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La Mesa de Enlace, integrada esta vez sólo por tres entidades (SRA, Coninagro y CRA), reclamó nuevamente a través de sus dirigentes que “el campo está agonizando, herido por las erróneas políticas que ha llevado adelante el Gobierno en los últimos 12 años”. Este fue el espíritu del documento de convocatoria al lockout del 11 de marzo, con cese de comercialización de granos y carnes.

La medida culminó con un rotundo fracaso. No sólo porque ese pliego de reclamos fue insuficiente para convocar apoyos sino que, adicionalmente, el acercamiento entre la FAA y el gobierno nacional, junto con el anuncio de medidas para segmentar las retenciones a las exportaciones, resquebrajó el funcionamiento vigente hasta hoy de la Mesa de Enlace.

El documento de la Mesa de Enlace critica esencialmente el rol del Estado: la “intervención perniciosa” en el mercado. Ese tipo de demanda, políticamente sesgada, pudo haber sido suficiente para aunar voluntades del sector cuando años atrás el precio internacional de los commodities estaba “por las nubes”, con una masa de ingentes ingresos extraordinarios detrás de la cual se ocultaban diferencias de miradas. Pero distinto escenario se produce hoy, con precios internacionales a la baja, situación que arrojó ganadores y perdedores (con distintas espaldas financieras), y develó así una vez más las heterogeneidades existentes en el interior de la Mesa de Enlace. En este contexto, el análisis (y la reacción) de pequeños y medianos productores mutó en una mirada política diferente: reconocer en el Estado al único garante posible para evitar que, con este nivel de precios, los pequeños y medianos sean los fusibles de la situación.

De hecho, las negociaciones mantenidas previamente al lockout persuadieron a muchos productores de participar de la medida. El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner implicó la segmentación de retenciones para los pequeños y medianos productores de granos cuya escala de producción se ubique por debajo de las 700 toneladas. La iniciativa, que alcanza al 70 por ciento de los productores (46.121 chacareros), crea un fondo de 2500 millones de pesos para ser depositados en las cuentas bancarias de los productores, que en su conjunto generan el 12 por ciento de la producción total (aunque el 80 por ciento de los productores acceda sólo al 30 por ciento de la renta).

Al anuncio sobre segmentación de retenciones se deben considerar además las políticas sectoriales adoptadas y la evolución real en cada producción.

u Trigo. Los reclamos en contra de los cupos de exportación hacen oídos sordos de una cuestión central: la necesidad de contar con stock suficiente para cubrir la demanda interna que permita que el precio del pan (en un país que produce trigo y se autoabastece) no se encuentre condicionado por el precio internacional.

Es cierto que hay comportamientos tendientes a provocar transferencia de recursos en el interior de la cadena de valor, pero no como resultado de la “intervención perniciosa” del Estado en el mercado, sino como expresión de la resistencia de algunos actores a la aplicación de los cupos de exportación, especulando con el precio internacional. Los eslabones concentrados de la cadena de comercialización (las diez primeras empresas exportadoras concentraron el 73 por ciento de las ventas de trigo al exterior en 2014) han aprovechado su poder para stockear con el objetivo de obtener ganancias extraordinarias y compensar la merma de ingresos por la caída del precio.

Tal como se indicó anteriormente, el saldo exportable está sujeto a la disponibilidad destinada al mercado interno. En este sentido, debe señalarse que para combatir el descuento abusivo que les imponen las empresas exportadoras concentradas a los productores de trigo (la diferencia entre el precio del trigo que se debería abonar, FAS teórico, y el precio que efectivamente pagan, que es el precio del trigo disponible del MATba), el Gobierno habilitó la entrega de ROE a los exportadores si demuestran haber abonado el FAS teórico a los productores. Esto expuso el accionar especulativo dentro de la cadena de producción.

En materia de producción de trigo, se observa un crecimiento significativo: 44,1 por ciento de aumento en la superficie respecto de la última campaña y 51,1 por ciento en la producción, alcanzando los 13,9 millones de toneladas. Estas cifras son superiores a las registradas antes de aplicarse los ROE (en la campaña 2005/06 se registraron 12,6 millones de toneladas y 14,5 millones en la campaña 2006/07) e incluso superiores al promedio alcanzado en los ’90, de 12,6 millones de toneladas.

u Maíz. Si bien cayó 9 por ciento respecto de la campaña anterior (que fue record), se espera una significativa producción de 30 millones de toneladas. Se registra un incremento en las últimas campañas de la molienda y del consumo animal de esta producción. En lo que refiere a los costos, se evidencia una disminución por hectárea, aunque con aumento en la comercialización según Márgenes Agropecuarios, lo cual evidencia que la caída en la rentabilidad estuvo mayormente impulsada por la disminución de los precios.

El Gobierno ha implementado dos políticas estructurales para la disminución del costo de flete, con amplio impacto en distintos cultivos: la recuperación del tren como medio de transporte de cargas (el Belgrano Cargas permite triplicar la carga y duplicar la velocidad para las economías regionales), y la Hidrovía Paraguay-Paraná para el caso del NEA.

u Leche. Lejos de los reclamos sobre la caída de la producción en el sector, en comparación con 2003, la producción total de leche aumentó en un 40,7 por ciento. A su vez, el precio promedio de la leche cruda tuvo un aumento interanual del 39,9 por ciento a diciembre de 2014. Pero además, el 85 por ciento de los tamberos se beneficiará con el acuerdo para pagar 30 centavos por cada litro de leche a quienes generen hasta 2900 litros por día. Fortaleciendo además el complejo lechero más grande, en Santa Fe, también se anunció la puesta en marcha del gasoducto del norte.

u Sector vitivinícola. Afectado esencialmente por la devaluación en Rusia y por la política de España de stockeo de vino genérico, se produjo una disminución del precio internacional y de las posibilidades reales de exportación. En este marco, el Gobierno implementó una política de absorción de stocks, que implica la transferencia de 50 millones de pesos a Mendoza Fiduciaria, con el compromiso de una contraparte por parte de San Juan y Mendoza.

Producto de la aplicación de programas de inversión en el sector, entre 2005 y 2014 creció en un 26 por ciento el despacho de vinos varietales (y las exportaciones un 347 por ciento acumulado entre 2014 y 2004) y en un 89 por ciento la producción de vinos espumantes (203 por ciento las exportaciones entre 2004 y 2014). Estos últimos, beneficiados con exención de impuestos internos.

Pero la política más importante estuvo centrada en la Reglamentación del Observatorio de Precios, cuyo objetivo es el análisis de los procesos productivos y de la apropiación de la renta intracadena, determinando márgenes de ganancias de cada eslabón.

u Peras y Manzanas. Lo primero que se debe señalar sobre el Complejo Frutas de Pepitas (Peras y Manzanas) es que se verificó un crecimiento en la producción nacional en 2013 del 17,6 por ciento (pasó de 1522 a 1790 miles de toneladas) con respecto a 2003. En este sector también se ha implementado el Observatorio de Precios y Costos.

Si bien las recientes devaluaciones en países que compiten con las producciones argentinas (como Rusia) han incidido en una menor competitividad de las economías regionales, caben destacarse los incrementos productivos en las producciones de cada sector durante la década. En producción de tabaco la última campaña significó un aumento del 13,1 por ciento respecto de la precedente; en algodón en la última década aumentó un 40 por ciento la producción y 54 por ciento la superficie sembrada; en cítricos desde 2003 la producción creció 13,4 por ciento y en el complejo azucarero entre 2003 y 2013 la producción de caña molida se incrementó 13,4 por ciento y la de azúcar, 18,0 por ciento.

El acuerdo FAA-Gobierno y el fracaso del lockout patronal son dos caras de una misma moneda. Revelan una situación que pone las cosas en su lugar siete años después: los pequeños y medianos productores del lado de quien los defiende

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).