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Un reciente editorial del diario La Nación reclama “una reforma del modelo vigente de relaciones laborales” para “llevar a la Argentina al Primer Mundo”. Excusados en el relato de la “pesada herencia”, proponen una serie de medidas para “absorber el empleo público excedente” con un “aumento del empleo privado” e “incrementar genuinamente el nivel real de los salarios” en simultáneo con “una mejora de la competitividad”. Bajo la filosofía económica de que “toda imposición o carga sobre el salario induce a la sustitución de mano de obra por capital, afectando el nivel de empleo”, proponen una serie de medidas tendientes a disminuir el costo empresarial por mano de obra.

Si bien señalan que el empleo depende “principalmente, de la inversión y del crecimiento de la economía”, advierten que “las normas laborales juegan un papel importante”. Por eso proponen, llevar las negociaciones paritarias a nivel de empresa donde interactúan “interlocutores genuinos, que aunque tengan intereses distintos, estén finalmente alineados en la búsqueda del éxito de la empresa a la que pertenecen”. También apuntan a “flexibilizar y facilitar la contratación” a través del “período de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares”, así como reemplazar la indemnización por un fondo de desempleo individual conformado por aportes patronales y del propio trabajador.

Respecto a las paritarias por empresa, suele facilitar negociaciones menos transparentes, donde los representantes sindicales son fácilmente cooptados por la parte empresarial. La experiencia internacional indica que la mayor cercanía entre el trabajador y su representante no alcanza a compensar la debilidad de representaciones atomizadas, especialmente en aquellas empresas de menor planta laboral. Es decir, las desigualdades empresariales se transforman en desiguales condiciones de trabajo y salario, tornando al trabajador como la variable de ajuste para compensar el desigual poder de mercado de las empresas.

En cambio, la paritaria por rama, sector, actividad o industria, reduce las diferencias salariales entre trabajadores del mismo oficio más allá de la empresa en que se desempeñan. La solución al diferente poder de mercado de las empresas, dependerá de la aplicación de regulaciones sobre las grandes empresas y otras políticas públicas (impositivas, financieras, de subsidio) que compensen las desigualdades empresariales.

Las políticas de flexibilización suelen ser procíclicas, facilitando los despidos en las debacles y las contrataciones en las crecientes. El actual contexto de depreflación (depresión de la actividad con aceleración de precios) da el marco para que la flexibilización se traduzca en facilidad para despedir, acentuando la reducción del mercado interno (un desocupado más es un consumidor menos) y, por ende, de la “inversión y del crecimiento de la economía” que, como el editorial señala, son los determinantes principales de la creación de empleo. Contrariando la filosofía económica del editorialista, una menor “imposición o carga sobre el salario” se traduce en una caída del nivel de empleo privado y de los salarios reales.

Por último y como señala el periodista Mario Wainfeld en una nota en este diario, el reemplazo de la indemnización por fondo de desempleo individual tornaría las cesantías “gratuitas, desbaratando la “protección contra el despido arbitrario” establecido en el artículo 14 bis de la Constitución que La Nación (... ...) una de cuyas secuelas colaterales, no expresada, sería la supresión de facto de las vacaciones pagas”.

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