Es necesario remontarse a 1977 para ver el comienzo de lo que se denomina el “ciclo largo del endeudamiento externo”. En aquel año, la dictadura cívico-militar implementó la reforma financiera que, entre otras cosas, vino a suplantar un modelo de acumulación basado en la industrialización por otro basado en la valorización financiera. En pocas palabras, esto implicó que la mayor rentabilidad ya no estaba en la industria sino que especular financieramente era más rentable que abrir una fábrica. Esta reforma junto con la nacionalización de los depósitos, la libertad por parte de las empresas para endeudarse en el exterior, cualquiera sea el fin, sumado a otras medidas, hicieron crecer de manera galopante la deuda externa. El gobierno alfonsinista, lejos de revertir esta nueva política, dejó que la situación se agravara. A finales de esa década y con el nuevo gobierno menemista se implementó el Plan Brady.

Este consistió en reestructurar la deuda externa en poder de los bancos bajo la excusa de generar un mayor nivel de inversión que posibilitara mejorar la capacidad de pago. Lo que se escondió detrás de esa reestructuración fue el peso político del cambio de acreedores. Es decir, Argentina dejaba de deberles a los bancos y pasaba a concentrar su deuda en organismos multilaterales de crédito (FMI y Banco Mundial, principalmente). Pocas manos tenían el grueso de la deuda externa implicando un enorme poder de negociación para los tenedores de deuda.

Este enorme poder de negociación implicó que los organismos multilaterales de créditos subordinen la política económica local. Así Argentina ingresó en un ciclo perverso de la deuda externa en donde más se endeudaba, menos capacidad de pago tenía y más se retrotraía su economía, al punto de deber en 2002 el equivalente al 166 por ciento del PBI.

Ningún acreedor presta dinero si sabe que no lo va a recuperar.

Las privatizaciones sirvieron entonces como pago de esa deuda externa. Se transfirieron las grandes empresas del Estado, todas con muchísimas facilidades, a una comunidad de negocios compuesta por empresas transnacionales que actuaron como operadoras, bancos internacionales que aportaron los papeles de deuda y las empresas nacionales que aportaron su capacidad de hacer lobby ante las autoridades nacionales.

En 2001, con el estallido sociopolítico y económico, Argentina ingresa en cesación de pagos y luego organiza la reestructuración de deuda.

En 2003, ante la Asamblea de la Naciones Unidas, el entonces presidente Néstor Kirchner proclamó: “Los muertos no pagan las deudas”. Esta frase refleja la idea base de la reestructuración de deuda por la cual se solicitó a los bonistas que aceptaran una quita (entre 60 y 65 dólares por cada 100) de manera de que Argentina pueda volver a crecer y así recuperar capacidad de pago. En 2005, el 75 por ciento de los bonistas aceptó e ingresó al canje de deuda y con el proceso abierto en 2010 se llegó al 92,4 por ciento del total.

Previo al primer canje de deuda es cuando aparecen los fondos buitre (una parte de los holdouts) comprando por centavos los bonos de deuda. Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión que invierte en una deuda pública en default. El modus operandi consiste en comprar en el mercado deuda de Estados y de empresas al borde de la quiebra por un porcentaje mínimo de su valor nominal y luego en base al lobby institucional litigar o presionar por el pago del ciento por ciento de este valor más intereses.

Luego de una serie infructuosa de embargos contra la Argentina (los más recordados fueron el de la Fragata Libertad y el del avión presidencial Tango 01), los fondos buitre encontraron el gran tesoro del que pretenden apropiarse: Vaca Muerta.

En 1931 se publicó el descubrimiento de la Formación Vaca Muerta, que por su composición era de difícil puesta en funcionamiento, dado que no existía en aquella época la tecnología necesaria. En noviembre de 2011 se anunció que las reservas probadas del yacimiento podían estimarse en torno de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo, de los cuales 741 millones corresponden a petróleo y el resto a gas. En febrero de 2012, YPF elevó la estimación de reservas a 22.500 millones de barriles equivalentes a petróleo.

Apoyados por el Poder Judicial norteamericano y por la administración Obama, los fondos buitre buscan con fallos cuestionados y ante la oposición del grueso de la comunidad internacional hacer caer la reestructuración de la deuda para generar otro ciclo de endeudamiento.

De aceptar el fallo del juez del distrito sur de Nueva York (Manhattan) Thomas Griesa, Argentina debería pagarle al fondo NML Elliot cerca de 1600 millones de dólares. Luego, el resto de los holdouts reclamaría igual trato, por lo que el pago ascendería de 15.000 a 25.000 millones de dólares. Si esto sucediera, los holding (bonistas reestructurados) pedirían que se gatille la cláusula RUFO para equipararse a los holdouts. El monto total de la deuda a emitir superaría los 120.000 millones de dólares (cuatro veces las reservas del BCRA).

Argentina no puede afrontar el pago de esta deuda, por lo que debería endeudarse. Lo que implica que se volvería a subordinar la política económica a los acreedores externos. Ya dijimos que ningún acreedor presta si cree que no va a cobrar. Aquella vez cobraron a través de la privatización de las empresas públicas, hoy pretenden cobrar con Vaca Muerta.

Los fondos buitre buscan poner de rodillas al país y así hacerse con los derechos de explotar Vaca Muerta. Para eso implementaron un mecanismo consistente en instalar en la sociedad el miedo al colapso inminente de no acatar urgentemente el fallo Griesa, y esto implica hacerlo bajo cualquier condicionamiento sin importar la justicia del reclamo.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).