Por Marta Bekerman *

Uno de los puntos críticos planteados por el FMI en la negociación con la Argentina es que el superávit fiscal primario –la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta antes del pago de intereses de la deuda pública– llegue a niveles similares a la meta comprometida por Brasil (alrededor del 4,25 por ciento del Producto). La definición sobre los niveles que debe alcanzar ese superávit fiscal primario es un tema clave, ya que a partir del mismo se determina cómo se distribuirán los recursos del Estado: cuánto se destinará a aumentar la inversión pública, a fomentar la inversión privada, a los gastos de carácter social, por un lado, y cuánto a cumplir con los pagos de la deuda en cesación de pagos, por el otro. Y aquí hay que tener en cuenta que una disminución abrupta de los ya reducidos gastos del Estado puede restringir seriamente las posibilidades de crecimiento y empleo y aun aquellas que se vinculan con la propia capacidad de repago. En medio de esta discusión tal vez sea interesante analizar qué está ocurriendo en Brasil, ya que es el país que se coloca como punto de referencia.
Brasil tiene la ventaja de contar con los recursos del sistema previsional estatal, lo que no sucede en la Argentina, porque su sistema previsional es mayoritariamente privado. Es decir que los aportes previsionales van a las AFJP. En ese contexto, Brasil alcanzó durante el primer semestre de este año un superávit fiscal primario de 40.000 millones de reales –más del 5 por ciento del PBI–.
Sin embargo, esas cifras sólo alcanzaron para cubrir algo más de la mitad de los intereses devengados por la deuda durante ese período, que alcanzaron a alrededor del 10 por ciento del PIB brasileño (74.265 millones de reales). Esto significa que el déficit total (el que incluye el pago de los intereses) fue del 4,63 por ciento del PIB (34.300 millones), el cual continuará aumentando la deuda de Brasil y, por lo tanto, presionando sobre el nivel de intereses que deberán ser pagados en el futuro. Ya durante el primer semestre de este año el monto de los intereses acumulados había sido un 60 por ciento mayor que los que vencieron en el primer semestre de 2002.
El problema es que ese tremendo esfuerzo de ajuste, más allá de ser insuficiente, impide dedicar fondos a los distintos requerimientos de carácter productivo y social que permitan aumentar los niveles de empleo y realizar reformas tendientes a otorgar tierras y viviendas a las personas carecientes. Esto se traduce, por un lado, en un proceso recesivo, como el que está viviendo Brasil en estos momentos y, por el otro, en tensiones sociales crecientes. En efecto, coincide con una fuerte movilización de los trabajadores sin tierra y con ocupaciones de viviendas que, en las propias palabras del presidente Lula, se verán multiplicadas en la medida en que el país no muestre crecimiento económico. Es que este proceso termina generando una fuerte perversión de prioridades: retribuye con altísimas tasas a los inversores financieros y genera políticas recesivas que aumentan la desocupación y la pobreza.
Pero todo esto se agudiza porque Brasil, al igual que Argentina, ya ha atravesado por un profundo proceso de distribución regresiva del ingreso. Esto se produjo tanto en la relación trabajo-capital como en la que tiene lugar entre el capital productivo y el financiero. La participación de los asalariados en el PIB cayó del 44 por ciento en 1992 al 36 por ciento en 2002, según lo planteado en un trabajo realizado por la Secretaría de Trabajo del Municipio de San Pablo. Por otro lado, otros estudios señalan que durante el mismo período la rentabilidad de las empresas productivas cayó en cerca del 80 por ciento, mientras que la de los bancos creció el 131. La consecuencia fue una fuerte caída en los niveles de inversión de la industria.
Esa transferencia de ingresos desde el sector real hacia el sector financiero se acentuó a partir de 1994, cuando la política de estabilización de precios estuvo asociada fundamentalmente con la apertura comercial y financiera. Los altos niveles de interés que se pagaban entonces atrajeron flujos de capital externos y llevaron a un aumento de la deuda pública, tanto externa como interna, cuyos intereses están siendo pagados mediante el actual ajuste económico.
Cabe, entonces, hacerse dos preguntas. 1. ¿Cuál es el límite de achicamiento que un país puede llevar adelante para poder responder a las consecuencias de estrategias pasadas basadas en la financierización de la economía? 2. ¿Hasta dónde son sostenibles situaciones que, por un lado crean fuerte presión social y, por el otro, generan un círculo vicioso de recesión económica y achicamiento?
Por eso, para países que atraviesan situaciones como las de Brasil y Argentina, quedan planteadas dos estrategias alternativas en sus negociaciones con los acreedores y con el Fondo Monetario. Una de ellas es partir del cálculo de los gastos que deben deducirse para obtener los recursos necesarios para servir a la deuda. La otra es dejar de subordinar las necesidades de la producción y el empleo al pago de la misma, y seguir los lineamientos esbozados estos días en Buenos Aires por el profesor Stefano Zamagni de la Universidad de Bolonia. Su mensaje se orienta a plantear a los acreedores que la prioridad para el país es reestablecer sus instituciones, desarrollar polos productivos y generar crecimiento y empleo. Esta última alternativa, asociada a la implementación de un programa sustentable, es la que, al mismo tiempo, les puede ofrecer las mayores posibilidades del cobro de sus deudas.

* Profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Investigadora del CONICET.