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Aun debate que parecía saldado en el país ha vuelto a reaparecer: el arancelamiento universitario. Desde los años ‘80, pero especialmente en los ‘90 y hasta el fin de la crisis de principios de siglo gran cantidad de economistas, políticos, comunicadores y, lo más increíble, algunas personas del ámbito universitario público sostenían esta postura.

Quienes se oponen a la gratuidad de la educación superior, se basan esencialmente en la aplicación del viejo concepto de renta educativa. Según esa concepción, ésta surge en el proceso de aprendizaje y es captada por el estudiante, quien de esta manera obtiene un beneficio por algo que paga toda la sociedad. Ello origina entonces efectos redistributivos regresivos, ya que el estudiante obtiene una ventaja individual, mientras el costo de la educación es soportado por la sociedad en su conjunto.

Luego, quienes se gradúen en el nivel universitario estarán en condiciones de obtener salarios superiores al resto, lo que implica que los estudiantes deben contribuir a soportar los costos del sistema, ya que en el mediano y largo plazo lo recuperarán. Esto es rebatible con suma facilidad ya que se puede asemejar a sostener que el alumbrado de una calle sólo será para beneficio de quienes viven o pasan por allí, lo que lo convertiría en inequitativo al ser pagado por toda una comunidad.

Como se mencionó, era un debate que parecía saldado pero lamentablemente acorde a los tiempos que corren está volviendo a instalarse. Lo más preocupante es que como ya comenzaron a producirse algunas restricciones o demoras en los envíos de fondos a las universidades públicas, da pie a que reaparezcan las voces de la “necesidad” del arancelamiento, basándose según ellos en que “en todo el mundo” el sistema se financia de esta manera

Pero esta es una tremenda zoncera de las tantas que han querido instalar: en muchos países el sistema es gratuito o semigratuito (existe algún arancel anual que sirve para hacer frente a una porción pequeña de los gastos o se le cobra sólo a ciertos estudiantes), con casos tan disímiles como Francia, Colombia, Rumania, Ecuador, Letonia, Túnez, Honduras, Lituania, Bolivia, Costa Rica, Irlanda, Guatemala, Bélgica, Panamá, Egipto, Alemania, Brasil, Eslovenia, Cuba, Finlandia, Uruguay, Suecia, México, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia, Venezuela, República Checa, Noruega, Perú, Islandia. Como se observa, países de casi todos los continentes y con notables diferencias en cuanto a poderío económico y regímenes educativos.

Además, en la mayoría de los casos (y esto también incluye a aquellos países donde el arancel es relativamente alto), el monto recaudado cubre sólo una parte mínima del presupuesto. En promedio la porción presupuestaria cubierta con los pagos hechos por los alumnos se ubica en un rango que va de 15 a 20 por ciento del total. El máximo es Corea, donde ronda el 40 por ciento, llegando en algunos años al 45. En Estados Unidos, por ejemplo cubre de 20 a 25 por ciento.

Una zoncera complementaria es la que dice que se puede aplicar un régimen arancelado pero complementado con becas y subsidios para ayudar a los menos pudientes. La realidad marca que en muy pocos lugares este sistema funciona adecuadamente: trabas burocráticas y restricciones financieras hacen que en la mayoría de los países esto se encuentre más cerca de la enunciación de deseos que de la aplicación efectiva. Además, quienes logran tener acceso a ellos pueden cargar con cierta estigmatización social por su condición de “pobres” y luego suelen comenzar a desarrollar sus carreras como profesionales con el condicionante de la deuda generada mientras estudiaban.

Sólo resta esperar que esta situación no sea más que una señal de alarma pero los tiempos políticos que se viven en el país indican que debemos estar alertas y preparados para dar este debate en caso de ser necesario.

* Docente UNLZ, UNQ y UPE

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