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Por Fernando Krakowiak

Durante las últimas semanas el Gobierno y las AFJP polemizaron sobre el futuro del sistema previsional. Se mencionó la posibilidad de autorizar el traspaso de los afiliados al régimen de reparto conservando la estructura actual, implementar un sistema mixto o recrear una opción estatal única eliminando a las AFJP. Sin embargo, el principal problema ya está fuera del sistema. Según estimaciones del Banco Mundial, en la actualidad hay 1.217.568 personas mayores de 65 años, un 35 por ciento de ese sector poblacional, que no cobran jubilación ni pensión debido a la imposibilidad de acreditar aportes en un contexto de alto desempleo y trabajo en negro. Las proyecciones son aún peores, pues se espera que para el 2025 los desamparados representen el 56 por ciento de los mayores. Por lo tanto, más allá de lo que pueda garantizar el sistema contributivo, lo que deberá discutirse es cómo brindarles un ingreso a quienes nunca van a jubilarse.
La informalidad laboral es uno de los principales motivos para comprender por qué, entre 1990 y 2003, los excluidos del sistema previsional aumentaron del 25 al 35 por ciento. En ese mismo período el desempleo abierto pasó del 6,0 al 21,4 por ciento, sin contar los planes sociales. Mientras que el trabajo en negro creció del 25,3 al 45,1 por ciento del total de asalariados. Según la Consultora Equis, la falta de aportes jubilatorios afecta fundamentalmente a la población de menores recursos, ya que si se mide el trabajo en negro en el sector de más bajos ingresos la tasa de ausencia de aportes previsionales alcanza al 92,2 por ciento de los trabajadores, mientras que en la punta de la pirámide de ingresos se reduce al 20,4 por ciento.
El alto nivel de exclusión entre los ancianos también se explica por la reforma previsional de 1993 que introdujo el sistema de capitalización individual, elevó la edad de jubilación en 5 años y aumentó los años de servicio requeridos de 20 a 30 años, con el argumento de fomentar la formalidad en el mercado laboral. En los hechos, hubo un aumento importante de los trabajadores registrados hasta superar los 11 millones, pero las contribuciones se mantuvieron en el orden de las 4 millones debido al creciente nivel de informalidad e inestabilidad en el empleo.
El Banco Mundial fue el organismo encargado de impulsar esa reforma, poniéndola como condición para el otorgamiento de créditos al país. La fundamentación se sostenía en la “nueva ortodoxia previsional” que pronosticaba una mayor recaudación por aportante debido al pago adicional de intereses que percibirían los contribuyentes de parte de las AFJP. Sin embargo, en un informe reciente sobre el sistema previsional editado por el organismo se afirma que la disminución del porcentaje de cobertura de las personas de edad avanzada “era obvia desde la creación misma del nuevo sistema” por la combinación de “creciente informalidad y requisitos más estrictos”.
Para atenuar la exclusión, el Gobierno lanzó en abril de este año el Plan Mayores. La iniciativa fue propagandizada como un “beneficio universal” tendiente a “garantizar la contención integral de mujeres y varones de la tercera edad” otorgándoles 150 pesos por mes. Pero los requisitos lo asemejan más a las pensiones asistenciales que otorgan los gobiernos neoliberales entre los más pobres para atenuar el impacto de las políticas de exclusión.
En ese plan el Gobierno propuso ampliar las pensiones no contributivas focalizando en un segmento de los pobres estructurales. El beneficio está acotado a los mayores de 70 años que no tengan parientes en condiciones de ayudarlos ni posean “bienes, ingresos ni recursos que acrediten su subsistencia”. Se estima que en esa situación se encuentran 360 mil personas. En el proyecto de Presupuesto 2004 sólo se contempla elfinanciamiento para 237.253 pensiones, pero también figuran 142 mil beneficios que fueron otorgadas en el pasado por legisladores nacionales.
Los requisitos referidos a la ausencia de bienes, ingresos y parientes con capacidad de ayudar apunta a incluir sólo a las personas capaces de presentar un “certificado de pobreza”, tal como se lo hizo durante la década del ‘90. De esa forma, se excluye a miles de ancianos que cayeron en la pobreza en los últimos años, pero todavía conservan algún bien patrimonial o parientes cercanos que tienen trabajo, pero en los hechos no pueden ayudarlos o lo hacen de modo insuficiente. En esa condición se encuentran muchos adultos mayores de clase media a los que sus familias apenas pueden acercarles comida y algunos remedios, pero no pagarles las expensas o los servicios.
En el Area de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se multiplican las consultas de ancianos que solicitan una pensión. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, afirmó a Cash que “antes reclamaban ayuda por un problema, pero ahora hay muchos que vienen porque no tienen comida ni medicamentos, los desalojaron y encima sus hijos están desocupados”. En todos los casos la Defensoría realiza el pedido de pensión a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, pero muchos reclamos son denegados por motivos que van desde la posesión de vivienda propia hasta el vínculo con hijos “en edad de trabajar”.
Otra de las barreras para ingresar al nuevo plan es el piso de 70 años, requisito que ya estaba vigente para acceder a las pensiones por vejez que regían anteriormente. Fuentes cercanas a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, afirmaron a Cash que “ésos son los casos más urgentes”. La urgencia es discutible, pues al fijar como condición tener 70 años como mínimo cerca de 600 mil personas sin cobertura quedan automáticamente fuera de carrera sólo por tener entre 65 y 69 años, independientemente de los bienes que posean o de la ayuda que puedan llegar a tener de familiares cercanos. El piso también resulta alto si se toma en cuenta que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la expectativa de vida en Argentina es de 73,2 años. Además, en países limítrofes como Chile y Uruguay las pensiones no contributivas a la vejez se otorgan desde los 65 años con un porcentaje de cobertura prácticamente universal.
Para Jorge San Martino, ex secretario de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el requisito de 70 años se justifica para “no generar desincentivos a la cotización”. Bajo este supuesto los trabajadores activos seguirían aportando por el temor que les genera la posibilidad de quedar excluidos en el futuro. Gerardo Gentile, experto en temas previsionales, cuestionó ante Cash ese argumento al señalar que “eso supone que los trabajadores no aportan porque no quieren, cuando en realidad se ven forzados a hacerlo por el aumento de la desocupación y el trabajo en negro”.
Frente al creciente número de mayores excluidos, lo que resulta claro es que para resolver esta cuestión no alcanza con corregir las distorsiones del sistema previsional. Una propuesta de protección social que incluya a todos los hombres mayores de 65 años deberá considerar un criterio de servicio en lugar de cotizaciones monetarias, redefiniendo el tradicional vínculo contributivo instaurado por Bismark en Alemania a fines del siglo XIX. Así lo hizo el gobierno brasileño cuando creyó necesario otorgar siete millones de pensiones a los trabajadores rurales que no podían acreditar aportes. Si se asume que todos los ancianos alguna vez trabajaron, habrá que garantizar los recursos para otorgarles un beneficio universal que no restrinja la ayuda sólo a quienes combinan los mayores grados de pobreza y vejez. Ese será el desafío que deberá afrontar el gobierno de Kirchner para incluir a los mayores que quedaron desamparados.