El anuncio de Rogelio Frigerio, asesor económico de Macri y futuro ministro de Interior, acerca de eliminar aportes y contribuciones durante cinco años para “estimular” la contratación de nuevo empleo joven pueden sonar atractivos. Sin embargo, vale realizar las siguientes consideraciones en base a la historia argentina reciente:

1. No es verdad que no hubo crecimiento del empleo juvenil. Si bien en el segundo trimestre de 2015 la tasa de desempleo de los jóvenes se mantiene en un 19 por ciento, la misma se redujo un 42 por ciento desde 2003. La reducción del desempleo entre los jóvenes se debe, en gran medida, a la posibilidad de acceso a empleos registrados en el sector privado por parte de menores de 24 años. Según el Ministerio de Trabajo, entre 2003 y 2014, casi 300 mil nuevos puestos de trabajo registrados en empresas privadas fueron ocupados por jóvenes de hasta 24 años. De este modo, el trabajo formal de la población joven aumentó un 77 por ciento durante dicho período y, para el 2014, cerca de 676 mil jóvenes de hasta 24 años tenían empleo registrado en empresas privadas. Es la mayor cantidad desde 1998 (año en que se puede evaluar este indicador), es decir, desde hace 16 años. Precisamente, la OIT destaca que la situación laboral de los jóvenes avanzó mucho más en Argentina que en la mayoría de los países del mundo.

2. La experiencia de los noventa: la reducción de aportes no genera empleo. La reducción de aportes patronales aplicada en 1994 por Cavallo, o también denominada “devaluación fiscal” que pretendió compensar los efectos económicos perversos de la rigidez cambiaria, no significó sin embargo una mayor contratación de mano de obra sino que acrecentó las ganancias del sector empresario. Las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33 por ciento en 1994, al 17,8 por ciento (promedio) en el 2000. De hecho, uno de los picos de la tasa de desocupación tuvo lugar en 1994, con un 19,4 por ciento de desocupados.

3. La experiencia de los noventa: la reducción de aportes desfinancia al Estado. Por la rebaja de las contribuciones patronales implementadas a partir de 1994 el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos. Si se actualiza dicho monto por la inflación (al año 2005), el monto total acumulado no ingresado a la Seguridad Social rondaba los 80.000 millones de pesos. De ese total, en 2005 más de la mitad correspondía al sistema jubilatorio, mientras que el resto se repartía entre asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, PAMI y Obras Sociales, según datos de la Secretaría de Seguridad Social. En esta línea, es curioso que ya hacia 1999, ante el creciente problema de desfinanciación del sistema de Seguridad Social, Walter Schulthess (asesor de Cavallo que en 1994 insistía en que la reducción de los aportes patronales era deficitaria), señalaba que el déficit de Seguridad Social sería un problema al menos hasta el año 2004/2005 cuando muchos de esos trabajadores se jubilaran con las AFJP.

4. La experiencia de los noventa: la reducción de aportes genera concentración. Al aplicar un beneficio para todos, y siendo las empresas grandes las que contaban hacia 1994 con mayores niveles de registración (un 80 por ciento de su empleo era registrado, mientras que las pequeñas tenían mayores índices de empleo no registrado), la medida fue una transferencia de recursos aprovechada por las grandes empresas oligopólicas que de esta manera incrementaron sus rentabilidades relativas. Entre 1994 y 2000, los recursos transferidos a las fracciones dominantes locales mediante la reducción de los aportes patronales alcanzaron a 16.057 millones de pesos, que sumados a las restantes reducciones vinculadas al mercado de trabajo (como los aportes al sistema de obras sociales) totalizaron 29.960 millones de pesos. Los mismos, junto a los aportes jubilatorios transferidos por el Estado a las AFJP, totalizaron 52.332 millones de pesos.

5. La experiencia de los noventa: la reducción de aportes no reactiva la economía. Domingo Cavallo sostuvo en abril de 2014 que “tendrán que reducir muchos impuestos si quieren que la economía vuelva a crecer”, y agregó que era “alentador la reducción de los impuestos que encarecen el costo laboral de las empresas que cumplen con las leyes laborales e impositivas”.

No obstante, vale señalar que entre 1993 y 2001 el PBI de la economía creció en promedio al 1,4 por ciento anual, e incluso durante el período de especulación financiera y desindustrialización (1976-2001) el PBI creció a 1,3 por ciento anual acumulativo, es decir, niveles muy bajos. En contraste, durante el kirchnerismo el promedio de crecimiento del PBI fue de 8,8 por ciento anual entre 2003-2007 y de 4,7 por ciento entre 2008 y 2013. Asimismo, fueron negativos los principales indicadores sociales y laborales entre 1991 y 2001, con preocupantes resultados en la tasa de empleo (caída al 34,5 por ciento hacia el final de la década), tasa de desempleo (del 6 al 18 por ciento), tasa de subempleo (del 7,9 al 16,3 por ciento), población pobre (de 21,5 al 31,5 por ciento), población indigente (del 3,0 al 12,2 por ciento), y salario real (caída cercana a los 7 puntos porcentuales).

A diferencia de esta propuesta de reducción horizontal e indiscriminada de cargas patronales, la recientemente aprobada ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, beneficia a las grandes empresas de manera decreciente y establece segmentaciones (hasta 5, 15 y 80 empleados). El espíritu de esta ley no se sustenta en la idea liberal de aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y con ello lograr más trabajo, sino que se orienta a preservar y generar más empleo haciendo eje en el poder de consumo popular de los trabajadores, y fundamentalmente a que los empleados se encuentren registrados y con ello gocen de los beneficios sociales derivados de tal situación (el objetivo consiste en reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28,0 por ciento). Es por eso que la misma ley contempla medidas de fortalecimiento en la fiscalización, capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluye a las empresas que violen la legislación laboral.

Con algún grado de tergiversación en la información podrían establecerse similitudes entre ambas iniciativas. Pero hay una distancia sustancial que deriva de un posicionamiento estatal –y fiscal– en favor de los trabajadores y las pymes o la trasferencia de recursos hacia las grandes empresas.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).