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La frecuencia de los colectivos se ha espaciado. Menos unidades obliga a tener más paciencia en la parada. La caravana de taxis a paso lento se muestra para tentar. Erguidos, con la mirada perdida, los pasajeros no caen seducidos. Hasta que un tachero, cansado de dar vueltas sin sentido, baja y encara al primero de la fila. “Por 2 pesos te llevo adonde quieras”, propone. Sorprendido, al principio duda, recuerda como un flash la mafia de los taxis, pero al final, confiando simplemente en la voz desesperada de esa oferta, se sube. “Hasta Retiro”, indica, trayecto que con reloj tiene un costo no menor a 8 pesos. En el viaje, el conductor cuenta su historia, postales que exhiben en forma dramática el derrumbe de sueños de clase media, proyectos triturados por una crisis que los ha arrojado a un territorio que les era ajeno. El de la pobreza.
Resulta, en algún sentido, sorprendente cómo el mundo de la política e incluso de la política económica transita un carril tan lejano de lo que está pasando en la sociedad. No es un comportamiento inusual, lo que sucede es que en períodos de bonanzas o de tormentas pasajeras esa disociación pasa en cierta medida inadvertida. Pero ante semejante crisis de deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, la inacción en el objetivo de amortiguar los costos del colapso productivo y financiero se convierte en una irresponsabilidad mayúscula.
Puede parecer ingenuo y hasta voluntarista no entender que ante la destrucción acelerada de contratos y lazos sociales se defina una agenda de gestión de gobierno tan alejada de la emergencia de una economía paralizada. Modificar las leyes de Subversión Económica y Quiebras y resolver el corralito y el polémico CER, los cuatro temas planteados por Roberto Lavagna como prioridades, reconoce esa postura de privilegiar lo accesorio sobre lo urgente. Sin minimizar la estafa padecida por los ahorristas y la angustia de los deudores, que esas dos cuestiones sean las que dominen y condicionen la elaboración de una política de reconstrucción es, como dicen, poner el carro delante del caballo.
Resulta evidente que es necesario resolver el problema del corralito. Lo incomprensible es que todavía en cinco meses de la creación de ese engendro no se haya puesto punto final a esa defraudación. Durante ese período se evaluaron varias alternativas pero ninguna implementada. Y la que finalmente se instrumentará, un Plan Bonex II casi igual al ideado originalmente por Jorge Remes Lenicov, no terminará con el problema. Ante la dinámica que ha asumido esta crisis financiera, una solución que podía ser viable hace un par de semanas ahora ya no lo es. Los bancos son cada vez más débiles, el Banco Central tiene cada vez menos reservas y la cotización del dólar cada vez está más alta.
El Bonex II terminará siendo un parche, que solamente ayudará a una más ordenada autoliquidación del sistema financiero. Sin definir de antemano qué mercado de bancos se aspira, con más o menos participación de extranjeros, con banca pública o privatizada, con banca de inversión separada de la transaccional, el Bonex II condenará a la economía a la parálisis. Lo que se necesita es definir un proyecto de sistema financiero, cualquiera que sea, pero al menos uno. El actual está muerto, o sea quebrado, y el Bonex II hace ese destino ineludible menos traumático.
Para que una economía capitalista funcione, bien o mal pero moviéndose al fin, se requiere de un sistema financiero. Sirve imaginarse una organización económica sin estaciones de servicio ni abastecimiento de combustible debido a una catástrofe indeterminada. Dejaría de funcionar el transporte, no habría energía eléctrica, los alimentos no llegarían a los centros urbanos y otras carencias más. El país estaría parado, como ahora. Ni los taxis marcharían en caravana.