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Por Roberto Navarro

El problema más importante que enfrenta el Gobierno es la inflación. Si los precios se disparan detrás del dólar, que aumentó más de un 100 por ciento, los nuevos pobres se sumarán por millones y la presión social se volverá insostenible. La estampida ya empezó. Los precios que más duelen se alinearon de inmediato al del billete verde: el pan subió un 100 por ciento, al igual que el aceite, los tomates y los fideos. Es la herencia de la convertibilidad. Los precios no suben por el incremento de los costos de producción; aumentan, principalmente, porque no hay competencia. Durante la década pasada la economía sufrió un profundo proceso de concentración y extranjerización que dejó la formación de precios en pocas manos. Las primeras cien empresas acaparan el 48 por ciento de la producción industrial. De ese total, el 60 por ciento lo elaboran empresas extranjeras. Por eso no funcionan los mercados. Cada producto lo fabrican sólo dos o tres empresas, que fácilmente se cartelizan, dividiéndose el mercado en vez de competir. A su vez, las trasnacionales y los grandes grupos locales buscan mantener sus utilidades en dólares, por lo que dolarizaron sus precios, sin importarles la incidencia real de la devaluación en sus costos. Frente a esto, el Gobierno aún no atinó a penalizar los abusos de las empresas que dominan los mercados ni a instrumentar retenciones a los exportadores para que rebajen sus precios internos.
En enero de 1999 Brasil devaluó su moneda. Durante ese año el dólar subió un 49 por ciento y la inflación fue de sólo el 9 por ciento. Lo mismo había ocurrido en Corea en 1997: aquel año el dólar aumentó un 37 por ciento y los precios crecieron apenas un 7 por ciento. En estos casos, las empresas trasladaron a sus precios sólo la incidencia de la devaluación en sus costos de producción. En Argentina, los monopolios y oligopolios que dominan la mayoría de los mercados dolarizaron sus precios. Cash accedió en exclusiva a una investigación de la Dirección de Industria de la Ciudad de Buenos Aires sobre el comportamiento de los principales mercados de insumos, que demuestra que los grandes grupos industriales están actuando de manera cartelizada y aumentando sus precios incluso por encima del incremento del dólar.
Papelera Tucumán, de Alberto Pierri; la norteamericana Papel Misionero, Ledesma y Celulosa aumentaron la cartulina un 400 por ciento. La multinacional italiana Pirelli y la local Codam subieron las bolillas de cobre un 300 por ciento. La belga Indupa, las norteamericanas Dow Chemical y Dow Corning y Pérez Companc aumentaron el PVC un 120 por ciento. Esos insumos son bienes intermedios que se usan para la elaboración y envase de casi todos los productos industriales. Por lo que estos aumentos se traducen a toda la cadena productiva nacional.
Tres empresarios pymes, que pidieron no ser mencionados para no perder sus proveedores, denunciaron a Cash que la empresa sueca Aga y la francesa Air Liquide, las únicas que producen gases industriales, llegaron a un acuerdo de precios y de división de mercado. Cuando los que le compraban a Aga se encontraron con un aumento del 100 por ciento, le pidieron precio a Air Liquide, que les presupuestó un aumento del 200 por ciento. A los clientes de Air Liquide les ocurrió lo mismo cuando quisieron pasarse a Aga. Los gases industriales son imprescindibles para la producción de miles de productos.
Cuando se privatizó Somisa, que quedó en manos del grupo Techint, rápidamente desmanteló parte de las líneas de producción que competían con Acindar. Empresa que, devolución de gentilezas, desarmó otras que se cruzaban con la ex Somisa. Ahora son un duopolio que maneja los precios, sin competencia. En enero, Techint aumentó el acero inoxidable un 120 por ciento y Acindar subió el acero SAE un 60 por ciento. Con estos precios ambas empresas están vendiendo en el país a casi el doble del precio al que exportan. El motivo: en el exterior compiten. Las compañías trasnacionales actúan en diversos países. Su unidad de cuenta es el dólar. Su meta es llevarse de Argentina las mismas divisas que giraban antes de la devaluación. Por eso suben sus precios aun por encima del actual valor del dólar. Los grandes grupos locales también operan en varios países. Pero aun los que sólo tienen presencia en el mercado nacional se acostumbraron a girar sus utilidades al exterior. Si tuvieran que competir para vender sus productos, deberían resignarse a que ya no se llevarán del país la misma cantidad de dólares. Como actúan en mercados monopólicos u oligopólicos, en muchos casos con prácticas de cartelización, maximizan sus utilidades aumentando los precios.
Los bienes arriba mencionados, como los de otros insumos de uso difundido en toda la industria, son transables. En la mayoría de los casos, las compañías exportan la mayor parte de su producción y venden el resto en el mercado local. Por eso quieren, como mínimo, recibir en el país lo mismo que en el exterior.
La fórmula que utilizan la mayoría de los países para despegar los precios internos más sensibles a la población y a los procesos de producción del precio internacional es la instrumentación de retenciones a las exportaciones. Así, al reducirles el ingreso que reciben por sus ventas externas, bajan también los precios internos. En Argentina, como no funcionan los mercados, hasta esa estrategia podría fracasar. El caso de los combustibles es un ejemplo de cómo actúan los grandes grupos que operan en el país. El anuncio del equipo económico de implementar retenciones petroleras, en vez de contener los aumentos, los disparó.
El Gobierno no es ajeno al problema porque los abusos de posición dominante de mercado están penados por la Ley de Defensa de la Competencia. Herramienta que la Secretaría de Defensa de la Competencia podría utilizar para intervenir y evitar los casos de cartelización y aumentos injustificados de los precios manejados por oligopolios. En el caso de los combustibles, tres compañías se reparten el 90 por ciento del mercado.
Los productores agropecuarios alinearon sus precios internos al aumento del dólar. Así se duplicaron los precios de harinas, aceites, cereales y sus derivados. La devaluación les cayó del cielo, porque la cosecha ya estaba levantada. Sus estimaciones de producción y venta estaban hechas con un dólar a un peso. El resto vino de regalo. Si se implementara, aunque sea por este año, una retención del 25 por ciento, que llevaría el dólar de exportación agropecuaria a 1,50, el campo ganaría un 50 por ciento más de lo que esperaba, los comestibles reducirían sus precios y el fisco recaudaría alrededor de 7500 millones de pesos.