Desde las entidades del agro se insistió en los últimos años en que los productores recibirían un mejor precio y se liquidaría la cosecha sin demoras si se eliminaban los ROE, las retenciones y si se obtenía un mejor precio vía tipo de cambio (es decir, una devaluación). Bajo la excusa de defender las economías regionales, la decisión política del gobierno de Mauricio Macri residió en concretar cada uno de estos pedidos. Sin embargo, ni la liquidación de la cosecha fue un hecho, en virtud del incumplimiento del acuerdo de liquidar 400 millones de dólares por día (hacia la primera semana de enero de 2016 sólo se liquidó la mitad de los 4000 millones de dólares prometidos) ni los productores tuvieron una mejora del precio (según La Nación del sábado 26 de diciembre, las comercializadoras siguen condicionando a los productores de trigo, comprándoles a un 26 por ciento por debajo del valor FAS teórico./p>

La pregunta pertinente reside en ¿son los ROE los responsables de no permitir un mejor precio a los productores? Estos son cupos de exportación que se implementaron desde 2008 para proteger el abastecimiento interno y garantizar de este modo un nivel de stock local de harina y derivados al precio interno subsidiado. Sin embargo, con fines diferentes, este instrumento ha sido utilizado por los grandes traders para acaparar el poder de compra y condicionar a los productores, lo cual se visualiza al analizar la cadena del trigo.

Un caso emblemático para entender este funcionamiento tuvo lugar el verano pasado (2014-2015), cuando los exportadores de trigo, aun teniendo cupo disponible para exportar, no lo hicieron, intentando estancar artificialmente el mercado local y comprar lentamente grandes cantidades de trigo y maíz por debajo del precio FAS teórico. Es decir, resignaron temporalmente una parte del volumen de la exportación para obtener una mayor diferencia entre la compra y la venta, bajándoles el precio a los productores.

Esta cuestión muestra la razón de fondo que perjudica a los productores: la concentración. Aun sin cupo o ampliándolo en virtud de una mayor producción que exceda el consumo interno, el principal problema tiene carácter estructural y responde a la concentración económica, la cual permite la especulación del eslabón más poderoso de la cadena tanto con los productores que dependen del precio que fijan unas 10 cámaras del sector, como con el Estado Nacional, que en un contexto de restricción externa necesita hacerse de divisas para hacer crecer la economía. Así como en función de los aumentos nominales de ingreso en los últimos años por políticas sociales y paritarias, los oligopolios de la industria alimenticia aumentaron los precios para apropiarse de ese ingreso adicional, el sector concentrado del “complejo agroespeculador” utiliza diversos mecanismos a su alcance para condicionar al productor, una vez que éste cosechó y no tiene espalda financiera para elegir cuándo vender o negociar el precio.

La estructura concentrada ya sea en la cadena del trigo, como en la del maíz y la soja, se observa fundamentalmente a través de los grandes “traders” o comercializadores internacionales con participación de terminales portuarias que prestan servicios de almacenamiento y comercialización:

- Concentración en volumen exportado: el 90 por ciento lo administran Cargill, Toepfer, ADM Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, ACA y Nidera.

- Concentración en la capacidad instalada para procesamiento de soja y girasol: Cargill, Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Bunge, Vicentín, Noble y Nidera poseen el 83,1 por ciento de la capacidad total.

- Concentración en el acopio: pocas empresas con capacidad financiera suficiente.

Entre los productores la concentración existe, pero es menor. Además, la oferta de grano de trigo se focaliza en tres meses (incluso con los silobolsas que han modificado levemente esta cuestión) otorgándole a los acopiadores, molineros y exportadores un poder significativo al concentrar la demanda para influir en el precio. Producto de ello, el productor termina vendiendo su cosecha al precio por debajo del FAS teórico (precio internacional sin retención) al no contar con suficiente poder financiero para esperar un mejor momento de venta. El mismo diario La Nación citaba a Ernesto Ambrosetti, economista de Sociedad Rural Argentina “...están sin apuro para comprar. Además está entrando la cosecha”.

Evidentemente el actual gobierno tiene poca intención de regular este accionar. El paradigma de esta escasa voluntad fue la decisión de eliminar las retenciones sin segmentación, bajo la excusa de “defender las economías regionales”, lo cual favoreció a los sectores del agro altamente concentrados que han tenido la espalda financiera para stockear. Según los cálculos, aquellos que stockearon la cosecha se beneficiaron con un aumento promedio del 88 por ciento para trigo (de 7,30 a 13,75 pesos), 81 por ciento para maíz (de 7,6 a 13,75 pesos) y 118 por ciento para girasol (de 6,3 a 13,75 por ciento).

La Nación sugiere otra posible razón adicional para este comportamiento: que “los descuentos son una prenda de cambio de las cerealeras con el Gobierno a cambio de ingresar 400 millones de dólares por día en tres semanas”. Bajo este supuesto, que reconoce implícitamente el poder de condicionamiento que tienen las cerealeras, éstas buscarían apropiarse de un excedente mayor de los productores (comprándoles a menor precio) en pos de cumplir el acuerdo con el gobierno de Macri de liquidar la cosecha, en este escenario con un dólar menor al de sus expectativas, es decir, de 13 pesos y no de 16.

Lo cierto es que el precio del dólar a 13 pesos, festejado como un “éxito” por el equipo económico, no contentó a los sectores exportadores, con quienes Macri asumió importantes compromisos. La política de contener la “huida hacia el dólar” con altas tasas de interés derivó en la liquidación a cuentagotas de la cosecha y en una puja con las fracciones del sector financiero, que hicieron en pocos días un negocio fabuloso con el spread bancario. La suba de la tasa de interés para contener el dólar, o la reducción de la tasa para que suba el dólar y el “campo” exporte son las opciones de política económica del gobierno desde la liberalización cambiaria el 16 de diciembre. Podría concluirse que el complejo agroespeculador ganó la pulseada: el 5 de enero luego de haber reducido previamente las tasas de interés, el dólar subió (¿o se sinceró?) hasta rozar los 14 pesos (el 6 de enero superó los 14 pesos) y el gobierno reclamó la liquidación de la cosecha.

Estas no son más que postales de un nuevo escenario económico donde cobran creciente protagonismo los conflictos de intereses al interior del bloque de poder dominante.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).