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Por Alan Cibils *

El acuerdo firmado con el FMI fue visto por muchos como una victoria del Gobierno. Con la lectura detallada del convenio se disipa toda noción de una victoria argentina. Según el acuerdo, Kirchner y Lavagna se comprometen a implementar políticas que representan una indiscutible continuidad con las políticas del pasado. La finalidad de las mismas es generar el ahorro fiscal suficiente, no para reactivar la demanda y generar empleo, sino para pagar los servicios de la deuda. Estas políticas incluyen las históricas demandas del Fondo en lo que se refiere a gasto público, política monetaria y cambiaria, tarifas y banca pública.
n Política fiscal. El superávit primario de 3 por ciento del PIB acordado para 2004, considerado un triunfo sobre las exigencias del Fondo, representa un excedente considerablemente mayor al de 2003. Peor aún, para el 2005 y el 2006 el Gobierno se compromete a extender la “tendencia iniciada en el año 2002 y reforzada en el año 2003 y en el 2004 de manera de alcanzar niveles suficientes para cubrir los pagos netos de la deuda”. O sea, el superávit seguirá en aumento para generar fondos que serán transferidos a los acreedores.
n Reforma impositiva. La regresiva estructura impositiva no parece preocuparle al Fondo y a los negociadores argentinos, ya que no merece mención en el acuerdo. Se habla vagamente de una “mejor definición y mayor equidad en el pago del impuesto a las ganancias” y de someter “a los ingresos por intereses y dividendos a retención final”. Cambios en este sentido son fundamentales para lograr una estructura impositiva más justa y equitativa.
n Política monetaria. Como en los acuerdos pasados, la política monetaria sigue siendo innecesariamente restrictiva. No existen aún indicios de presiones inflacionarias, la demanda crece muy lentamente y la capacidad ociosa instalada es todavía considerable, sin embargo se estipula una reducción apreciable de la tasa de expansión de la base monetaria para lo que resta de 2003 y para el 2004.
n Política cambiaria. Según el acuerdo, como “la estabilidad financiera ya está afianzada” se eliminarán gradualmente “la totalidad de los controles cambiarios restantes”. Esto se contradice con el objetivo enunciado de reducir “la vulnerabilidad ante los shocks externos”. Parecería que, a pesar de repetidas crisis financieras de magnitud, los técnicos del Fondo siguen sin entender la relación directa entre los controles cambiarios y la reducción de la incidencia de los shocks externos.
n Banca pública. Si bien no se habla de privatizaciones, continúan las “revisiones estratégicas” acordadas en enero y que deberán concluir para mediados de 2004. El lenguaje utilizado en este punto es ambiguo: no queda claro si dichas recomendaciones podrán incluir la privatización total o parcial. Dada la fobia del FMI a la banca pública, la ambigüedad del acuerdo sobre este tema no puede más que generar suspicacias.
n Tarifas. Si bien no figura el cronograma de aumentos por el que presionaba el FMI, sí se fija como objetivo la aprobación de la ley que le otorga al ejecutivo “superpoderes” para aumentar las tarifas unilateralmente. Siempre ansioso por cumplir las órdenes del Fondo, el Congreso sancionó dicha ley el 1º de octubre pasado, con lo que el Gobierno ya está en condiciones de cumplir con el deseo del Fondo de aumentar las tarifas.
Es interesante notar que las autoridades del Banco Mundial “colaborarán” con la renegociación de los contratos con las privatizadas. Dados los informes de prensa recientes sobre la participación directa del Banco Mundial en el paquete accionario de por lo menos dos empresas privatizadas (Correo Argentino y Aguas Argentinas), es sorprendente que pueda participar como “colaborador” en dicha negociación. Parecería que cuando de intereses de los organismos multilaterales de crédito se trata, no existe conflicto posible.
El acuerdo genera muchas más preguntas que respuestas. A saber: Primero, dado que la Argentina tiene superávit comercial y fiscal primario, y dado que no se solicita ni recibe fondos frescos del Fondo, el país no necesita de un acuerdo con la institución en el sentido tradicional. ¿Por qué, entonces, siguen los funcionarios argentinos firmando este tipo de acuerdos tan claramente perjudiciales al país?
Segundo, ¿cuál es la estrategia del Gobierno para que la economía vuelva a crecer a un ritmo vigoroso para bajar las tasas de desempleo, pobreza e indigencia? Una estrategia que privilegie la redistribución del ingreso, la creación de empleo y la reactivación de la demanda es incompatible con lo que acaba de acordarse con el FMI. La falta de respuestas a esas preguntas obliga a la conclusión de que el modelo no ha cambiado ya que la política económica sigue estando determinada por el estrecho marco que establecen el FMI y el servicio de la deuda.

* Investigador asociado del Ciepp y del Center for Economic and Policy Research.