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La Asociación Internacional de Mercados de Capitales anunció, el 29 de agosto pasado, la decisión para modificar las reglas y normas a aplicar en futuras reestructuraciones para evitar un nuevo caso como el de Argentina.

Según un comunicado de la ICMA, los nuevos términos y las modificaciones incorporadas en los casos de las “cláusulas de acción colectiva” (CAC) y la cláusula “pari passu” permitirían en adelante que los cambios aceptados por una mayoría de tenedores de bonos sean legalmente vinculantes para todos. Los abogados de la organización han declarado al respecto que “los riesgos potencialmente adversos a nivel mundial del cese de pagos y la reestructuración de la deuda argentina demuestran la importancia de disponer de términos contractuales claros y sin ambigüedades en los bonos soberanos”.

ICMA constituye una organización reconocida a nivel mundial y posee una gran influencia en el mercado global, sirviendo como referencia para importantes bancos de inversión, tanto de gran tamaño como para algunos más pequeños. También asesora a administradores de activos y del mercado cambiario, bancas centrales, firmas de abogados y otros profesionales de las finanzas. Cuenta con 450 miembros en 52 países del mundo. Su intervención y su reconocimiento de la problemática argentina, por lo tanto, es una señal importante que, si bien no tiene influencia directa sobre la resolución del conflicto, sí impacta sobre la apreciación generalizada del litigio y contribuye a generar un acuerdo en torno de la necesidad de modificar las legislaciones internacionales de reestructuración.

Las reglas propuestas por la entidad se aplicarán a las deudas gestionadas por al menos uno de sus integrantes, por lo que se espera que se difundan en todo el mundo, dado su tamaño y la importancia que revisten. Además, el ICMA señaló que la interpretación de la cláusula “pari passu” conlleva “una considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones”.

En ese mismo sentido se han manifestado algunos importantes referentes económicos del escenario internacional, como Joseph Stiglitz y Robert Solow, ambos premios Nobel de Economía –2001 y 1987, respectivamente–. En una carta enviada a las autoridades de las Naciones Unidas, declaran la creciente necesidad de elaborar una convención para la reestructuración de la deuda soberana.

La carta detalla que “los mercados de deuda soberana juegan, hoy día, un destacado rol en la economía global. Si bien el acceso al financiamiento puede ser particularmente vital para los países en desarrollo y mercados emergentes, resulta sin dudas importante para todos los países. Las crisis por deuda soberana pueden interrumpir procesos de desarrollo de forma significativa”. A esto cabe agregar las múltiples declaraciones que en ese sentido se han hecho en la mayoría de los foros multilaterales, como por ejemplo en la cumbre del G77+China, celebrada en Bolivia el pasado junio, o la cumbre de la OEA, donde sólo Canadá y Estados Unidos se manifestaron en contra de la posición argentina: “Es ampliamente reconocido que en dichas circunstancias debería existir una forma de reestructurar las deudas. La necesidad de un nuevo comienzo ordenado es tanto una cuestión de eficiencia como de equidad”, cierra el comunicado enviado a la ONU.

En el plano local, Argentina continúa haciendo frente a la situación a la que Griesa ha empujado al país, y en función de la clara falla que ha tenido el BONY (Banco de Nueva York) en su rol de intermediario, a la hora de garantizar a los acreedores el cobro que se encuentra a su disposición. El país hace uso de su potestad de cambiar de agente fiduciario. Cumpliendo con el artículo 75 de la Constitución Nacional (que determina la participación del Congreso en asuntos relacionados a la deuda), el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley –que fue aprobado– que en primer término implica el reemplazo del BONY por Nación Fideicomisos, pudiendo de esta manera asegurar la concreción de la cadena de pagos. Al mismo tiempo, ofrece a los bonistas la posibilidad de designar otro agente que garantice el cobro. Y abre un canje voluntario, donde los acreedores pueden cambiar la jurisdicción de sus bonos para no seguir atados a las irracionales disposiciones del juez.

David Martínez Guzmán –socio del Grupo Clarín con el 40 por ciento de Cablevisión, principal accionista de Telecom Argentina y titular del Fondo de Inversión Fintech Advisory– afirmó estar dispuesto a canjear los títulos de la deuda pública en su poder por bonos bajo jurisdicción nacional para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”, tal como adelantó este diario hace algunas semanas. De esta manera se estaría sentando un importante precedente para otras eventuales aceptaciones.

Lo importante es que Argentina continúa negociando sin claudicar en el principio que rige desde 2003: “crecer para pagar”. Y sienta un precedente histórico para las reestructuraciones de deuda que no tardarán en llegar, ahora con el apoyo de la ONU, importantes entidades, organizaciones y profesionales de reconocimiento mundial.

* Integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

www.geenap.com.ar