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Por Josefina Vaca y Horacio Cao

Una de las características de la Argentina es la de contener territorios con marcadas diferencias en su nivel de desarrollo. Así, pueden distinguirse regiones con población que muestra indicadores de nivel de vida asimilables a los de la periferia europea (por ejemplo, Portugal), mientras que otras presentan guarismos parecidos a los del Africa subsahariana. Esta situación, que viene de larga data, implicó a lo largo de la historia, el despliegue de políticas económicas específicas y arreglos institucionales particulares dirigidos a soldar de alguna manera las profundas asimetrías territoriales.
Dentro de las primeras se destacaban las acciones tendientes a permitir el surgimiento de las llamadas “economías regionales”. De esta manera, se construyó todo un sistema de subsidios a la oferta que eliminaban la competencia extranjera, que hicieron viables los emprendimientos “regionales”. En lo institucional, la forma federal de gobierno facilitaba a las clases dominantes de las provincias un espacio desde donde asegurar su supervivencia. Este aspecto estuvo limitado entre 1930 y 1983 por los golpes militares que desnaturalizaban las garantías de autonomía provincial.
El equilibrio entre los dos elementos mencionados asumió una situación paradojal en el último segmento del siglo XX. Por un lado, las políticas de ajuste estructural desarmaron los mecanismos de subsidio y protección arancelaria que habían permitido el desarrollo de las economías regionales. Por otro, la continuidad constitucional revalorizó las organizaciones de cuño federal. Esto fue particularmente importante en el caso de las provincias de menor desarrollo relativo, ya que este tipo de instituciones valoriza por igual a cada provincia, independientemente de sus características específicas.
Este escenario, en el marco de la apoteosis del desguace del sector público, terminó generando que la política del Estado nacional hacia las provincias se centrara casi exclusivamente en las transferencias fiscales. Tendencialmente, este mecanismo era más efectivo para sumar aliados cuanto más pobre y pequeña fuera la provincia en cuestión. Estas transferencias permitieron que las administraciones provinciales fueran sustituyendo progresivamente las producciones regionales en crisis, garantizando un cierto nivel de empleo, inversión y actividad. De la misma forma, fueron la fuente de financiamiento de redes clientelares y prebendarias que sostuvieron la gobernabilidad provincial.
Incluir en la agenda de temas políticos y económicos la necesidad de cambiar esta realidad tiene que ver con la ética: resulta inaceptable que los habitantes de Formosa, por mencionar sólo un caso, tengan un nivel de vida y de posibilidades varias veces inferior al de sus connacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tiene que ver con que mientras la mejor opción para las jurisdicciones de la periferia sea vivir de trocar transferencias extraordinarias a cambio de apoyo político, el poder provincial estará siempre a tiro de ser capturado por cualquier aventurero que luego no tendrá escrúpulos en alinearse detrás de la política nacional más impensada.