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Una de las creaciones discursivas de los economistas opositores es que la política económica del kirchnerismo se compone de medidas descoordinadas que, a modo de parches, se van tomando ante la irrupción de diversos avatares económicos. Esa falta de visión estructural de la situación económica impediría delinear un programa de medidas que resolviera en forma coordinada los problemas de fondo. Para evitar seguir atacando los síntomas superficiales de la enfermedad económica y, en cambio, enfrentar las causas profundas de lo general, haría falta elaborar un “plan integral”.

Por lo general, al momento de dar precisiones sobre los contenidos de dicho plan, los economistas que lo enarbolan como bandera suelen escaparle al bulto y expresar una serie de generalidades y frases inconexas. La causa de la imprecisión podría ser la de carecer de un plan real o, tal vez, la razón se encuentre en aquella frase de un ex presidente que alguna vez afirmó: “Si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. Con menos cintura política, un economista neoliberal de frecuente aparición mediática delineó el domingo pasado los componentes del plan integral opositor que muchos no se atreven a formular:

“Se tiene que abrir (el ‘cepo’) el 11 de diciembre, como parte de un plan integral que ataque alguna de las distorsiones. Esto implica un plan antiinflacionario que en simultáneo baje el gasto público y los subsidios, suba las tarifas, devalúe el peso al menos un 50 por ciento y ponga las tasas de interés en línea con la inflación real. También debe anunciarse ese día que se acatan los fallos de la OMC, el Ciadi, la sentencia de Griesa y se solicita un programa con el FMI” (Clarín, 15/3/2015).

Al respecto, no es difícil imaginar los resultados de ese plan antiinflacionario en el marco de una devaluación del 50 por ciento, con incremento de tarifas y tasas de interés. El experimento similar de Celestino Rodrigo, el 4 de junio de 1975, generó un salto espectacular de las tasas de inflación que, desde ese momento, pasaron a superar el ciento por ciento anual por casi dos décadas.

Abrir las restricciones a la compra de dólares en el marco de semejante estallido inflacionario daría un fuerte impulso adicional para la fuga de capitales. A esa creciente demanda de dólares se sumaría la del pago de la sentencia Griesa, los remanentes en el Ciadi y las requeridas para pagar las importaciones provocadas por la apertura económica que se esconde tras el reclamo de acatar los fallos de la OMC. La consecuente pérdida masiva de reservas internacionales pondría a cualquier gobierno contra las cuerdas, obligándolo a negociar un rescate financiero frente al FMI, condicionado al ajuste del gasto público que forma parte del plan.

La baja del poder de compra del salario, vía aceleración inflacionaria provocada por el aumento de tarifas y del dólar, junto al menor gasto público y la contracción del consumo y la inversión inducido por el impacto de la apertura importadora sobre la producción y el empleo, provocaría una fuerte crisis de la actividad económica. Ese “achicamiento” de la economía nacional iría mermando las importaciones a fuerza del infraconsumo de la población, para terminar induciendo menores compras de insumos y maquinarias importados.

De esa manera, el plan integral de la oposición lograría finalmente sus verdaderos objetivos: reconstruir una Argentina dependiente de los gestores del crédito internacional, con un mercado interno reducido a fuerza del empobrecimiento de nuestra población

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