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En apenas poco más de un mes el gobierno derechista de la alianza PRO cometió una multitud de afrentas. Sólo en el área económica provocó decenas de miles de despidos, reprimió con descarnada violencia la protesta social y amenazó con el desempleo a los trabajadores que no acepten reducciones del poder adquisitivo de sus salarios en las próximas paritarias. En contrapartida decretó, vía ajuste del tipo de cambio y eliminación de retenciones, una potente transferencia de recursos en favor de exportadores y terratenientes. Esta semana ocurrió también lo más temido para los futuros grados de libertad de la política económica: un irresponsable y exultante ministro de Hacienda legitimó públicamente el reclamo de los fondos buitre y dio por válida la descabellada sumatoria de intereses del fallo del tribunal neoyorquino de Thomas Griesa. De esta manera enterró no sólo la estrategia soberana de negociación que llevaba adelante el Estado nacional, sino la lucha que Argentina libró en Naciones Unidas y que fue acompañada por la abrumadora mayoría de los países del mundo. Difícil imaginar tanto despropósito en tan poco tiempo.

Hasta su última conferencia, las expresiones más duras del ministro Alfonso Prat-Gay resultaban todavía predecibles, desde sus declaraciones despectivas contra los “provincianos”, presuntamente menos cultos que las elites porteñas, a su renovado desprecio clasista encarnado en el borbotón de “la grasa de la militancia”. Lo mismo puede decirse del intento por reescribir los números de la “herencia recibida”, con el rediseño creativo del déficit fiscal de 2015, al que llevó de 2,3 a 5,8 puntos del PIB. Los argumentos fueron dos: la “deuda flotante”, por el lado del gasto, y los movimientos de cuentas intra sector público, por el lado de los ingresos. Todo bastante flojito de teoría y de papeles y con el objetivo siempre predecible de legitimar un ajuste violento del sector público.

Pero en la última conferencia brindada por el ex JP Morgan hubo factores quizá menos predecibles. El principal, luego de un mes largo de ponerse a tono, fue la completa ausencia de un programa para la recuperación de una economía supuestamente ahogada tras una década de populismo. El discurso ministerial sólo abundó en una sumatoria de diagnósticos y vaguedades en materia de herencia recibida, costos de las promesas de campaña y cómo afrontarlos ajustando subsidios. La única clave de salida: terminar con lo que llamó derroche del sector público, pase que incluyó la estigmatización de sus agentes.

El corolario de la sucesión de números preocupantes fue la presentación de las metas de inflación, enfatizando 2016 con miras a las paritarias. La proyección del 20-25 por ciento para el año en curso, cuando todavía restan los ajustes tarifarios que impactarán en la demanda agregada y en los precios de todas las cosas resulta, en el mejor de los casos, optimista. El número sólo sería compatible con una fortísima contracción del PIB, posibilidad que el titular de Hacienda sugirió tácitamente cuando descartó que el crecimiento se recupere este año.

En la semana que pasó el nuevo gobierno transparentó que el único camino económico que imaginan sus funcionarios es el ajuste del Estado y de la masa salarial total. En materia de actividad económica la creencia subyacente, puramente ideológica, es que la sola existencia de “finanzas sanas” y “cuentas ordenadas” liberarán lo que el propio ministro denominó “fuerzas productivas reprimidas”.

La visión resulta consistente con el resto de las acciones del gobierno; como el nuevo orden CEOcrático en el que las primeras y segundas líneas ministeriales fueron cedidas a ex directivos de las principales multinacionales que operan en el país y dónde hasta en los organismos de control los controlados pasaron a controladores. Una visión de la economía que homologa el Estado con una empresa privada y que desconoce el rol del Gasto público y de la cantidad de dinero en los ciclos económicos, es decir; en la determinación del nivel de actividad, en particular; en contextos externos e internos desfavorables.

Los errores teóricos y técnicos implícitos resultan imperdonables cuando hace ya casi un siglo que la ciencia económica describió cuales son los determinantes de estos ciclos. La visión expuesta por el ministro de Hacienda en la conferencia del pasado miércoles es un neoliberalismo ramplón que prioriza la presunta estabilidad de algunos indicadores por sobre el nivel de actividad. Una visión que desconoce que el dato de inflación resulta completamente irrelevante si se lo considera separado del nivel de empleo y de actividad, y que son estas dos últimas variables las que determinan el mayor o menor nivel de bienestar de las mayorías; bienestar que no forma parte del set discursivo del ministro. La estabilidad de precios es absolutamente inútil si su contrapartida es una recesión que aumenta el desempleo y disciplina a la fuerza de trabajo.

Una vez más resulta necesario advertir que las afirmaciones realizadas por el ministro son puramente ideológicas y, lo más preocupante, técnica y teóricamente equivocadas: son medidas que no alcanzarán los fines declamados. Si el panorama reseñado por Prat-Gay es verdadero significaría que la economía se encuentra estancada. A ello se suma un escenario internacional de apreciación del dólar, es decir de reflujo de capitales desde la periferia hacia el centro, con ralentización de la locomotora china, Europa frenada y Brasil en retroceso. Esto es, con una demanda global que no será favorable ni para los precios de las commodities ni para el conjunto de las exportaciones locales.

Si al panorama global se agrega también la caída de la demanda interna, el único contrapeso real y posible frente a la adversidad del escenario externo, el resultado será la creación de condiciones explosivas para una recesión; advertencia que se planta aquí el día de hoy, en enero de 2016. Luego, dentro de la propia lógica ortodoxa del ministro, el problema para el sector público es que las recesiones son deficitarias. La secuencia que desata este abordaje es bien conocida y corroborada por la experiencia histórica: el ajuste para combatir el déficit genera recesión, la recesión profundiza el déficit, luego, el nuevo déficit demanda nuevos ajustes contractivos. Por el lado financiero la secuencia es acompañada por el aumento del endeudamiento y el deterioro creciente del patrimonio público.

En la semana más negra del gobierno de Mauricio Macri, los nuevos funcionarios dieron la señal de largada para desandar las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y en el desendeudamiento, las dos principales conquistas trabajosamente logradas durante la última década.