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Por Natalia Aruguete

Después de doce años y cuatro gobiernos, los ex empleados de YPF agrupados en la Mesa Coordinadora Nacional siguen reclamando una indemnización compensatoria, ya que fueron despedidos de la petrolera antes de 1993 y no accedieron al Programa de Propiedad Participada (PPP), tal como les hubiera correspondido según lo establecido en la Ley de Reforma del Estado de 1989. Los trabajadores de la Coordinadora dijeron que si bien el Gobierno muestra intenciones de resolver la situación, aún no se ha llegado a un acuerdo en torno al monto de la indemnización, que ya fue aprobado por una ley sancionada por el Congreso el año pasado. Según Ana Sacchi, secretaria general de la agrupación, “la decisión del equipo económico era no modificar el decreto 1077”. Esta norma, dictada por el ex presidente Eduardo Duhalde poco antes de dejar el Gobierno, fija el monto indemnizatorio promedio que el Estado pagará a los ex empleados.
La ley de Reforma del Estado estableció que el capital accionario de las empresas a privatizar podría ser adquirido por los empleados que tuvieran relación de dependencia, a través de un PPP. Con la obtención de esas acciones, pagadas por los propios empleados mediante los dividendos ganados cada año, los adquirentes tendrían derecho a voto.
De una planta originaria de casi 37 mil agentes, poco más del 10 por ciento cobró por la venta de sus acciones, en 1997. Entre 1991 y 1993 fueron despedidos más de 27 mil trabajadores, algunos a través de retiros voluntarios y otros sin ningún resarcimiento. De los casi 10 mil que permanecieron en la empresa, más de la mitad quedaron sin su trabajo entre el ‘93 y el ‘97. Es decir que en julio de 1997, cuando los beneficiarios del PPP vendieron sus acciones, sólo 4700 agentes obtuvieron una suma promedio de 80 mil pesos por esa transacción. Resulta evidente que si en 1997 la planta de la empresa hubiera sido la misma que en 1991, difícilmente se hubiera podido consensuar la venta de las acciones, ya que los trabajadores hubieran obtenido ocho veces menos por las mismas. Esa venta resultó una perversión del PPP, ya que desvirtuó los principios para los que se había concebido.
Luego del reclamo de los trabajadores –en algunos casos por vía judicial–, el año pasado se sancionó la ley que reconoce el derecho a una compensación indemnizatoria a quienes se desempeñaban en relación de dependencia en YPF a enero de 1991. Por un decreto se fijó como monto de indemnización 23.728 pesos. A diferencia de la iniciativa oficial, los técnicos que integran la Mesa Coordinadora realizaron dos cálculos que fueron presentados al Gobierno: la primera hipótesis propone que los trabajadores cobren un promedio de 70 mil pesos cada uno. La segunda estima un monto promedio de 50 mil pesos.