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Si bien el golpe se produjo el 24 de marzo de 1976, fue el 2 de abril el día que eligió José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía, para anunciar un plan económico que sin dudas tuvo más víctimas que el terrorismo de Estado. Las primeras acciones de la dictadura fueron de intervención en las relaciones de trabajo, eliminando todos los derechos conquistados desde 1945 en adelante; el mismo 24 de marzo de 1976 se suspendió el derecho de huelga y se prohibió la actividad política y sindical.

En las primeras medidas llevadas a cabo por el ministro de Economía había una dirección clara: congelamiento de salarios, liberación de precios y devaluación del peso nacional en relación con el dólar. En menos de un mes se hizo desaparecer varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se modificaron otros, quedando básicamente anulados todos los principios que establecían usos y costumbres más favorables al trabajador, se eliminó la actualización periódica del Salario Mínimo, Vital y Móvil, se anuló la obligación de hacer conocer al trabajador los instrumentos de control del personal que usaba cada empresa y se generaron las condiciones para favorecer la tercerización.

Se desreguló la inversión extranjera otorgando los mismos derechos al capital nacional respecto del extranjero, se eliminaron subsidios y regulaciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, produciendo una apertura sin medidas complementarias de protección para la industria y el empleo nacional. Eran los años de la famosa propaganda televisiva donde había dos personas sentadas en dos sillas, una nacional y una importada; mientras la nacional se rompía, la importada permanecía intacta. Desde la propia televisión comandada por el Estado se instalaba que los productos extranjeros eran superiores a los nacionales.

En 1977 se inició la reforma financiera que cambió el patrón de acumulación de la economía nacional a favor de los sectores financieros especulativos. La reforma aumentaba el rol del sector financiero privado, disminuía la participación del Estado, liberaba los movimientos de fondos tanto nacionales como extranjeros y las tasas de interés. Esta reforma tuvo un papel determinante en el conjunto de la economía, modificando la rentabilidad de los distintos sectores, aumentando en forma importante las tasas de interés, afectando en forma negativa a las industrias e incentivando la valorización especulativa y generando una hipertrofia del sector: entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1179 sucursales financieras, mientras el PBI estaba estancado.

El resultado de esta reforma fue un profundo cambio en la conducta de las empresas industriales, que se vieron obligadas a tener una lógica de acción más orientada al corto plazo y a pensar en los aspectos financieros que en la cuestión productiva, afectando las decisiones en materia de inversión e incorporación de tecnología. Aquellas empresas que por su tamaño podían obtener créditos en el exterior tenían posiciones mucho más competitivas que aquellas que no tenían otra opción que financiarse con los bancos locales que tenían altísimas tasas de interés.

Los resultados generales de este plan fueron muy claros: la participación de los trabajadores en el Ingreso Nacional bajó del 45 por ciento en 1974 al 26 por ciento en 1983, la deuda externa evolucionó de 9738 a 45.038 millones de dólares, la población en hogares pobres aumentó del 3,2 al 28,0 por ciento del total entre 1974 y 1982 y las pequeñas y medianas industrias quebraron en forma masiva, concentrándose la actividad económica en los grandes grupos, como los Macri, Ledesma, Acindar, Techint.

Muchos de los grupos económicos nombrados en el párrafo anterior que fueron claros beneficiarios de la política económica de esos años no fueron actores pasivos, sino que cumplieron diferentes roles de complicidad. En algunos casos están sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como de extorsiones a empresarios poco afines para expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa. Por eso es fundamental que, así como están avanzando los juicios por crímenes de lesa humanidad, se profundicen las investigaciones a aquellos actores económicos que interesadamente promovieron/facilitaron a la dictadura militar. Los resultados de juicios como los de Blaquier o de Massot son preocupantes en ese sentido, pero como contrapartida son muy auspiciosos los trabajos encarados por Alejandro Vanoli, en la Comisión Nacional de Valores, y recientemente en el Banco Central de la República Argentina, donde a sus tareas diarias en cada uno de los organismos le sumó la dirección y conformación de equipos de trabajo cuyo objetivo es desentrañar la información existente para poder conocer mejor el rol cometido por el poder económico y financiero durante esos oscuros años

* Subsecretario de Administración. Universidad Nacional de Quilmes. Profesor. UNQ y UBA.