controlar al Poder Judicial y considera a los cacerolazos opositores como una muestra de “ciudadanía con voluntad de poner límites a la manipulación de la opinión que practica sin cesar este gobierno” (Clarín 8/5/13).

El lugar otorgado por los medios opositores al índice realizado por una opositora profesional para la fundación de un grupo económico extranjero, contrasta con el silencio con que recibieron al “índice de calidad del crecimiento para los países en desarrollo” elaborado por el Fondo Monetario Internacional a partir de indicadores objetivos de crecimiento económico con otros de acceso a la salud y a la educación. El organismo al que pocos se atreverían a calificar como kirchnerista, indicó que entre 2004 y 2011 (período similar al considerado por el BTI), Argentina ocupó el tercer lugar en un ranking de más de 90 países en lo que respecta a calidad del crecimiento, superando al resto de los países de la región que se ubicaron muy por debajo: Uruguay 7; Colombia 10; Perú 11; Brasil 15; Chile 17; entre otros

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