Un amplio sector de economistas y aficionados a la económica sostienen con gran firmeza que la causa de la inflación en Argentina es la expansión monetaria, producto de la implementación de una política activa que tuvo por fin sostener la actividad económica y el nivel de empleo, en el marco de una economía internacional en crisis, de la que no escapan los principales clientes del país. Así, llegan a la conclusión de que el principal responsable de la inflación es el Estado que, con su intervención en la economía, afecta el único mecanismo válido para administrar de manera eficiente los recursos de una comunidad, esto es, el sistema de precios.

Pero hace algunos días, el director del Indec, Jorge Todesca, como autoridad oficial del organismo encargado de generar las estadísticas oficiales y, desde luego, de aportar a la interpretación de las mismas, cuestionó fuertemente a quienes insisten con que la inflación en Argentina es causada por una política monetaria demasiado laxa. Todesca dijo: “No estamos teniendo una gran expansión monetaria ni tampoco procesos devaluatorios (…) los fuertes aumentos vienen de manera neta del sector privado”. Sus declaraciones no dejaron dudas al respecto, puesto que además transmitió su preocupación por el “abuso” de los empresarios a la hora de fijar los precios.

En decir que, el actual gobierno, que había culpado exclusiva y sistemáticamente a su predecesor por generar una inflación mucho menor a la actual, ahora, lejos de reconocer equivocación alguna (cuanto menos la de haber errado tan groseramente en sus proyecciones) declara que el sector privado es el principal responsables de este flagelo. No se pretende poner de relieve la falta de unidad de concepción que exhiben los funcionarios del gobierno, sino de demostrar, una vez más, que el sistema de precios en una economía desigual, con elevados niveles de concentración y con una notable falta de sentido nacional de buena parte del empresariado es, lisa y llanamente, un fracaso como mecanismo de asignación de recursos, socialmente justo y políticamente sostenible.

Seguramente, Todesca no se refería con sus dichos a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen poco margen para los abausos, ya que a duras penas están logrando superar la brutal caída en las ventas, el tarifazo y la contracción monetaria. Quienes tienen capacidad para fijar los precios de la economía argentina, son principalmente los grupos económicos que crecieron con la patria contratista, la estatización de la deuda pública, y las injusticias de un modelo regresivo que socializó las pérdidas y privatizó las ganancias.

Así, la economía nacional, sigue dando lugar a situaciones que las teorías económicas no están logrando resolver, a tal punto que, la propuesta ortodoxa para combatir la inflación (esto es, provocar una reducción del salario real e inducir la baja de los precios por la vía de la caída en la demanda y la apertura externa) está mostrando sus limitaciones, puesto que los grupos económicos que concentran la oferta de productos de primera necesidad, tienen suficiente poder de mercado para aumentar los precios y sostener sus ganancias en un contexto general de caída en las ventas.

A pesar de algunos intentos, la Argentina no ha podido revertir esta situación y sigue a la merced de estos empresarios que, con una ambición desmedida, ponen en evidencia las debilidades de estas recetas (y las contradicciones de sus cómplices funcionarios). Si esto no fuera así, ¿qué significa el término “abuso” utilizado por el director del Indec? El nivel de concentración que existe en el segmento comercial de gran parte de las cadenas de valor de productos alimenticios y de primera necesidad es un dato objetivo de la realidad que, más allá de los guarismos, sigue condicionando el éxito de las políticas macroeconómicas, sin importar su procedencia teórica.

Hay suficiente evidencia para incorporar cuestiones estructurales y de orden político al análisis sobre las causa de la inflación en Argentina; esto exige repensar las formas de acumulación de la riqueza y la función social del capital. En nuestro país, las medidas tradicionales han mostrado serias limitaciones para cumplir con el propósito de crecimiento y desarrollo económico, con salarios reales acordes con una estrategia sostenible de inclusión social.

La alternativa proviene desde las bases. Si el pueblo se identifica en la unidad de valores e intereses comunes podrá asumir su relevancia política y organizarse para abordar los problemas que atentan contra su propio bienestar. Sólo con esta fuente de poder real, un gobierno podrá lograr que los sectores dominantes depongan sus conductas abusivas y se integren armónicamente al interés nacional.

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