Por Alfredo Zaiat
En su reciente viaje a Europa, y en respuesta a la presión de accionistas españoles de las privatizadas, Néstor Kirchner señaló: “Hay una gran hipocresía cuando se protesta por la situación actual, habiendo remesado exageradas ganancias en dólares al exterior durante la década del ‘90”. Idéntica hipocresía les cabe a los organismos multilaterales de crédito que, en alianza con los principales grupos económicos locales, impulsaron, convalidaron y financiaron el acelerado y amplio programa de privatizaciones de los ‘90.
En un documento del Banco Mundial, elaborado a partir de una misión que visitó el país entre noviembre de 1991 y octubre de 1992 (Banco Mundial: Argentina. From insolvency to growth, 1993), el organismo recomendaba “para hacer más atractiva la venta de empresas públicas”, un programa oficial con los siguientes cinco mandatos:
1. La absorción de la mano de obra excedente.
2. La incorporación de la totalidad de la deuda de las empresas.
3. La reducción de la mano de obra, que se estimaba en 95.200 personas, representando un achique en alrededor del 37 por ciento de los niveles de empleados a junio de 1991.
4. Las privatizaciones deben usarse para pagar la deuda pública.
5. Los precios y tarifas deben ser a precios internacionales y la indexación debe ajustarse con el índice de precios de Estados Unidos.
Como en tantos otros campos, la Argentina fue, por lejos, el mejor alumno de la región y de los países que se denominaban emergentes. A fines de los ‘80, las empresas públicas prestadoras de servicios empleaban alrededor de 230 mil personas (equivalente a más del 2 por de la Población Económicamente Activa), mientras que a fines de los ‘90 las privatizadas ocupaban a 76 mil trabajadores (0,1 por ciento de la PEA). Buena parte de esa caída en la ocupación en el ámbito de los servicios públicos estuvo asociada a la política de “racionalización” del personal que implementó el gobierno de Menem antes de transferir las firmas estatales al capital privado. Proceso que fue financiado, entre otras instituciones, por el Banco Mundial, con los programas de retiros voluntarios.
Si se considera, adicionalmente, que una vez en manos privadas muchas compañías profundizaron la política de expulsión, al tiempo que avanzaron en la precarización de las condiciones laborales y en la tercerización de actividades, se concluye que las privatizaciones han tenido un papel decisivo en la explicación de la profunda crisis del mercado laboral.
En línea con esas “recomendaciones” del BM, el Estado se hizo cargo de casi la totalidad del abultado endeudamiento externo que tenían las empresas públicas. Engrosado ese pasivo, en buena medida, en el período pre-privatizador como instrumento para convalidar socialmente la “ineficiencia estatal” en la administración de los bienes públicos. Y, por esa vía, justificar la política privatizadora. Al recibir empresas sin pasivos, los consorcios adjudicatarios pudieron encarar un importante ciclo de endeudamiento externo, que fue la contrapartida de las cuantiosas ganancias registradas. Ahora, proponen cerrar ese ciclo mediante la estatización de las deudas o la instrumentación de desmedidos aumentos tarifarios para pagar esos pasivos.
El mejor alumno también siguió los consejos de su “maestro” BM y en casi todos los sectores (electricidad, gas, telefonía) se dolarizaron las tarifas y se las ajustaron de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos, en contradicción con las taxativas disposiciones de la Ley de Convertibilidad. Mediante ese mecanismo, las privatizadas se apropiaron “ilegalmente”, entre 1991 y 2001, de recursos por un monto superior a los 10 mil millones de dólares, según un estudio realizado por Flacso. Esto constituye uno de los principales elementos para explicar las extraordinarias tasas de ganancia que registraron estas empresas durante toda la década pasada, de las más altas de la economía doméstica y del mundo.
Diez años después del informe arriba mencionado, el BM cambió su discurso, olvidándose de sus “recomendaciones” originales, en un acto de hipocresía, tan o más cuestionable que el que le señalara el presidente Kirchner a los empresarios españoles, que apunta a desligarlo de su responsabilidad en la aplicación de la política privatizadora y, derivado de ello, en la crisis sin precedentes de la Argentina.
En un documento reciente se señala, y vale la pena transcribir completo el extenso párrafo, que “la presente coyuntura (abril de 2003) ha puesto en evidencia la ausencia de un marco integral de política social para los sectores de infraestructura en la Argentina, que permita amortiguar los impactos de cualquier aumento tarifario sobre los estratos más vulnerables de la sociedad. En realidad, esto se debe a que la dimensión social de los servicios públicos no estuvo muy ponderada en el momento de las privatizaciones... Una característica común de todas las estructuras tarifarias es el nivel relativamente alto del cargo fijo, cuando se expresa como porcentaje de la factura típica de un hogar con consumos cercanos al nivel de subsistencia. El porcentaje varía entre 28 por ciento para gas, hasta 70 por ciento para telefonía, y 100 por ciento en el caso de agua debido a la escasa cobertura. Por lo tanto, un hogar con conexiones a agua, electricidad y gas enfrenta costos de 18 pesos mensuales aunque no consuma absolutamente nada; mientras que un hogar con estos servicios más telefonía enfrenta costos de 34 pesos aún sin consumo. La consecuencia de esto es que por mucho que los hogares pobres intenten economizar en el uso de los servicios, existe una proporción significativa de la factura que escapa a su control”. (Vivien Foster: “Impacto social de la crisis argentina en los sectores de infraestructura”, Oficina del Banco Mundial para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Documento de Trabajo 5/03, abril 2003).
Así, después de haber impulsado y cofinanciado –junto con otras instituciones internacionales– la aplicación del programa desestatizador, el Banco Mundial descubre el impacto regresivo de las privatizaciones. Situación que, desde hace largos años, padece buena parte de la sociedad, en particular, los sectores de menores ingresos, que han tenido que destinar una proporción creciente de sus –cada vez más reducidos– ingresos para acceder y poder pagar los servicios públicos.
Además, algo que no casualmente no está presente en los actuales señalamientos críticos del Banco Mundial es su participación, a través de la Corporación Financiera Internacional, en el capital de dos de las empresas privatizadas que incurrieron en importantes incumplimientos contractuales que, en principio, podrían sustentar la rescisión de los respectivos contratos (Aguas Argentinas y Correo Argentino, ambas declaradas en default).
En otro trabajo reciente del Banco Mundial se señala que “las tarifas no deberían ser establecidas... en moneda extranjera”. También se afirma que ante una devaluación ni el Gobierno ni los usuarios de un país deben asumir el llamado “riesgo cambiario”, sino las privatizadas. “El riesgo no debería ser traspasado al Gobierno. Tampoco a los consumidores, que no ejercen ninguna influencia sobre el tipo de cambio, ni sobre la posibilidad de que los inversores recurran a mecanismos de financiamiento excesivamente expuestos al riesgo cambiario. Más aún, los consumidores carecen de resguardo natural contra el riesgo de fluctuación cambiaria, así como de alternativas realistas para cubrirse o diversificar el riesgo. Por cierto, dado que el tipo de cambio suele devaluarse en períodos de crisis macroeconómica, la capacidad de los consumidores para afrontar tarifas más elevadas tenderá a ser menor precisamente cuando el tipo de cambio se hubiere devaluado”, sostienen en otro documento del Banco Mundial, P. Gray y T. Irwin: “Allocating exchange rate risk in private infrastructure contracts”, de junio 2003.
Ante estas afirmaciones, cabe hacerse dos preguntas:
1. ¿Impulsará el BM la devolución a los usuarios de los recursos extraordinarios obtenidos por las privatizadas durante la Convertibilidad o caerá en un nuevo acto de hipocresía?
2. ¿Seguirá el BM, como lo hizo durante todo el gobierno de Duhalde, presionando por la instrumentación de distintas medidas tendientes a transferir los impactos de la devaluación sobre los usuarios y el Estado o será consecuente con sus afirmaciones e impulsará que el “riesgo cambiario” sea asumido por las privatizadas?
En Washington, además, están estudiando cambiar la denominación del Banco Mundial por las siglas YNF: Yo No Fui